La responsable de una inmobiliaria de Mallorca, acusada de estafar a clientes con la venta de inmuebles

La responsable de una inmobiliaria de la zona del Llevant de la isla se enfrenta a una petición de condena de la fiscalía de seis años de prisión por estafar a clientes con la venta de inmuebles. La acusada, Mónica T., de 54 años y origen alemán, se encuentra en ignorado paradero desde hace tiempo. En este último mes, debía comparecer en la Audiencia Provincial de Baleares en dos ocasiones debido a dos procedimientos distintos por estafas inmobiliarias, pero no se presentó ante el tribunal. Las vistas orales contra ella no se pudieron celebrar. Su entorno no ha podido precisar si se encuentra en España.

Mónica T. actuaba como titular de la empresa Mallorca Sun Dreams SL, sociedad constituida a principios de 2014, dedicada a la promoción inmobiliaria. La mercantil, domiciliada en Sant Llorenç des Cardassar, no tiene actividad desde hace unos años. Según el Registro Mercantil de Baleares, consta el cierre provisional de la entidad desde 2018.

La sospechosa presuntamente se hacía con entregas de dinero de sus clientes en operaciones de compraventa de propiedades fallidas. En una ocasión, consiguió que una víctima pagara 26.500 euros en concepto de arras por una finca rústica en los alrededores de Artà tras ocultarle que tenía una orden de derribo por unas obras ilegales realizadas anteriormente por la antigua propietaria, según la versión del ministerio público.

Otra vez consiguió que un potencial comprador, un ciudadano alemán, le abonara 16.400 euros tras firmar un contrato de opción de compra para reservar un céntrico apartamento en una calle peatonal de Cala Millor, muy cerca del mar. El germano se quedó sin el piso y sin su dinero, ya que la intermediaria no había informado previamente a las dueñas del inmueble sobre la venta del mismo, según la fiscalía.

Una de las presuntas estafas inmobiliarias se gestó a principios de 2016. Según se desprende del escrito de acusación del ministerio público, la encausada, junto a su madre y a la propietaria de una finca rústica de Artà, en marzo de 2016 supuestamente se concertaron con “ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito” y convencieron a una ciudadana extranjera para que pagara 26.500 euros en concepto de arras por la venta de una finca rústica situada en una parcela a las afueras de Artà, sobre la cual se había interesado la mujer.

Para lograr su propósito, una de las piezas claves habría sido Mónica T., ya que presuntamente actuaba como intermediaria y titular de la empresa inmobiliaria Mallorca Sun Dreams SL. Tal como le indicaron las otras dos sospechosas, la responsable del negocio inmobiliario omitió a la perjudicada que la finca rústica que iba a comprar tenía una orden de derribo por unas obras ilegales que había realizado su propietaria con anterioridad a la venta, según la tesis del fiscal. Así, le aseguró que la propiedad estaba libre de cargas y fijó un precio de venta de 265.000 euros.

Contrato de opción de compra

La clienta, creyendo en la buena fe de las acusadas, firmó un contrato de opción de compra por el que se comprometía a pagar antes del 31 de marzo de 2016 la cantidad de 26.500 euros, el 10% del precio de la finca. La mujer abonó el dinero en la cuenta bancaria titularidad de la madre de Mónica T., según la acusación pública.

Una vez recibida la transferencia, las tres acusadas incorporaron este importe a su patrimonio de forma definitiva. Se repartieron el dinero de forma que la antigua propietaria de la finca le correspondieron 11.500 euros y los otros 15.000 euros restantes fueron distribuidos entre madre e hija.

Después de comprobar la ilegalidad de las obras ejecutadas en la finca rústica de Artà, la ciudadana perjudicada requirió de todas formas a las encausadas para que se personaran en una notaría de Manacor el 31 de mayo de 2016, al mediodía, para la firma de la correspondiente escritura, pero las tres sospechosas ya tenían el dinero en su poder y no se presentaron a la firma.

La fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de estafa y reclama a cada una de las acusadas una pena de tres años de cárcel y que indemnicen a la víctima con 26.500 euros por los perjuicios causados.

Apartamento en Cala Millor

La responsable de la inmobiliaria afronta otra causa judicial similar. Al poco tiempo de empezar a regentar el negocio, en 2014 un compatriota germano contactó con ella, ya que estaba interesado en comprar un inmueble en Mallorca. Ese verano, la sospechosa le enseñó dos inmuebles, uno de ellos un apartamento en Cala Millor, (Son Servera). El piso, que pertenecía a dos mujeres, valía 90.000 euros.

Cuando el cliente regresó a Alemania, la acusada le dijo que la vendedora había hecho una oferta de 64.000 euros por el inmueble y le adjuntó un borrador de contrato de opción de compra. El hombre lo firmó y se lo devolvió. La mujer le dijo que tenía que pagar a cuenta el 10% por el piso. El perjudicado hizo una transferencia de 6.400 euros en julio de 2014. En septiembre le exigió otros 10.000 euros y él realizó otra transferencia.

En octubre de 2014 quedaron para la venta del inmueble. Un día antes, ella le exigió un pago extra de 15.000 euros, que él no efectuó. Según la fiscalía, la encausada se quedó los 16.400 euros y la venta no prosperó porque las propietarias no sabían nada de la operación. Por estos hechos, Mónica T. se enfrenta a otros tres años de prisión y una multa por estafa, además de una indemnización de 16.400 euros al afectado.

Suscríbete para seguir leyendo