Gálvez, el funcionario ascendido por el Govern que fue condenado por corrupción: un "arrepentido" del PP que pretendió que Matas terminara en prisión

De la misma manera que tuvo un ascenso meteórico en la administración autonómica, gracias a su militancia en las Nuevas Juventudes del PP, también sufrió una caída en picado que le terminó llevando a la cárcel. Juan Francisco Gálvez, el nuevo jefe del departamento de Servicios Sociales del actual Govern, fue uno de los personajes más destacados, sino el que más, del escándalo del denominado caso Turisme Jove. Fue uno de los primeros casos de corrupción que se descubrieron tras la pérdida del poder de Jaume Matas en las elecciones del año 2007.

Turisme Jove era uno de los proyectos que se impulsaron desde el Ejecutivo para coordinar todas las iniciativas que se organizaban para los jóvenes. Pero detrás de este proyecto se cometieron una serie de delitos muy graves, como el desvío de fondos públicos, que llevaron a la cúpula de esta fundación a la cárcel. Gálvez fue, sin duda, uno de los nuevos “cachorros” del PP más destacados y gracias a ello fue nombrado director general del área de Juventud. Para acceder a este cargo de responsabilidad política tuvo que solicitar una excedencia porque antes había obtenido una plaza de administrativo en la administración autonómica.

Gálvez fue implicado en el desvío de una partida de 120 mil euros, que se justificaron a través de facturas falsas, que benefició a un antiguo concejal del PP de Calvià, Jesús García Oreo. Esta persona había demandado al Govern por la pérdida de la explotación del albergue de la Victòria, en Alcúdia. Aunque había demandado al Ejecutivo ante los tribunales, no le hizo falta esperar el pronunciamiento de los jueces. Alcanzó un acuerdo con el Govern, que consistió en que aceptaba pagarle los 120 mil euros que exigía de compensación por la pérdida de esta explotación.

Esta operación de malversación la autorizó Juan Francisco Gálvez, como director general de Juventud, según él mismo confesó ante el tribunal de la Audiencia que le condenó a tres años de cárcel y al que inhabilitó como funcionario público durante 10 años. Se pagaron facturas falsas que justificaron el viaje de un grupo de jóvenes de las islas a albergues de Portugal y Francia, que nunca se realizó. Las facturas se pagaron y el dinero llegó a los bolsillos del exconcejal del PP de Calvià, que a cambio retiró la demanda contra el Govern de Jaume Matas.

La fiscalía de Palma solicitó inicialmente una pena de doce años de cárcel contra Juan Francisco Gálvez. La contundencia de esta propuesta hizo que el exalto cargo del Govern se planteara la posibilidad de llegar a un acuerdo con la acusación. Aunque desde el principio negó los hechos, al acercarse la fecha del juicio se mostró dispuesto a reconocerlos. Y gracias a ello llegó a un acuerdo con la fiscalía: tres años de cárcel y su inhabilitación de 10 años como funcionario, lo que le suponía su expulsión como trabajador público.

Sin embargo, Gálvez quiso morir matando. Y pocos días antes del juicio presentó un escrito en el juzgado de guardia que implicaba directamente en la operación de malversación a Jaume Matas. Dijo que presenció, durante una paella que organizó el PP de Calvià, una larga conversación entre Matas y el concejal García Oreo, donde supuestamente le planteó el conflicto que mantenía con el Govern por la pérdida del albergue. Y suponía que a raíz de esta reunión, él recibió la orden de pagar estas facturas falsas, llegando a la conclusión de que se trataba de la forma con la que se compensó al exconcejal del PP. Aseguró que la orden de pago la había tomado Jaume Matas a raíz de esta conversación que él había presenciado.

Esta confesión no fue acompañada de una sola prueba, salvo su propia declaración como testigo de este supuesto encuentro. Incluso sus compañeros, que también se vieron salpicados con el escándalo del caso Turisme Jove, le desmintieron. El único que se la creyó fue el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, que entendió que la versión del exalto cargo del PP era cierta y suficiente para llevar a juicio de nuevo a Jaume Matas.

Fue el único juicio que afrontó el expresident del Govern en el que no existía una sola prueba contra él, por mucho que lo intentó el fiscal, pero lo cierto es que la confesión de Gálvez provocó que Matas tuviera que defenderse de una grave acusación por la que le reclamaban cinco años de cárcel. El tribunal de la Audiencia, como parecía lógico, dictó una sentencia absolutaria contra Matas, porque no había una sola prueba que le implicara en la malversación de este dinero público. Los jueces no se creyeron la declaración a la desesperada que había realizado Juan Francisco Gálvez pocas horas antes de enfrentarse al juicio por corrupción que finalmente le llevó a cumplir tres años de prisión.

Ha pasado mucho tiempo desde que se cometieron los hechos y desde que Gálvez cumpliera la pena de prisión. El periodo de inhabilitación ya se ha cumplido y Gálvez ha aprobado unas nuevas oposiciones como funcionario en la administración balear. Pero todavía son muchos los que no entienden que, pese a los hechos tan graves que cometió, el Govern actual le nombre jefe de departamento de Asuntos Sociales en una consellería que está a cargo de Sandra Fernández, quien conoce muy bien a Gálvez porque ambos formaban parte de las Nuevas Generaciones del PP.

Aunque Gálvez alcanzó un acuerdo con el fiscal para aceptar cumplir tres años de cárcel, en una maniobra desesperada para evitar entrar en prisión, llegó a solicitar un indulto al Gobierno, que le fue denegado.

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