El notario José Antonio Carbonell entra en la Academia de Jurisprudencia de Baleares

El notario de Palma, José Antonio Carbonell, es desde ayer el nuevo jurista de reconocido prestigio que entra a formar parte de la Academia de la Jurisprudencia de Baleares. Su nombramiento se realizó, precisamente, en la sede del Colegio de Notario de Baleares, en un acto solemne que contó con un amplio público. El acto lo presidió la catedrática Pilar Ferrer, que explicó que Carbonell sustituye al también notario, fallecido hace pocos meses, Eduardo Martínez Piñeiro. Su integración en la Academia es vitalicia.

Como suele producirse en todos estos actos, el candidato a entrar en la Academia debe presentar una exposición sobre un determinado tema jurídico, a su propia elección, que después recibe la contestación de otro académico, que en esta ocasión fue el catedrático Miguel Coca.

Carbonell explicó un tema que está directamente relacionado con su actuación profesional: “la reforma en el tratamiento de las personas con discapacidad, el análisis desde la perspectiva de un notario”. En su exposición incidió en la dificultad que representa, por un lado, valorar la capacidad que tiene una persona que sufre una discapacidad y, por otro, convertir al notario en el defensor de los derechos que le asisten. Carbonell señaló que la modificación legal, aprobada hace cuatro años, se basa en los principios que se alcanzaron en una cumbre que se celebró el año 2005 en Nueva York. Los países fueron acoplando los principios que se acordaron en esta cumbre a sus respectivas normativas. El nuevo integrante de la Academia señaló que esta normativa, entre otras cosas, pretende conseguir una transformación de la opinión social sobre la figura del discapacitado. Por ello consideró necesario que las personas, en especial los notarios, actúen con empatía ante un discapacitado, que no es más que mostrar la habilidad de responder a los sentimientos de otras personas. “Sin empatía no se puede comprender y entender a un discapacitado”.

Como notario señaló su amplia experiencia a la hora de valorar si una persona tiene la suficiente capacidad, o no, para firmar una escritura y detalló las numerosas fórmulas legales que existen en el ordenamiento para proteger a los discapacitados, a través de las ayudas de otras personas. Carbonell defendió que todas las personas deben tomar sus propias decisiones, sin una influencia externa y que estas decisiones deben ser siempre respetadas. Y, por lo tanto, solo en determinados casos muy concretos el notario debe acordar que una persona ha perdido su capacidad para tomar decisiones y actuar en consecuencia. Detalló que es habitual que un padre ya mayor, que acude a la notaría para ceder un poder, tema que su familia pueda abusar de su condición de discapacitado. Por ello, es muy importante, según Carbonell, que el notario pueda explicar con claridad a esta personas los derechos les asisten, aunque vayan perdiendo facultades a consecuencia de la edad.

También explicó que, salvo excepciones muy concretas, el discapacitado está asistido de todos sus derechos como ciudadano, por lo que el notario tiene la obligación legal de cumplir su deseos. Detalló que para determinar la capacidad la persona enferma debe responder a un mínimo cuestionario, como por ejemplo identificar su nombre, su fecha de nacimiento o la identidad de su mujer. “Si no responde a estas preguntas básicas está claro que ya no tiene capacidad y a partir de este momento hay que abrir un proceso de discapacidad”, explicó Carbonell.

El jurista fue muy crítico con la actuación de algunas notarias de la isla, que se han negado a firmar poderes. Se refirió al caso de una mujer que había sufrido un accidente vascular, que le había afectado al habla y que pretendía cederle un poder notarial a su esposo. Sin embargo, el notario se negó a firmarlo porque la mujer no podía hablar. Carbonell señaló que, aunque una persona no pueda expresarse con el habla, pero sí con los movimientos de la mano o de la cabeza, es más que suficiente para que el notario cumpla con el deseo de esta persona, aunque sufra una discapacidad.

Sobre los apoyos de otras personas sobre los discapacitados, cuyas funciones quedan reflejadas en un documento notarial, el jurista incidió en que el notario debe evitar el abuso y el conflicto de intereses. Y explicó que antes de acordar estas medidas de apoyo se suelen realizar varias reuniones con las personas implicadas en este proceso y una de ellas debe ser a sola con el discapacitado para comprobar que tiene sus facultades mentales íntegras y que se está cumpliendo con su deseo. El notario Carbonell alabó el proceso para cambiar la imagen que se pretende conseguir al definir a una persona que está perdiendo sus facultades, bien sean mentales o físicas. “Antes se les denominaba subnormales, después incapaces, pero a partir de la reforma se les denomina discapacitados”.

Sin embargo, el catedrático de Derecho, Miguel Coca, no se mostró tan entusiasmado como el notario sobre las ventajas de esta reforma normativa. Sostuvo que la ley afecta, no tanto a los discapacitados, que ya venían disfrutando de unas leyes de protección, sino sobre todo a los notarios. Afirmó que se otorga a estos profesionales una “carga peligrosa que pueda provocar problemas complicados”. Coca se quejó de que la normativa que nacía de la convención de Nueva York no realiza una definición clara de la discapacidad, recordando que es un proceso que sufre una persona que puede ir evolucionando en el tiempo. “Si todas las personas tienen el derecho a ejercer su capacidad jurídica, ¿porqué los llamamos discapacitados?”, se preguntó Coca, que también planteó la razón por la que se considera que “el término incapaz es irrespetuoso y en cambio el de discapacitado no lo es”. El jurista no se mostró a favor de que la discapacidad se trate como un derecho.