El TS absuelve a dos condenados por la estafa en la venta de los apartamentos Espigol Beach de Can Picafort
Fachada del Tribunal Supremo. / Alberto Ortega - Europa Press
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a dos condenados por la estafa en la venta fraudulenta en los apartamentos Espigol Beach de Can Picafort.
El Alto Tribunal ha estimado así el recurso de casación de la defensa y ha anulado la condena a cuatro años de prisión que en septiembre de 2022 les impuso la Audiencia Provincial. Al inicio del juicio, tres de los acusados reconocieron los hechos y pactaron acuerdos con las acusaciones.
En la sentencia, consultada por Europa Press, el TS considera que no existe rastro probatorio que permita atribuirles participación en el engaño que sufrieron los compradores, ni contacto alguno entre ellos y los perjudicados, que en el juicio declararon, además, haber tratado únicamente con otros acusados.
La Sala reprocha a la Audiencia Provincial haber construido su relato "de espaldas a la prueba documental" y basarse "casi exclusivamente" en la declaración de los coimputados que habían alcanzado acuerdos de conformidad con el Ministerio Fiscal, lo que exige, según el Supremo, una "prudencia reforzada" en su valoración.
Además, señala que la operación esencial que se presentó como prueba incriminatoria, la venta de las acciones de la sociedad Espigol Beach, realizada por los recurrentes en noviembre de 2004, no permite deducir un plan concertado para cometer posteriormente la estafa, máxime cuando las ventas fraudulentas se articularon después de que la sociedad quedase bajo control de otro acusado.
Cabe recordar que estaban acusados de vender entre 2004 y 2005 dependencias de un antiguo apartahotel como viviendas residenciales y de ocultar que los apartamentos estaban destinados a explotación turística, con lo cual las viviendas quedaban fuera de la ordenación urbanística y, en consecuencia, carecían de cédula de habitabilidad para gestionar los diferentes suministros de agua y luz. Todo esto hacía que los compradores no pudiesen habitar, alquilar o vender estos apartamentos.
Los recurrentes, además de la pena de prisión, fueron condenados a satisfacer indemnizaciones que sumaban 1,2 millones de euros.
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