La mallorquina Reyes Rigo y otros cuatro miembros de la flotilla Global Sumud presentan una querella ante la Audiencia Nacional contra altos cargos israelíes

Reyes Rigo, una de las mallorquinas que viajó rumbo a Gaza el pasado agosto en la flotilla humanitaria, ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional junto a otros cinco españoles que integraron la Global Sumud, denunciando a altos cargos israelíes por la detención ilegal de la embarcación el mes de octubre. El juez ha incoado diligencias previas y dado traslado a la Fiscalía respecto a esta querella, interpuesta particularmente por Alicia Armesto, Néstor Prieto, Manuel García Morales y Juan Carlos de la Rubia, a demás de la ya citada Reyes Rigo.

Rigo, junto a Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, fue una de las mallorquinas que se embarcó hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo de ayuda humanitaria en la región. En octubre, antes de cumplir con ese objetivo, la embarcación fue interceptada y sus miembros detenidos a manos de las fuerzas israelíes.

La activista fue la última integrante española de la embarcación en ser deportada de vuelta a España, siendo retenida durante diez días al ser acusada de morder a un funcionario de la prisión israelí durante su encarcelamiento, hecho que Rigo negó. Finalmente, fue absuelta y pudo viajar de vuelta a Mallorca junto a sus compañeras Lucía Muñoz y Alejandra Martínez.

En su momento, Rigo ya denunció que la intercepción de la flotilla fue una operación 'violenta y completamente ilegal' . Ahora ha formalizado su denuncia delante de la justicia española.

Altos cargos israelíes

IU y el Partido Comunista de España (PCE) han sido los que han dirigido esta querella, en contra del “ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, del que depende el Servicio Penitenciario de Israel (SPI); Ramatcal Eyal Zamires comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes; Ram Rotberg, almirante y comandante de las Fuerzas Navales de Israel, máximo responsable de las tropas que asaltaron los barcos”. A estos tres se les suma “Yosef Knipes, máxima autoridad de la prisión de Ketziot, el general de brigada del sistema penitenciario de Israel responsable no solo de las comisiones de delitos de torturas sistematizadas durante la detención ilegal, sino de la ausencia de investigación alguna”.

Los demandantes pedían investigar posibles delitos de piratería, detención ilegal, tortura y delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado en la interceptación, arresto y deportación de centenares de activistas de la Sumud Flotilla.

Los miembros de la flotilla, ‘embarcados en diferentes embarcaciones con el objetivo de suministrar ayuda humanitaria a la población de Gaza’, también han denunciado que con anterioridad al conocido asalto a la flotilla, ‘diversas embarcaciones sufrieron al menos dos ataques de índole militar contra estas, en concreto ataques con drones consistente en lanzamiento de proyectiles, material incendiario, bombas aturdidoras y material químico, en concreto los días 8 y 9 de septiembre de 2025 en el puerto de Sidi Bou Said (Túnez) y el 24 de septiembre 2025 en las aguas de la isla griega de Creta’ .

Según el comunicado, los/as cinco querellantes hacen un pormenorizado relato en primera persona de los hechos ocurridos durante la travesía, los sucesivos ataques y los días que permanecieron ilegalmente retenidas por las autoridades del régimen israelí.

La segunda querella recibida

Esta querella se suma a la ya interpuesta por Izquierda Unida y el Partido Comunista, dirigida también contra altos cargos civiles y militares de Israel por interceptar la flotilla que navegaba rumbo a Gaza y detener a sus integrantes.

IU y el PCE denunciaron "acciones criminales" por parte de dirigentes israelíes después de la detención y la deportación de los casi 500 activistas de la flotilla Global Sumud, entre los que viajaban más de 50 españoles. A su llegada a España, los activistas españoles denunciaron maltratos durante su detención.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ya ha abierto diligencias previas tras la querella interpuesta por Izquierda Unida y el Partido Comunista. En un auto dictado el pasado 17 de noviembre, al que ha tenido acceso EFE este lunes, el magistrado pide que la Fiscalía se pronuncie acerca de si debe admitir la querella y sobre si proceden las diligencias de investigación solicitadas.