Competencia denuncia que el decreto del Govern que regula el alquiler de barcos es ilegal

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, una institución pública que depende del ministerio de Hacienda, se ha posicionado en contra del decreto del Govern, que regulala actividad de los barcos chárter que actúan en Baleares. Se trata de una normativa que el Ejecutivo balear aprobó el año pasado, en la que imponía una serie de limitaciones a esta actividad económica relacionada con la actividad náutica. Sin embargo, este decreto no ha pasado el filtro de la institución que vigila la competencia, que insta al Govern a que en un plazo de dos meses modifique esta normativa, ya que de lo contrario se presentará una demanda administrativa frente a los tribunales, para que se consigue la nulidad de dicha regulación autonómica. La institución afirma que el decreto supone “un obstáculo a la competencia efectiva en el mercado de Baleares” y, por lo tanto, es ilegal. Esta advertencia se convierte en un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y el Ejecutivo de las islas.

Este decreto entró en vigor el pasado mes de agosto, en plena temporada y se aprobó bajo la excusa de que se debía atacar la oferta ilegal de este negocio náutico.

Dos son las medidas que desde la patronal que representa a estas empresas de alquiler chárter más se han cuestionado. La primera es que se prohíbe la venta de tickets individuales y se obliga a que un único cliente alquile la totalidad de la embarcación para disfrutar de ella durante un determinado número de días. La otra es que el Govern obliga a las propietarias de estas embarcaciones a disponer de un amarre en propiedad, pese a que se trata de barcos que navegan por todas las islas y amarran en diferentes puertos.

La asociación Apanib, que representa a la mayor parte del sector, es la que acudió a la Comisión de la Competencia en busca de ayuda, porque interpretó que este decreto ya aprobado suponía la ruina de la actividad económica.

Ayer, bajo la representación de Pimem, el presidente y el vicepresidente de dicha patronal, Alvaro Aguirre y Alex Mestre, fueron muy críticos con la medida acordada por el Ejecutivo balear y anunciaron que si no se modifica el 70 por ciento de las empresas están condenadas a la desaparición, porque no podrán cumplir con las exigencias del decreto. Un cierre que supondría, solo para la próxima temporada, unas pérdidas de alrededor de un millón de euros.

Un letrado de la institución que protege la competencia ha analizado en profundidad el decreto aprobado por el Ejecutivo balear. En el informe señala que la prohibición de un alquiler parcial, o mediante tiquets individuales para disfrutar de uno de estos barcos de alquiler, “restringe el ejercicio de la actividad económica, eliminando un modelo de negocio que existía previamente en el mercado balear y que es habitual en el conjunto del literal español”. Esta limitación en la comercialización solo se aplica en Baleares, por lo que se considera una “restricción a la libertad empresarial y a la capacidad de elección de los consumidores quienes, además, tendrán que pagar un precio superior por el servicio, al no poder compartir el barco”.

El Govern justificó la aplicación urgente de este decreto para evitar el impacto medio ambiental que producía esa actividad náutica y, por lo tanto, era necesaria regularla. Sin embargo, la Comisión defiende que este supuesto daño no depende del método de contratación de un barco de alquiler. Y se le recuerda que siempre es mejor llenar un barco de tripulantes, en lugar de que sean varias las embarcaciones que zarpen con pocas personas a bordo, para realizar el mismo trayecto turístico, ya que en este último caso la posibilidad de contaminar es mayor. “La prohibición absoluta (de vender tiquets individuales) es manifiestamente innecesaria, ya que existen alternativas regulatorias mucho menos restrictivas para la libertad de empresa que permitirían alcanzar los mismos objetivos de forma más eficaz”, se indica en el informe que se ha remitido al Govern. Y se le recuerda que existen otros mecanismos de control de estas embarcaciones, como podría ser un mayor número de inspecciones, que no pondrían en peligro la libre competencia.

La misma interpretación realiza la Comisión sobre otras restricciones, porque se considera que no tiene ningún sentido que se prohíban en Baleares, mientras que en otras comunidades no se aplican estas órdenes.