Marga Prohens: "Baleares tiene que priorizar la vivienda para los residentes"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha defendido en el Foro España 360 organizado por Prensa Ibérica un replanteamiento "profundo y urgente" de las políticas de vivienda en un contexto que califica de "emergencia habitacional sin precedentes" en las islas. Durante su intervención, la líder balear ha situado el problema de la vivienda como el principal reto estructural de la comunidad.

Prohens ha desgranado las reformas impulsadas por su Govern, empezando por la aprobación del Decreto de Emergencia Habitacional, que introduce la figura de la vivienda a precio limitado (VPL). Estas viviendas, de promoción privada pero con protección permanente, deben salir al mercado un 30% por debajo del precio medio, una medida destinada a frenar la especulación y garantizar el acceso de familias con ingresos medios, asegura la presidenta.

La dirigente balear defiende la necesidad de combinar recursos públicos y privados, dado que el déficit estimado de vivienda —entre 40.000 y 50.000 unidades— "no puede abordarse solo desde lo público". Además de la nueva figura de VPL, el decreto permite incrementar edificabilidad en determinados entornos, favorecer la división horizontal y reconvertir locales comerciales en viviendas. En Palma, afirma, esta medida ya ha permitido activar la creación de más de 300 hogares en espacios que habían perdido atractivo comercial.

Acceso restringido a residentes

Uno de los pilares de la estrategia del Govern es la priorización de los residentes de larga duración. Prohens rechaza frontalmente la idea de prohibir la compra de vivienda a no residentes y lo califica de "poco pragmático" e "inviable" dentro del marco jurídico europeo. En su lugar, el Govern ha endurecido los requisitos de acceso a una vivienda.

Prohens justifica estas exigencias en dos factores: la "fuerte presión inmigratoria", que tensiona servicios públicos y cohesión social, y la creciente competencia de compradores no residentes. Según asegura, Baleares tiene actualmente 7.000 viviendas VPL en distintas fases de tramitación y 900 nuevas VPO iniciadas en esta legislatura, lo que supone un incremento del 70% del parque público.

Rebajas fiscales y apoyo a los jóvenes

La presidenta destaca la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para los jóvenes que compran su primera vivienda. Hasta ahora, 2.000 jóvenes se han beneficiado de esta medida, con un ahorro medio de 15.000 a 20.000 euros. También se ha reducido el ITP del 4% al 2% para familias numerosas, una iniciativa que ya ha permitido a 3.000 familias acceder a una vivienda.

Sobre la hipoteca joven, Prohens explcia que el Govern actualizó los límites de precio y amplió la edad de acceso hasta los 40 años, facilitando que 600 jóvenes hayan podido comprar una vivienda en los últimos dos años. "En nuestro ADN está la vivienda en propiedad, como lo estuvo en el de nuestros padres y abuelos", afirma.

Desbloqueo de suelo urbano

El problema del suelo, insiste, es especialmente complejo en un territorio insular y protegido. Por ello, el Govern ha puesto en marcha la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, que reduce los plazos de desarrollo urbanístico de entre 10 y 15 años a 18 meses. La ley obliga a que el 50% del suelo desarrollado se destine a VPO o VPL. En el caso de las llamadas áreas de transición, el porcentaje se eleva al 100%, lo que Prohens califica como "el mayor nivel de protección de España".

La presidenta insiste en que la ley no recalifica "ni un palmo de suelo rústico" y que las áreas de transición ya estaban recogidas en el planeamiento previo, incluido el Plan General de Palma aprobado por un gobierno de izquierdas. El objetivo, defiende, es adaptar los desarrollos previstos "para dentro de 15 o 20 años" a la emergencia actual, generando más de 20.000 viviendas protegidas destinadas exclusivamente a residentes, jóvenes y trabajadores en situación vulnerable.

Críticas a la Ley Estatal de Vivienda

En materia de alquiler, Prohens destaca el funcionamiento del programa de alquiler seguro, que exige precios un 30% inferiores al mercado y garantiza al propietario el cobro, incluso permitiendo pagar por adelantado los siete años de contrato. Sin embargo, reconoce que "hay mucho miedo" entre los propietarios pese a las garantías públicas.

La presidenta vincula ese temor al fenómeno de la ocupación y a la "falta de seguridad jurídica" derivadade la actual Ley Estatal de Vivienda. Sostiene que la normativa permite que un inquilino pueda declararse vulnerable y dificultar enormemente la recuperación de la propiedad, lo que retrae oferta y alimenta la escasez. Por ello, reclama una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos orientada a proteger la propiedad privada y dar incentivos al alquiler estable.

El modelo catalán

Prohens ha dedicado parte de su intervención a criticar la limitación de precios del alquiler aplicada en Cataluña y defendida por los partidos de izquierdas en Baleares. Ha citado datos del catedrático Sergio Nasarre, de la cátedra UNESCO de vivienda, según los cuales en Cataluña la oferta ha caído un 20% y han desaparecido promociones de VPL y proyectos build to rent. Asegura que en Barcelona "no hay grúas" y que la inversión en vivienda plurifamiliar se ha paralizado.

También alerta del "efecto rebote" que, según expertos, se producirá cuando el Tribunal Constitucional limite a tres años la vigencia del control de precios. "Si funcionara, si viera que funciona, si no viera que se retrae la oferta, la aplicaría", señala, pero reitera que no replicará recetas que, en su opinión, "han fracasado".