Una funcionaria ratifica su denuncia contra una superior por acoso laboral en el Govern balear

Una funcionaria ratificó ayer su denuncia contra una superior ante una jueza de Palma por un presunto caso de acoso laboral que se prolongó durante varios años en el Govern. La perjudicada confirmó que sufrió episodios de hostigamiento, seguimiento, que no le daban trabajo y la ignoraban y otras veces le encomendaban tareas que no eran las propias de su puesto de trabajo y todo ello era conocido por sus superiores.

La denunciante, además de acusar a su jefa de la situación de acoso constante, también culpó a otros empleados públicos, altos cargos y a los exconsellers Mercedes Garrido (PSIB) y Juan Pedro Yllanes (Podemos) de supuestamente tapar el caso, no facilitarle información y no haber hecho nada para protegerla.

Precisamente, tanto la exconsellera de Presidencia, Mercedes Garrido, como el antiguo vicepresidente autonómico y exconseller de Transición Ecológica y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, habían sido citados en un primer momento para declarar ayer en calidad de investigados, junto al resto de sospechosos, pero su comparecencia se suspendió y ayer fue el turno de la denunciante, que acudió a la sede judicial de Vía Alemania.

En total son ocho personas denunciadas. Ayer por la mañana, la funcionaria perjudicada implicó a todas ellas durante su extensa declaración ante la magistrada del juzgado de instrucción número 2 de Palma, encargada de investigar el caso. Su comparecencia judicial duró cerca de dos horas.

En el procedimiento penal se investiga, además del presunto caso de acoso laboral, los supuestos delitos de falsedad documental, infidelidad de custodia de documentos, prevaricación por omisión y revelación de secretos.

Documentación

Las partes personadas y la magistrada pidieron a la denunciante que aporte documentación sobre los hechos que denuncia. Según su versión, la situación de mobbing que sufrió se prolongó durante varios años en el Govern. El acoso se habría iniciado a partir de 2015 cuando su entonces jefa de departamento no le daba trabajo o le encargaba tareas con un programa informático sin haber recibido ningún tipo de formación previa, por lo que resultaba imposible poder realizarlas. El hostigamiento continuó en años posteriores, padeciendo comentarios inapropiados en su puesto de trabajo, burlas, llegando a encomendarle hacer fotocopias o trabajos que no le correspondían, según su tesis.

La mujer confirmó ayer, que cuando denunció lo ocurrido, las personas que tenían que velar por su protección, encubrieron el caso y no activaron los protocolos correspondientes. Según su versión, no recabaron lo sucedido y se paralizó su denuncia por acoso laboral para dejar prescribir los hechos en vía administrativa. También se quejó de la opacidad en la tramitación administrativa, no permitiéndole acceder a su expediente, así como de irregularidades en la documentación como firmas que no correspondían, manipulación de documentos e informes que faltan a la verdad.

La denunciante acudió al Defensor del Pueblo y a la Inspección de Trabajo. En agosto de 2024, el juzgado de Palma decretó el sobreseimiento provisional de la causa, pero la Audiencia Provincial ordenó reabrir el procedimiento el pasado verano.

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