El 70% de las empresas de yates chárter desaparecerán por el decreto del Govern

La patronal náutica que reune a las empresas del sector del chárter náutico profesional, APANIB, que actúa bajo el paraguas de Pimem, asegura que el decreto aprobado el pasado verano por el Govern supone una estocada mortal para esta actividad económica. Se anuncia que si no se eliminan las restricciones que impone la normativa, siete de cada diez empresas, la mayoría de ellas familiares, están condenadas a su desaparición.

Los responsables de esta asociación, Alvaro Aguirre y Alex Mestre, han anunciado esta mañana que han llevado este decreto ante los tribunales con el objetivo de que sea declarado nulo. Se apela a que la ley afecta a los derechos fundamentales y en la tramitación la fiscalía se ha posicionado a favor de la patronal, pidiendo la suspensión cautelar del decreto, aunque el juez lo ha rechazado.

Los portavoces de la patronal afirman que las empresas operan bajo estrictas normas de seguridad y al mismo tiempo se encargan de realizar inspecciones periódicas de las embarcaciones, con el objetivo de que el alquiler de estos barcos no pueda afectar al medio ambiente. “El decreto supone la culminación de la política agresiva del Govern contra la actividad que forma parte del tejido empresarial”. Se recordó el peso importante que representa la náutica en la economía balear, no solo en cuanto al uso y disfrute de los barcos, sino sobre todo con la actividad de las empresas que forman parte de este sector. La náutica genera en Baleares unos ingresos anuales de más de mil millones de euros, con la presencia de casi 900 empresas registradas.

La patronal cuestiona que la limitación de la venta de plazas individuales para el alquiler de una de estas embarcaciones supone un golpe mortal para esta actividad. El decreto obliga a que sea una única persona la que alquile el yate chárter, mientras que antes varias personas podían disfrutar a la vez, aunque no se conocieran entre ellas, de un día de navegación. Esta nueva forma de contratación aumentará los precios del alquiler.

También cuestiona la patronal que el decreto obligue al propietario de una embarcación a disponer de un amarre en propiedad, teniendo en cuenta que estos barcos se mueven por todas las islas y recalan en diferentes puertos deportivos.

APANIB afirma que en estos barcos no se realizan fiestas, sino todo lo contrario, se realizan trayectos para disfrutar de las costas. Además lo hacen respetando el medio ambiente y sin provocar contaminación. Alex Mestre, el vicepresidente de la asociación, ha denunciado hoy que este polémico decreto impone limitaciones sin justificación técnica, ni ambiental. “Son restricciones que dañan el mercado y la reputación de quienes cumplen la ley que, además, no aportan mejoras ambientales, ni aumentan la seguridad marítima”. Explicó que un mismo barco, patroneado por el mismo patrón, no provoca un impacto mayor si comercializa las excursiones por plazas, en lugar de alquilarlo a un único cliente.

La patronal del sector ha encargado un informe económico de la repercusión que tendrá este decreto en el negocio del alquiler de yates chárter. El informe confirma la fuerte incidencia restrictiva que arrastra esta normativa y calcula que las pérdidas serán de alrededor de unos 900 mil euros únicamente para la próxima temporada. Por ello, la patronal anuncia que siete de cada diez empresas dedicadas a este negocio tendrán que cerrar y, por tanto, despedir a sus empleados, porque no podrán cumplir con las exigencias que impone el decreto aprobado por el Govern. Los empresarios, en cualquier caso, confían en que los tribunales decreten la ilegalidad de la norma, lo que supondría un gran alivio para estos profesionales, que sostienen que no tiene ningún sentido que estas restricciones solo se impongan Baleares y no en otras comunidades autónomas.