El PSIB exige la comparecencia de Estarellas por la derogación de la Ley de Memoria Democrática e impulsa un frente común para salvar la norma
Los socialistas registrarán mociones en el Consell de Mallorca, en el Ayuntamiento de Palma y en el resto de consistorios de las isla contra la supresión de la ley
Omar Lamin, Xisco Ducrós y Joan Ferrer han cargado contra la política memorialística del Govern: "Supone un giro ideológico hacia el revisionismo y la negación de la dictadura"

Los socialistas Xisco Ducrós, Omar Lamin, Bea Gamundí y Joan Ferre, en el Mur de la Memòria del cementerio de Palma. / J.S.

El PSIB-PSOE ha anunciado una ofensiva política e institucional "a cada uno de los ayuntamientos e instituciones" para frenar la derogación de la Ley de Memoria Democrática que ejecutará el Govern del PP para cumplir con las exigencias de sus socios de Vox. La primera acción del grupo será pedir la comparecencia en el Parlament de la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, y de su directora general para explicar "qué quieren hacer con la derogación y cuál es el objetivo final", tal como ha denunciado esta mañana el diputado socialista Omar Lamin. Cabe recordar que, hace prácticamente un mes, el Parlament balear iniciaba el trámite para derogar dicha norma, impulsada durante el anterior Govern de izquierdas. La iniciativa surgió a petición de los de Abascal, que registraron la proposición de ley, la cual cuenta con el respaldo del Partido Popular, hecho que garantizará su aprobación.
Lamin, durante la rueda de prensa celebrada en el Mur de la Memòria del cementerio de Palma, ha subrayado que "el único pacto que Marga Prohens no ha cumplido es el que hizo con las izquierdas para mantener la Ley de Memmoria" y ha avisado que el PSIB activará un "frente común" para defender la memoria democrática. El socialista también ha reclamado que el Govern publique "todos los estudios científicos que se hicieron en el marco del cuarto plan de fosas", así como la apertura del columbario donde reposan "más de 200 cuerpos de personas que fueron fusiladas", recordando que el Ejecutivo de Prohens aseguró hace más de un año que estaba listo. "Nos parece una ofensa que lo tengan cerrado", ha señalado, reclamando también un gran acto civil de la mano de las entidades memorialistas.
En paralelo a la iniciativa parlamentaria, el PSIB registrará mociones en el Consell de Mallorca, en el Ayuntamiento de Palma y en el resto de consistorios de las islas. Joan Ferrer, conseller socialista, ha avanzado que su Grupo presentará una moción "para exigir que no se tiren atrás los avances que se habían hecho en memoria democrática", y ha cargado contra el PP por actuar como "un rehén de Vox". Ferrer ha asegurado que la derogación de la ley responde a "una imposición más de Vox para tener a Marga Prohens sentada en el Consolat y a Llorenç Galmés en el Consell".
El regidor socialista de Palma, Xisco Ducrós, ha confirmado que el grupo municipal llevará la moción al pleno de mañana. Ha criticado los dos años de mandato del alcalde, Jaime Martínez, asegurando que "solo cumple con los poderosos e incumple con la sociedad civil", y ha denunciado que desde el primer presupuesto municipal "ha habido 0 céntimos en temas de memoria". Ducrós ha recordado que "cada 29 de octubre, el día 1 de noviembre y el 24 de febrero" se realizan actos de reconocimiento a las víctimas del franquismo, subrayando la figura del alcalde Emili Darder, "a quien cualquier alcalde democrático debería reconocer por haber sido representante de la ciudadanía de Palma".
Los socialistas han advertido de que la ofensiva busca evitar que se "borre el relato de las víctimas por intereses partidistas" y acusan al PP de romper un compromiso público adquirido por Prohens en diciembre de 2024. Según los socialistas, la derogación supone "un giro ideológico hacia el revisionismo y la negación de la dictadura", impuesto por Vox y aceptado por el PP "sin resistencia".
Para el PSIB, la derogación debilitaría las exhumaciones, paralizaría procesos de identificación, dejaría sin apoyo institucional los espacios de memoria, desmantelaría programas educativos y haría que "las familias vuelvan a sentir que su dolor es invisible".
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