El PP propone que los condenados por acoso a menores no puedan ser docentes tras la polémica del caso de Miquel Roldán

El Partido Popular ha registrado en el Parlament una proposición de ley para endurecer los requisitos de acceso a profesiones que implican contacto habitual con menores. La iniciativa llega tras el debate social y mediático por el caso del docente Miquel Roldán, cuya baja médica acabó permitiendo que el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina pueda iniciar con normalidad el curso 2025-2026, diez días después que el resto de centros de Baleares.

El PP propone que las personas condenadas por acoso a menores, incluido el ciberacoso, así como por delitos de odio o violencia doméstica, queden automáticamente inhabilitadas para trabajar como docentes o desempeñar cualquier actividad con niños y adolescentes. La reforma plantea modificar el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021 con el objetivo de reforzar la protección de la infancia ante nuevas formas de violencia.

La situación del CEIP Maria Antònia Salvà ha sido el detonante del debate. Los padres del centro de Son Sardina iniciaron una huelga de asistencia al conocerse que Miquel Roldán, docente condenado y a la espera de revisión judicial tras recurrir la sentencia, debía reincorporarse al colegio.

Presión para cambiar la ley

El caso ha reactivado las reclamaciones de las asociaciones de familias, la Conselleria de Educación y ahora del PP, que piden una reforma legal que impida que personas con determinados antecedentes penales puedan trabajar en centros educativos hasta que se resuelvan sus causas judiciales.

FAPA Baleares ya solicitó que se actualizara la normativa para evitar que se repitan episodios como el del CEIP Maria Antònia Salvà. Educación también trasladó al Estado la necesidad de revisar los criterios de acceso cuando existan condenas firmes o procedimientos relacionados con menores.

Actualmente, la obligación legal se limita a no tener antecedentes por delitos sexuales o trata de seres humanos, pero la proposición de ley del PP añade tres bloques nuevos: delitos de acoso a menores, tanto físico como digital; delitos de odio, discriminación o violencia por motivos ideológicos, raciales, de orientación sexual o religiosos, y violencia doméstica o de género, incluyendo amenazas, coacciones o maltrato.

El objetivo es que cualquier persona condenada por alguno de estos delitos quede inhabilitada de forma automática para ejercer como docente o participar en actividades que supongan contacto habitual con menores. La propuesta exige que toda persona que aspire a un puesto con contacto habitual con menores presente un certificado negativo actualizado del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata, que deberá incorporar los nuevos delitos incluidos por la reforma.

Además, la iniciativa plantea derogar el artículo 9 de la Ley 9/2019 de Baleares, para evitar contradicciones entre normativa autonómica y estatal, y que el nuevo marco entre en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

La iniciativa del PP llega justo cuando familias, docentes y la comunidad educativa reclaman mayor seguridad jurídica. En Son Sardina temen que la baja del profesor sea solo un respiro temporal, mientras continúe el proceso judicial y no exista una norma clara que determine quién puede y quién no puede estar en un aula. La proposición de ley inicia ahora su tramitación, a la espera de recabar apoyos entre el resto de grupos parlamentarios.