El Consell de Mallorca no ha recurrido ante la Fiscalía en ningún caso de oferta turística ilegal

Siete meses después de que entrara en vigor el nuevo decreto ley turístico del Govern de Marga Prohens, que ha introducido una importante novedad para luchar contra la oferta turística ilegal al permitir llevar a la Fiscalía los casos más flagrantes, el Consell de Mallorca no ha recurrido a esta medida. Con la reforma de esa norma se puede llevar ante este órgano a los infractores que no cesen su actividad irregular habiendo sido multados en más de una ocasión. Sin embargo, desde Turismo se alega que se prefiere "la colaboración a la confrontación", en lugar de optar por ese proceso "largo". El departamento que dirige el conseller José Marcial Rodríguez esgrime que está impulsando un nuevo sistema para agilizar la tramitación de expedientes.

Esta medida que abre la puerta a llevar los casos graves de explotación turística ilegal ante el Ministerio Fiscal se considera desde el ámbito jurídico como la idónea para perseguir la explotación ilegal de inmuebles de uso residencial cuando se acumulan las sanciones y aun así los inspectores constatan que no cesa la actividad. Sin ir más lejos, se apunta al caso del empresario Paco Garrido, viejo conocido en el servicio de inspección turística del Consell, institución a cargo de estas competencias turísticas. Garrido acumula expedientes sancionadores y denuncias de vecinos por la explotación ilegal de viviendas, principalmente en el área de Palma y Llucmajor, en 21 viviendas, con multas elevadas, según reconoció el propio empresario en declaraciones a este diario.

"Buenos resultados"

También desde el sector turístico se confiaba en que la vía de la Fiscalía iba a ser un revulsivo en la lucha contra la oferta ilegal. Con todo, desde Turismo se explica que no se ha enviado ningún caso ante este órgano porque se está impulsando "un nuevo sistema que agilizará los plazos en la tramitación de expedientes", sin que por ahora se concreten detalles. "Hemos optado, al igual que con las plataformas comercializadoras, por la colaboración y no por la confrontación, que tan buenos resultados nos ha dado con Airbnb", se esgrime.

Airbnb sigue anunciando viviendas turísticas en Mallorca con números de registro falsificados o usurpados a otros inmuebles

Turismo ha cerrado un acuerdo con la multinacional con sede en San Francisco por el que se ha comprometido a retirar los anuncios sin licencia turística, una alianza que la plataforma selló primero con el Consell de Ibiza y está extendiendo a otras zonas geográficas. Sin embargo, en Airbnb se siguen publicitando viviendas en Mallorca de alquiler vacacional ilegales con números de registro falsificados o usurpados a otros inmuebles vacacionales.

Desde el departamento de Rodríguez se explica: "Hemos optado de momento por ir avanzando con este sistema porque, entre otras cosas, el proceso hasta llevar a Fiscalía es largo. Primero está el cese de actividad, luego las multas coercitivas y luego si sigue desobedeciendo el proceso llega ya a Fiscalía". Por ello, se justifica que "seis meses después del decreto estemos en este punto".

El decreto Ley 4/2025, de 11 de abril, contra la oferta ilegal, de medidas transitorias para la oferta, y por la calidad turística de las Islas Baleares, además de prohibir nuevas plazas en viviendas plurifamiliares, aparcar el decrecimiento turístico y reabrir la bolsa de plazas con el levantamiento de la moratoria, introduce cambios normativos "encaminados a la contención".

La norma redactada bajo el liderazgo del ex director general de Turismo Pep Aloy endurece la persecución de la oferta ilegal dotando a las administraciones de más herramientas para aumentar su eficacia. Así, los consells insulares pueden ordenar el cese inmediato e indefinido de la actividad turística si se constata que se realiza "sin contar con el preceptivo título administrativo habilitante" e imponer multas cuando el servicio de inspección detecte que se incumple ese cese de actividad "con traslado a la Fiscalía en caso de que, a pesar de la reiteración en la imposición de multas coercitivas, no se lleve a cabo el cese efectivo de la actividad". Este punto de la ley Aloy es el que por ahora queda en barbecho en Mallorca.

También se han incrementado las sanciones en un 25 %, con multas muy graves que pueden llegar al medio millón de euros y la Policía Local, la Policía Nacional o la Guardia Civil pueden colaborar en las tareas de inspección turística y en la lucha contra la oferta ilegal.

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