Luis Gimeno, médico de familia, especialista en Epidemiología y Salud Pública: "Los migrantes no abusan del sistema sanitario, lo usan nueve veces menos que los españoles"

-¿Cuáles son las barreras que impiden a la población migrante alcanzar un uso pleno de los recursos sanitarios públicos?

-La principal barrera es la normativa legal. Hasta el año 2012, el acceso era prácticamente universal, pero ese año salió una ley que expulsó a todos los inmigrantes en situación administrativa irregular del sistema. Fueron aproximadamente un millón de personas en España. Posteriormente, en 2018, teóricamente se aprobó una ley de sanidad universal, pero es una ley muy incompleta que sigue dejando a un buen colectivo de personas sin derecho a la atención sanitaria. Estimamos que puede ser un colectivo importante, entre doscientas mil o trescientas mil personas, que quedan ahí. Lo que estamos pidiendo es que se garantice realmente la sanidad universal como teníamos hasta 2012.

-¿Cuáles son los problemas que ocasiona esta exclusión y qué colectivos se ven más afectados?

-El problema es que la normativa actual excluye a grupos específicos, incluidos inmigrantes en situación irregular con menos de tres meses en España, y sorprendentemente, a familiares reagrupados legalmente. Es decir, personas con residencia legal que no tienen derecho a la atención. Además, se están dando casos en comunidades donde, por la ambigüedad de la ley, no se atiende a niños o embarazadas, algo obligatorio por tratados internacionales. Todo esto se debe a un retorno a una filosofía que vincula el acceso a las cotizaciones, aunque la sanidad se financia por impuestos generales del Estado, no por ellas.

-Se habla mucho de que la población migrante abusa o satura el sistema sanitario. Usted ha investigado mucho el patrón de uso entre esta población y la autóctona. ¿Qué dicen sus datos?

-Hay muchos mitos y falsedades que confunden a la opinión pública. Es falso que vengan con muchas enfermedades, de hecho, todos los estudios demuestran que la salud de la población inmigrante es mucho mejor que la de acogida, lo que llamamos el ‘efecto del migrante sano’. Por lo tanto, usan poquísimo el sistema sanitario; para nada abusan. Los datos de Aragón son contundentes. Un español hacía siete visitas al médico de familia al año, y un inmigrante en situación irregular, solo media visita. En gasto de farmacia, el español gastó 370 euros de media, y el inmigrante irregular, apenas 9 euros. Vienen muy sanos, vienen a trabajar, y el uso es significativamente menor en todos los niveles, incluyendo ingresos hospitalarios, donde la diferencia es de nueve veces menos para un inmigrante sin papeles.

-En este contexto, ¿de qué forma el estudio epidemiológico de la población migrante ayuda a mejorar la planificación de los servicios sanitarios?

-Nos permite entender la financiación. Si la sanidad se financia por el número de pacientes asignados, y yo estoy recibiendo dinero para 100.000 inmigrantes, por ejemplo, pero estos solo usan el 40% de lo que les correspondería, en la práctica, estoy recibiendo una sobrefinanciación. Esto me puede ayudar a mejorar la atención de todas las personas. Los centros de salud y hospitales que tienen más población inmigrante están, entre comillas, mejor financiados para atender al resto de la población. Esto es justamente lo contrario de lo que se intenta transmitir. Cuando en 2012 se expulsó a un millón de inmigrantes que usaban muy poco pero financiaban, y se les obligó a ser atendidos por la vía de urgencia, que es carísima, lo que se hizo fue empeorar la atención de los sistemas sanitarios.

-Más allá de la asistencia, ¿observa una desigualdad en el acceso a programas de prevención y promoción de la salud para la población migrante?

-Correcto, hemos detectado que acceden menos a los programas preventivos. Hay varias explicaciones. Por un lado, diferentes culturas sanitarias y, por otro, la precariedad laboral. Las personas en precariedad laboral hacen mucho menos uso de servicios preventivos porque tienen mayor dificultad para ausentarse del trabajo, algo que se da mucho en la construcción, la hostelería o los cuidados domiciliarios, donde abunda esta población.

El cambio de ley en 2012 expulsó del sistema a cerca de un millón de personas en situación irregular

-La migración y la adaptación son experiencias fuertes. ¿Ha detectado patologías de salud mental más prevalentes en la población migrante debido a las barreras de acceso?

-Son experiencias durísimas para la mayoría, incluso para los que vienen en mejores condiciones. La pérdida del hogar, de la lengua, el cambio de trabajo —muchos con altos niveles educativos que no ven sus títulos convalidados—, es un impacto tremendo. No obstante, gracias al ‘efecto del migrante sano’ tienen gran resiliencia, y su salud mental empeora mucho más lentamente de lo que esperaríamos. El concepto de multiduelo migratorio o síndrome de Ulises nos recuerda la importancia de saber que están sufriendo varios duelos a la vez. Si damos un adecuado apoyo social, con buena vivienda y trabajo, estaremos previniendo problemas de depresión, ansiedad o consumo de sustancias.

-Si tuviera que proponer una medida concreta al sistema de salud de Balears para optimizar la utilización de recursos en este sentido, ¿cuál sería?

-Lo más importante es garantizar un acceso de una manera sencilla y razonable, sin trabas burocráticas, para que no se quede nadie fuera de los que tienen derecho, como los niños y las embarazadas. Y en segundo lugar, yo creo que sería bueno formar más a todo el personal en competencias culturales, y sobre todo en competencias estructurales. Es muy importante ser conscientes de que la salud de estos pacientes, como la de todos los baleares, depende más de su vivienda, su trabajo y su nivel educativo que de la enfermedad propia que tienen. Si mejoramos eso, mejorará la salud de todas estas personas.

-¿Qué implicaciones tiene para un sistema sanitario que se autodefine como universal el hecho de que persistan estas barreras de acceso?

-Es clave, porque cuando empezamos a restringir derechos universales, entramos en una pendiente peligrosa. El sistema sanitario universal es un derecho básico, y cuestionar el acceso a un grupo por motivos de cotización es un discurso ya superado. Además, desde el punto de vista de la salud pública, como vimos con la Covid-19, si se deja a un colectivo sin atención, esto nos perjudicará a todos.

-¿Qué mensaje busca transmitir en su ponencia sobre la ‘Utilización de recursos sanitarios para la población migrante’?

-Que el uso y el acceso al sistema sanitario es un derecho universal básico que hay que recuperar, y que los mitos sobre el abuso y la saturación del sistema por parte de la población migrante son completamente falsos. Desde un punto de vista científico, estos mitos no tienen ninguna base y solo pueden responder a motivos ideológicos, probablemente racistas, porque los estudios dicen todo lo contrario.

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