El Govern exige a Sánchez que convoque elecciones tras la condena al fiscal general: "El fallo es una bomba para la Moncloa"

El Govern balear eleva el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que se conociera la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. La resolución judicial, insólita por afectar al máximo responsable del Ministerio Fiscal, ha provocado una reacción inmediata y contundente del Ejecutivo autonómico, que considera que el fallo marca un antes y un después en la legislatura.

El portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, no escatima en palabras: exige la convocatoria inmediata de elecciones generales y asegura que la sentencia "es una bomba para la Moncloa". A su juicio, el caso no es un episodio aislado, sino la culminación de lo que define como una "deriva institucional sin precedentes" durante el mandato de Pedro Sánchez.

"Un peón"

Costa acusa al presidente del Gobierno de "utilizar al fiscal general como peón para atacar políticamente a adversarios", entre ellos la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En su interpretación, la condena constituye la prueba de que el Ejecutivo central habría rebasado líneas rojas que nunca se habían cruzado en democracia. "Es la degradación absoluta de las instituciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", insiste. Según él, la instrumentalización de órganos clave del Estado es una constante que ahora queda, a su juicio, al descubierto.

El vicepresidente balear sitúa este episodio dentro de un marco más amplio. Sostiene que la condena a García Ortiz "nos ha llevado a una situación insólita en democracia", marcada por la “politización extrema” de organismos que debieran ser independientes. Costa afirma que Sánchez "ha intentado conquistar todas las instituciones del Estado" y que "las ha politizado hasta la última consecuencia". Lo califica de "algo desconocido en la democracia en España", elevando el tono de sus críticas y presentando la sentencia como la evidencia definitiva de esa deriva.

Sin embargo, el portavoz del Govern introduce un contrapunto: celebra que "afortunadamente la división de poderes ha superado a Sánchez". Defiende que la sentencia demuestra la fortaleza del sistema judicial frente a lo que considera presiones o intentos de control político. "No podrá ni puede con el poder judicial", afirma, reforzando la idea de que la independencia de los jueces permanece intacta pese a los intentos del Ejecutivo.

"Impera la división de poderes —añade Costa—. La justicia ha imperado, las sentencias se acatan y se respetan, te gusten o no te gusten". Con esta frase, el vicepresidente balear sitúa la sentencia como un triunfo institucional y como un revés directo para el Gobierno central, al que acusa de querer moldear las instituciones a su conveniencia.

En este contexto de máxima tensión, Costa sostiene que la resolución judicial coloca al Ejecutivo central "contra las cuerdas", especialmente en un momento en el que Sánchez afronta dificultades parlamentarias para sacar adelante iniciativas clave. "El Gobierno está contra las cuerdas, bloqueado en el Congreso", asevera, describiendo un escenario de parálisis legislativa y erosión política. A su juicio, el margen de maniobra del presidente se ha reducido hasta niveles críticos.

Por ello, el vicepresidente balear concluye que la única salida viable para el Gobierno central es la convocatoria de elecciones generales. "Solo tiene una vía: la convocatoria de elecciones y que hablen los ciudadanos", afirma, presentando los comicios como el único mecanismo capaz de devolver estabilidad al país y resolver la crisis política que, según él, se agrava tras esta sentencia.

La reacción del Govern balear marca así una escalada significativa en el tono político y se suma a un coro de voces críticas que interpretan el fallo judicial como un golpe institucional de gran envergadura. Mientras tanto, la Moncloa medita su respuesta, consciente de que el impacto político de la condena al fiscal general no solo afecta a la figura del propio García Ortiz, sino que abre un nuevo frente en una legislatura ya marcada por la fragilidad parlamentaria y la confrontación constante con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.