Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: "Nos ha sorprendido"

Juristas de Mallorca muestran su "sorpresa" con la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, pero lo que para él sin duda resulta más trascendente es que también le impone dos años de inhabilitación especial para el cargo que ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado.

Así lo expresa el juez jubilado José Castro, quien también se muestra "desconcertado" con el fallo aunque también señala que "desconoce" cuál ha sido la argumentación del alto tribunal. "Hasta donde yo había llegado de mi convencimiento personal del juicio mi postura obviamente no era la de condena, pero vamos a ver en qué se basa el Supremo, yo siempre he creído que son personas imparciales y lo sigo pensando", argumenta Castro.

En este sentido, el magistrado está a la espera de "leer el contenido de la argumentación jurídica de la sentencia" para ver todos los detalles. "Esa argumentación es la que debiera convencer no solamente a las partes del juicio sino también a los ciudadanos", añade. Asimismo, Castro añade que la sentencia "tendrá que ser respetada y acatada" aunque por su parte no es compartida por el momento, "a reserva de lo que pueda convencer la argumentación del Supremo".

"Un día triste para el Estado de Derecho"

Por su parte, el exteniente fiscal y fundador de la Unión Progresista de Fiscales, Ladislao Roig, se muestra muy crítico con el fallo asegurando que "hoy es un día muy triste para el Estado de Derecho". Respecto a la condena, Roig argumenta que Álvaro García Ortiz "nunca debió sentarse en el banquillo ni mucho menos ser condenado". "Tendría que haber sido un archivo", determina.

Condena del Supremo

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, pero lo que para él sin duda resulta más trascendente es que también le impone dos años de inhabilitación especial para el cargo que ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado.

El tribunal, que al alcanzar una mayoría ha decidido adelantar el fallo de la sentencia, también le condena a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una cantidad muy alejada de los 300.000 euros que solicitaba.

La Sala, por cinco votos frente a dos, considera a García Ortiz autor de un delito de revelación de datos reservados del 417.1 del Código Penal, que castiga "a autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". La pena impuesta al fiscal general es la multa mínima prevista para este delito (de 12 a 18 meses) y la mitad de la inhabilitación especial para empleo o cargo público (de uno a tres años).

Suscríbete para seguir leyendo