La equiparación del plus de insularidad para los funcionarios del Estado en Baleares, pendiente de la reunión final en Madrid

El posible acuerdo para equiparar el plus de insularidad de los empleados del Estado en Baleares con el de Canarias encara su fase final, pero aún no está cerrado. Así lo ha aclarado este jueves el secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, Miguel Ángel Romero, que ha insistido en que, pese a los avances y a la confianza que se respira entre los sindicatos, "no hay un acuerdo definitivo" y será la reunión prevista para este mediodía en Madrid la que determine si el pacto queda finalmente sellado.

Romero ha explicado que la avalancha de rumores que comenzó a circular ayer sobre la supuesta aprobación inmediata de la medida obligó al sindicato a matizar el alcance real de lo que está sobre la mesa. Según ha señalado, después de dos décadas de negativas por parte del Gobierno central, "el no que nos han dado durante 20 años se ha transformado en un sí", un giro que considera de gran relevancia y que califica de "histórico". Aun así, a la espera de que se cierre el acuerdo, ha subrayado que los plazos y el modo de aplicación están todavía por definir.

Mismo complemento residencial que en Canarias

El acuerdo -tal y como está planteado en este momento- supondría que el personal destinado en Baleares de la Administración General del Estado percibiría el mismo complemento de residencia que en Canarias. La medida tendría un impacto directo en unas 7.000 personas, dado que actualmente alrededor del 30 % de las plazas estatales en el archipiélago no están cubiertas. En total, existen unas 10.500 plazas, entre personal administrativo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de Justicia.

La propuesta elevaría el plus actual, que en Mallorca oscila entre 47 y 110 euros mensuales, a un complemento fijo de 206 euros. En el resto de las islas, el salto sería aún mayor: de entre 65 y 122 euros al mes se pasaría a 410 euros. A estas cantidades se añadirían 44,85 euros adicionales por cada trienio.

Romero ha recordado que esta equiparación no afecta al personal de la comunidad autónoma, que desde 2023 dejó de estar vinculado al sistema retributivo del Estado. Tampoco tiene aún impacto directo sobre la Administración local, aunque el sindicato confía en que esa extensión pueda producirse más adelante. También ha aclarado que la medida no se aplica al personal sanitario ni educativo de la comunidad autónoma, de momento.

Situación funcionarial crítica

El dirigente sindical ha insistido en que la Administración General del Estado en Baleares atraviesa una situación crítica por los bajos salarios, que dificultan afrontar el elevado coste de vida del archipiélago, especialmente en materia de vivienda. Como ejemplo, ha puesto como ejemplo el caso de un funcionario de Zamora que, con 40 años y un sueldo de unos 1.400 euros, "debería compartir piso con tres o cuatro personas más". Además, ha advertido de que en la próxima década se jubilará el 50 % de la plantilla actual, lo que hará aún más necesario mejorar las condiciones laborales para poder cubrir las vacantes.

La equiparación del plus es una reivindicación histórica de los sindicatos y, si finalmente se firma el acuerdo, se desconvocará la huelga prevista para el 27 de noviembre. Paralelamente, la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha exigido que la medida se aplique también a los agentes destinados en Baleares, una petición que, según ha confirmado Romero, está contemplada en la propuesta actual.

En cualquier caso, el sindicato insiste en la necesidad de "evitar confusión" y recalca que lo que existe por ahora es la voluntad de afrontar un problema que llevaba veinte años bloqueado. "Una cosa que era un no ha pasado a un sí", ha resumido Romero, quien ha reiterado que la definición exacta de cómo se pondrá en marcha dependerá de la respuesta final del Gobierno.