El Govern de Prohens insiste en que cualquier mujer "que lo decida" puede abortar en Baleares en la pública o en la privada con garantías

El Govern insiste en que "cualquier mujer que lo decida" puede abortar "con garantías" en Baleares, tanto en la sanidad pública como en la privada. Así lo han señalado fuentes de la conselleria de Salud en pleno debate por la negativa de la Comunidad de Madrid a crear el registro de objetores de conciencia al aborto, un trámite que el Gobierno de Pedro Sánchez ha exigido a todas las autonomías.

A diferencia del Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso, que rechaza elaborar el registro y ha dejado el asunto en manos de los tribunales, Baleares sí está tramitando el decreto que dará soporte legal a esa base de datos. El Govern apunta que ya se ha hecho la consulta pública y aprobado el acuerdo de inicio, y que ahora se trabaja en la memoria de impacto y en los informes preceptivos, pasos necesarios antes de que un decreto llegue al Consell de Govern.

Desde Salud no dan una fecha aproximada para tener el decreto finalizado ni, por extensión, el propio registro de objetores. Argumentan que la elaboración de un decreto es un procedimiento complejo que requiere pasar por varias fases técnicas y jurídicas. Ahora mismo, están elaborando la memoria de impacto y los informes preceptivos. Baleares no llegará al plazo que exige Pedro Sánchez; desde el Govern ya anunciaron que no se "saltarán pasos" para cumplir con los tiempos que marca el presidente del Gobierno.

Una vez aprobado, el decreto permitirá crear el registro de objetores, tal como exige la legislación estatal. Sin embargo, desde la Conselleria recuerdan que Baleares no enviará al Gobierno el contenido del registro (es decir, no remitirá una lista con nombres de profesionales) porque es confidencial. Lo que sí constará en Madrid es que el registro existe formalmente y está implantado, como recoge la ley.

Con todo, en contraposición al "váyanse a otro lado a abortar" que pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid y su rebeldía ante Sánchez, el Govern de Prohens lanza un mensaje claro: independientemente del número de objetores, el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo está garantizado en Baleares. Salud subraya que el sistema sanitario de las islas ofrece la prestación "en todos los hospitales y centros públicos de las islas" para cualquier mujer que cumpla los requisitos que marca la ley, mientras Madrid se expone a un conflicto institucional con el Gobierno central por su negativa frontal a crear el registro.

El debate cobró fuerza hace un mes, cuando el Ministerio de Sanidad requirió a Madrid, Aragón y Baleares que pusieran en marcha la base de datos obligatoria desde la última reforma de la ley del aborto. Aragón, al igual que Baleares, también ha aceptado el requerimiento, dejando sola a Ayuso en su pulso contra el Gobierno.

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