Las alzas de precios y expulsiones ilegales lideran el fraude en los alquileres de Mallorca
La conselleria de Vivienda convocará a los agentes de la propiedad inmobiliaria y a las asociaciones de consumidores para analizar las medidas contra las irregularidades en el mercado mallorquin
La situación del mercado inmobiliario será analizada por Conselleria, API y consumidores. / B. Ramón
El aumento que se está registrando en Mallorca de los casos de fraude en el mercado inmobiliario, especialmente en el campo del alquiler, y las medidas propuestas para combatirlos por el Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, van a ser cuestiones abordadas en las próximas reuniones que la conselleria de Vivienda convocará próximamente representantes de este organismo, encabezados por su presidente, José Miguel Artieda, y en las que también estarán presentes representantes de los servicios de inspección de este departamento. También está previsto otro encuentro con el máximo responsable de la asociación balear de consumidores, Consubal, Alfonso Rodríguez, para abordar estas cuestiones, entre otras. Ambas citas debían celebrarse mañana y el martes, pero una indisposición del director general de Vivienda, José Francisco Reynés, ha obligado a un aplazamiento.
Las medidas presentadas por los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) proponen su colaboración a la hora de rastrear ofertas ilegales a través de las páginas web, como en el caso de las infraviviendas, y la apertura de una vía directa para que las denuncias que los ciudadanos hacen llegar a los API sean remitidas también a la Conselleria, entre otras.
José Luis Mateo, conseller de Vivienda / B. Ramón
Cuando se consulta a Artieda y Rodríguez sobre las irregularidades más habituales que se detectan en el mercado inmobiliario mallorquín, hay dos que destacan muy especialmente, y ambas se enmarcan en el mercado del alquiler, según subraya el presidente de Consubal, y destaca el colectivo de los extranjeros no comunitarios como víctimas.
Precios y expulsiones
En concreto, se señala la pretensión de los propietarios de los inmuebles de elevar el precio del alquiler muy por encima de lo fijado en la legislación y sin ceñirse al índice de referencia creado para ello durante los cinco años del contrato.
En esos mismos puestos de cabeza aparecen los intentos de los arrendadores de expulsar del piso a sus inquilinos también de forma ilegal, y en este caso Alfonso Rodríguez subraya que es habitual que estas maniobras se realicen por la pretensión de los primeros de destinar esa propiedad al alquiler turístico, incluso en zonas como Son Gotleu y Pere Garau.
Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal / B. Arzayus
Un aspecto destacado por el presidente de Consubal es que en ambos casos una buena parte de los afectados son extranjeros no comunitarios, a los que se amenaza con recurrir «a la policía» para expulsarlos de la vivienda si no aceptan voluntariamente las pretensiones de los propietarios, y muchos de ellos terminan cediendo ante el temor a verse inmersos en problemas pese a no haber incurrido en ningún comportamiento cuestionable.
Otra irregularidad habitual, añade Rodríguez, es que el titular del piso se niegue a asumir los costes de reparaciones o mantenimiento del inmueble, pese a estar obligado a ello, y deje ese desembolso en manos de los inquilinos.
A ello añade la demanda de alguna cantidad económica (suele moverse entre los 200 o 300 euros) para dejar que las personas que residen en la casa se empadronen en ella o para disponer de una copia del contrato.
Se suma la exigencia de comisiones ilegales por la mediación en el alquiler por parte de algunas agencias inmobiliarias.
Artieda incorpora a esta lista la imposición de alquileres de temporada a residentes estables por la pretensión de los propietarios de no verse afectados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, y de forma muy habitual el no disponer de certificados de eficiencia energética.
José Miguel Artieda, presidente de los API / B. Ramón
Apunta también la venta de pisos ocultando que hay una derrama para obras, o la oferta de inmuebles «ganga» usando imágenes ‘robadas’ de la vivienda y pidiendo dinero por visitarlo.
La 'jungla' del rústico
«Hasta los expertos temblamos cuando tenemos que mediar en la comercialización de las propiedades en suelo rústico», afirma el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas, José Miguel Artieda, al considerar que este mercado se caracteriza por el elevado nivel de irregularidades que presenta.
La situación llega al punto de encontrarse con propiedades en las que finalmente se comprueba que todo lo edificado es ilegal «y con casos en los que incluso hay orden de derribo» o en los que no existe la posibilidad de regularización, lamenta el representante de los API de Balears.
Señala también que en muchas ocasiones los datos de la propiedad, como las dimensiones, no coinciden luego con los que constan en el Ayuntamiento, con el problema de la lentitud con la que los Consistorios aportan su información. «En rústico, el cúmulo de problemas es infinito», afirma.
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