El registro de objetores al aborto en Baleares "sigue su trámite"
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recalca que su Ejecutivo no se va a saltar "los procedimientos que marca la ley y el ordenamiento jurídico" a la hora de tener listo dicho registro
La presidenta del Govern, Marga Prohens / CAIB
El registro de profesionales objetores al aborto en Baleares solicitado por el Gobierno Central "sigue su trámite". Así lo ha asegurado la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien recalca que no se va a saltar "los procedimientos que marca la ley y el ordenamiento jurídico" de las islas a la hora de tener listo dicho registro.
"Sigue su trámite habitual que es un decreto y unos informes preceptivos por parte del Consell Consultiu. Yo no me voy a saltar ningún trámite porque me lo diga el presidente del Gobierno de España en una carta. Quizá antes de mandar las cartas tendría que informarse mejor de cómo se tramita la modificación de un decreto y de cómo se crea un registro, no solo este, cualquier registro. No me voy a saltar los procedimientos que me marca la ley y ordenamiento jurídico de Baleares porque me lo diga el presidente del Gobierno de España. Sigue su trámite como ya dijimos desde el primer momento", argumenta Prohens.
De esta forma, Baleares reitera que enviará al Gobierno Central el registro de objetores al aborto. Cabe señalar que hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no creará dicho registro y deja la decisión en manos de los tribunales.
Tres meses
El Gobierno central ha dado tres meses a cuatro comunidades, entre ellas este archipiélago, para crear el registro de profesionales objetores de conciencia previsto por la normativa estatal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió una carta a la presidenta de las islas, Marga Prohens, y a los líderes autonómicos de Madrid, Aragón y Asturias para requerirles la creación de este registro de objetores en el plazo de tres meses. El Ejecutivo central argumenta que su ausencia "limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley" y advierte de que, si no se cumple el mandato, se "reservará la posibilidad de emprender acciones legales" contra las comunidades.
En este sentido, la propia consellera de Salud, Manuela García, ya expresó el pasado mes de octubre su confianza en que el registro esté listo dentro del plazo que le exigen, pese a que todavía tenía que recibir el visto bueno de organismos como el Consell Consultiu o el IBDona.
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