Cristina Muñoz, magistrada: "Los jueces no tenemos medios para afrontar los problemas que generan las viviendas"

El colegio de Administradores de Fincas de Baleares organiza hoy unas jornadas para profundizar sobre la situación de la vivienda. Una de las participantes más destacadas de esta jornada técnica es la magistrada Cristina Muñoz, titular del juzgado de Primera Instancia número 4 de Benidorm, que presenta una ponencia bajo el título de: “Evita los errores jurídicos en las juntas de propietarios”. La jueza reconoce que los juzgados, por la escasez de medios que sufre la Justicia, no pueden hacer frente de una manera eficaz al complicado problema que se está generando alrededor de la vivienda.

-¿Cúales son los principales errores jurídicos que se cometen en las juntas de propietarios?

-La ley de propiedad horizontal tiene muy pocos artículos y está algo desfasada. Es necesario que se apruebe una nueva ley porque la propiedad genera muchos problemas y se necesita una herramienta jurídica para resolverlos. Los jueces tenemos que acudir a la interpretación que aparece en la jurisprudencia para adoptar algunas decisiones sobre determinadas situaciones que no están expresamente contempladas en la ley.

-¿El problema de la vivienda es uno de los conflictos más frecuentes en los juzgados?

-Es un tema muy complicado, pero hay que ser muy consciente de que es un problema bilateral. Es cierto que hay personas sin recursos, que no pagan el alquiler y que afrontan la posibilidad de quedarse sin un techo donde poder vivir. Pero enfrente a hay un propietario que también se ve perjudicado por los impagos y que si no recibe el dinero del alquiler también afronta una situación económica muy complicada. Son los casos más frecuentes, porque no es cierto que la mayoría de casas que se están alquilando están en manos de grandes tenedores. La mayoría de caseros suelen ser pequeños propietarios.

-La ley de ejecución hipotecaria también ha generado muchas críticas. ¿Se debería modificar?

-Hay que tener en cuenta que para comprar una vivienda es casi necesario acudir a un préstamo bancario, que genera un alto coste por los intereses que se debe pagar. La ley de ejecución está pensada para beneficiar a los bancos en vez de proteger a los clientes.

-Explique en qué consiste este beneficio.

-Cuando el banco se queda con una casa, porque el hipotecado ha dejado de pagar, adquiere un bien que tiene un valor actual muy superior al que se le dio cuando se otorgó la hipoteca. El precio de las casas se ha disparado, pero la deuda se calcula sobre el valor de la tasación del inmueble en el momento del préstamo. Es decir, el banco se queda por la mitad de precio una casa que en realidad vale el doble y por la que puede obtener mucho dinero cuando la venda.

-En estos casos, ¿qué ocurre con el cliente al que el banco le ha quitado la casa?

-Pues que sigue debiéndole al banco el dinero que pidió prestado y que no ha podido pagar. Ha perdido una casa, que se la hubiera podido vender valdría el doble, y aún así sigue debiendo dinero al banco.

-¿Qué soluciones propone ante lo que parece una injusticia?

-Se debería modificar la ley y en el caso de que el banco reclame una vivienda porque no cobra la hipoteca, se debería realizar una tasación actual de la casa. Y en el caso de que el banco la vendiera y obtuviera más dinero del que le deben, la diferencia se la debería entregar al cliente al que le ha quitado su vivienda porque no ha podido pagar la hipoteca.

-¿Existe transparencia en los procesos de subastas de los viviendas incautadas por falta de pago?

-Más que falta de transparencia, lo que sí existe es una falta de publicidad para que todas las personas interesadas pudieran adjudicarse una casa en una subasta. Estas casas pocas veces se pueden visitar y por eso el juzgado recibe muy pocas ofertas de particulares interesadas por una propiedad, de allí que la mayoría queden en manos de los bancos que han otorgado la hipoteca.

-Teóricamente atravesamos una buena época económica, por lo que se supone que el número de impago de hipotecas es reducido.

-Aunque no podemos compararla con los impagos de la época de la crisis del 2008, debido a que los bancos otorgaron muchos préstamos a personas que no los podían pagar, en estos momentos el número de impagos de hipotecas sigue siendo muy elevado. Hay mucha gente en estos momentos que no puede pagar estos préstamos y se ven abocados a perder su casa.

-En el caso de los impagos del alquiler, ¿cuánto tiempo tarda el juzgado en desahuciar a un inquilino?

-Depende de la situación de cada juzgado. En el mío el tiempo es entre seis meses y un año. Pero hay que tener en cuenta que no toda la tramitación depende del juzgado. Por ejemplo, las notificaciones se realizan a través del servicio común, que tarda mucho tiempo, alrededor de tres meses, en comunicar al inquilino que el propietario ha presentado una demanda por impago. Después de dictar sentencia y se acepta la demanda del propietario, también se tarda mucho tiempo en proceder al desahucio, porque la fecha del lanzamiento tampoco la decide el juzgado.

-Sin embargo, los ciudadanos culpan directamente a los jueces de este enorme retraso de las demandas de impagos.

-Así es, pero el problema se debe a la falta de medios en los juzgados. Los jueces pedimos que nos proporcionen más medios, pero la respuesta que recibimos siempre es un no.

-La falta de medios en Justicia no es una situación nueva.

-Desde luego que no, siempre han faltado medios en los juzgados. Para ponerle un ejemplo a veces en mi juzgado tengo que ser yo la que compre los folios que utilizamos en la impresora. Tengo muy claro que los jueces en estos momentos no tenemos medios para afrontar toda la problemática que se genera con las viviendas y eso es un grave problema.

-¿El proceso para expulsar a un inquiocupa es el mismo?

-Es un proceso algo más complejo, porque los requisitos son diferentes y ello retrasa la resolución de la demanda. El inquilino que no paga sabe que lo van a expulsar de la casa, pero a veces utiliza algunos mecanismos legales para alargar el proceso, aunque al final se le echa del inmueble. Es cierto que también existe una medida cautelar por la que se le puede obligar de inmediato a que abandone la casa antes de que se resuelva la demanda, pero este proceso también exige una serie de requisitos específicos.

-¿Es usted partidaria de que la Policía disponga de más herramientas para poder expulsar de una manera más rápida a un ocupa o a un inquiocupa?

-Es una posibilidad que está sobre la mesa. La ley debe dar una respuesta inmediata a estas situaciones, porque en estos momentos la norma es muy garantista, ya que se considera que una persona tiene derecho sobre una vivienda cuando permanece un determinado tiempo en ella. Sin embargo, considero que una persona que entra a la fuerza en un piso de veraneo sin que el dueño se entere, este individuo no debería estar cubierto por ningún derecho aunque llegue varios días residiendo en este inmueble. El concepto de la permanencia en una casa debería ser revisado para adaptarse a la realidad.

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