Baleares, entre las comunidades con mayor ritmo de privatización sanitaria

Baleares se sitúa entre las comunidades con mayor grado de privatización sanitaria de todo el país, según el undécimo Informe sobre la Privatización Sanitaria en las Comunidades Autónomas, elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El estudio, que analiza la evolución del sistema público desde 2014, sitúa al archipiélago con 28 puntos sobre un máximo de 34, la misma puntuación que obtienen Madrid y Canarias, lo que coloca a las tres comunidades a la cabeza del país en velocidad de privatización sanitaria. Cataluña queda justo detrás, con 26 puntos, según el ranking elaborado por la Federación.

Uno de los autores del informe es precisamente el doctor José Manuel Aranda, médico de familia ya retirado que ha ejercido gran parte de su carrera en Mallorca, presentó el informe a los medios nacionales hace unas semanas y alertó de que "la privatización no ha dejado de crecer" en todas las comunidades. Señaló que Baleares mantiene "una tendencia preocupante de desvío de fondos públicos al sector privado". Según el documento, el 30,8% de la población balear cuenta con un seguro sanitario privado, una de las cifras más altas de España y muy por encima de la media nacional, que ronda el 24%. A esto se suma que el 8,6% del gasto sanitario público en las islas se destina a conciertos con empresas privadas, porcentaje solo superado por Madrid y Cataluña.

Falta de información

El informe destaca que la partida presupuestaria dedicada a la "asistencia sanitaria por medios ajenos" asciende a 177 millones de euros en el proyecto de presupuestos de 2025, una cifra que se eleva hasta 198,7 millones si se incluyen otros contratos de servicios externos como terapias respiratorias, hemodiálisis o transporte sanitario aéreo. La Federación denuncia que estos datos "carecen de transparencia", ya que el presupuesto autonómico no detalla qué empresas son adjudicatarias ni los importes concretos de cada contrato.

Bajo el epígrafe de 'Otros servicios de asistencia sanitaria' se asignan más de 93 millones de euros, mientras que otros 78 millones se destinan a "servicios concertados prestados por terceros" en atención especializada, sin especificar el destino ni los criterios de adjudicación. Para la FADSP, esta falta de información "dificulta la rendición de cuentas y el control público del gasto sanitario", lo que contribuye a consolidar un modelo cada vez más dependiente del sector privado.

La organización señala que esta situación responde en buena medida a "la insuficiencia del sistema público y la falta de planificación", que terminan justificando la externalización de servicios y generando una sanidad "a dos velocidades", en la que los ciudadanos con más recursos optan por seguros privados para evitar las listas de espera. El informe advierte de que el incremento de conciertos y derivaciones a clínicas privadas "agrava la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria" y acelera el deterioro de la red pública, especialmente en la atención primaria, donde se acumulan los mayores déficits estructurales.

El gasto de los conciertos sanitarios se ha duplicado desde 2010

El documento también analiza otros indicadores que muestran el peso del sector privado en las islas. El gasto sanitario privado per cápita alcanza los 332 euros por habitante y año, uno de los más altos del país, y el equipamiento tecnológico sanitario privado representa el 47,7% del total disponible en Baleares. Además, el número de consultas a especialistas del sector privado se sitúa en 47 por cada 1.000 habitantes, una tasa que confirma la alta penetración del sector en el archipiélago.

En cuanto a la evolución de los presupuestos sanitarios, la FADSP señala que el porcentaje destinado a conciertos prácticamente se ha duplicado desde 2010, pasando de un 4,5% a cerca del 9% actual. Según la Federación, este crecimiento constante de la colaboración público-privada no ha venido acompañado de una mejora equivalente en la calidad asistencial ni en la reducción de las listas de espera, lo que demuestra, dicen, que "la privatización no resuelve los problemas del sistema, sino que los agrava".

La organización llama la atención sobre la falta de transparencia en la gestión y la concentración del gasto en pocas empresas, y advierte de que las privatizaciones son difíciles de revertir una vez implantadas. En el caso de Baleares, la FADSP considera que "el peso del sector privado ha alcanzado un nivel estructural que condiciona la planificación y la capacidad de respuesta del sistema público".

En sus conclusiones, el informe propone reforzar la atención primaria con más personal, más tiempo por paciente y mayor inversión, así como reducir las listas de espera desde la gestión pública y limitar los conciertos a casos puntuales. También reclama que los responsables de los hospitales y gerencias sanitarias tengan dedicación exclusiva al sistema público para evitar conflictos de intereses con la práctica privada.

"La sanidad pública no se vende, se defiende", concluye el documento, que insta a los gobiernos autonómicos a mejorar la transparencia de los presupuestos sanitarios, publicar los contratos con empresas privadas y establecer mecanismos de evaluación independientes. Para la FADSP, la recuperación de una sanidad pública fuerte, universal y bien financiada "solo será posible si se frenan los procesos de privatización y se prioriza la gestión directa de los recursos públicos".

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