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Corrupción sanitaria

La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern

La Guardia Civil se compromete a «detallar la actuación» de la trama «en los contratos adjudicados por Canarias y Balears»

La investigación se centra en la contratación de cifras millonarias de mascarillas y pruebas PCR. | DM

La investigación se centra en la contratación de cifras millonarias de mascarillas y pruebas PCR. | DM

Matías Vallés

Matías Vallés

Palma

La aparición de un informe de la UCO, centrado en las mascarillas y PCR contratadas desde Balears a la presunta organización criminal de José Luis Ábalos y Koldo García, ha sido un recurrente monstruo del Lago Ness en la prensa madrileña. Por primera vez, la Unidad de la Guardia Civil especializada en el Crimen Organizado ha avanzado que tiene «pendiente detallar» los negocios del Govern con la trama corrupta. En el argot utilizado en la capital, se trataría del ya célebre dosier sobre Armengol.

El compromiso de la UCO con la sistematización de los contratos del Govern balear a la banda figura precisamente en la amplia investigación que acaba de entregar, el «Análisis de las contrataciones formalizadas por parte de Canarias». En la introducción a los casi cuatrocientos folios, los agentes señalan al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional aquellas «cuestiones que ya han sido informadas a Vuestra Ilustrísima con anterioridad». A continuación, especifican que «quedaba pendiente detallar la actuación que tuvo en los contratos, adjudicados por las administraciones canaria y balear, la presunta organización criminal que se investiga».

Los pilares de este consorcio supuestamente delictivo de los tratos con el Govern son Koldo García y el comisionista autoinculpado Víctor de Aldama, que «prevalecen como figuras determinantes en las conductas» investigadas. De ambos personajes se ha publicado ya un tráfico importante de comunicaciones con el ejecutivo balear. Sin embargo, falta por analizar el grueso de los intercambios, porque la UCO destaca que el informe recién aparecido «solo hará referencia a los pormenores derivados de la contratación en Canarias».

La precisión de un informe centrado en el ámbito geográfico balear no aclara la orientación política de las administraciones afectadas. Queda claro que la investigación se centra en la época de Francina Armengol, que contrató cifras millonarias en mascarillas y pruebas PCR a la trama de Koldo, en el segundo caso a pesar del fraude del material recibido con el primer pelotazo. Sin embargo, el escándalo también salpica al IB-Salut en la época de Marga Prohens, tanto por el perdón de cantidades adeudadas como por la formalización de un contrato con la trama admitido por el PP aunque atribuido a una gestión previa del PSOE.

Según la instrucción desarrollada a caballo entre la Audiencia Nacional y el Supremo, los esfuerzos de la trama se concentraron en su segunda acometida en Balears y Canarias, por este orden. En las comunicaciones recuperadas por la UCO y adelantadas por este diario, el audio «Baleares acaban de dar el OK para empezar mañana» de Aldama sobre la colocación de las pruebas de detección de la covid sirvió de precedente decisivo, porque «yo ahora diré al de Canarias, lo voy a llamar para decirle, oye, de Baleares ya han dicho OK».

Este paralelismo entre ambos archipiélagos impulsó a la fiscalía Anticorrupción a solicitar al juez que abriera un canal para investigar por tráfico de influencias a la presunta organización criminal en ambas comunidades, en paralelo al trabajo llevado a cabo por la Fiscalía Europea, dado que hubo contratos que se pagaron con fondos Feder. Al asumir este criterio, hoy puede afirmarse que la Audiencia Nacional investiga los nexos de los gobiernos balear y canario con la trama.

Los vínculos entre ambos archipiélagos se extienden a sus dos figuras más representativas en el estallido de la covid, ambas promocionadas por Pedro Sánchez tras fracasar en las autonómicas de 2023. Si Ángel Víctor Torres logró un ministerio, desde donde intenta rebatir la solidez de sus vínculos con el caso Koldo en los informes de la UCO, también Armengol fue elevada a la presidencia del Congreso después de haberse olvidado durante tres años de reclamar el fraude de las mascarillas.

Tras el estallido del escándalo el año pasado, agentes de la UCO tuvieron acceso a los servidores centrales del IB-Salut, para rescatar las comunicaciones relevantes en el trazado de los contratos.

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