Matilde Cuena: "Muchos propietarios prefieren recurrir a una empresa antiocupación antes que acudir al juzgado"

El próximo jueves el Colegio de Administradores de Fincas de Baleares celebra la XI edición de las jornadas Pau Bonet. Este año se abordará un tema tan candente como es la ocupación ilegal de viviendas. Como figura destacada de estas jornadas intervendrá el viernes la catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, Matilde Cuena Casas, que pronunciará la ponencia titulada “la defensa de la propiedad frente a la ocupación ilegítima de una vivienda”. La jurista abordará el problema de la ocupación de inmuebles, las causas y los incentivos legales que contribuyen a la expansión de este problema en España. La catedrática propondrá algunas soluciones para hacer frente a este problema.

-Muchas voces dicen que, en realidad, la ocupación no es un problema grave en España. ¿Usted coincide con este pronóstico?

-A mí si me parece un problema muy grave, porque las cifras así lo demuestran. En el año 2010 se denunciaron 2.710 ocupaciones de inmuebles y el año pasado se denunciaron 16.400. Y solo me estoy refiriendo a las denuncias penales. Si sumamos las demandas civiles, en las que se plantean el desahucio de un inquilino que no paga, estaríamos hablando de más del doble de propietarios afectados por este grave problema social.

-¿Hay que distinguir entre ocupación e inquiocupación?

-No es lo mismo. La ocupación es el individuo que entra a la fuerza en una casa que no es suya. La inquiocupación es el inquilino que dejar de pagar la renta. Sin embargo, en ambos casos el perjuicio para el propietario es el mismo.

-Muchos inquilinos, para conseguir que se les alquile una casa, muestran una solvencia económica que es falsa. ¿Podría tratarse de una estafa?

-Se podría considerar una estafa, ya que con datos económicos falsos estás engañando al propietario que alquila su casa con la confianza de que va a cobrar el alquiler. Después se da cuenta que su inquilino le ha engañado.

-¿Le parece que los juzgados actúan demasiado tarde para echar a un inquilino moroso de una casa?

-Los juzgados están saturados y estos procesos son muy lentos. En el caso de allanamientos de casas las actuaciones son inmediatas, pero en los casos de inquilinos morosos no ocurre lo mismo. En las ocupaciones ilegales se debería aplicar una medida judicial cautelar mientras se tramita la demanda y echar de inmediato al ocupa. Lo que pasa es que muchas veces esta persona presenta un documento de alquiler, que suele ser falso, pero que paraliza dicha medida cautelar. Y para el dueño todavía es peor porque si corta la luz o el agua de esta casa, después puede ser condenado por coacciones.

-¿Esto explica que muchos propietarios que no cobran prefieran contratar a una empresa antiokupación antes de acudir al juzgado?

-Es así y esto es un fracaso del estado de derecho. La ley de vivienda no solo no resuelve el problema que sufren muchos propietarios, sino que pone más obstáculos para que se ejecute el desalojo. Por eso, es cierto que muchos propietarios prefieren recurrir a estas empresas, antes de presentar una demanda judicial, porque les es más rentable y lograr expulsar al moroso de una manera más rápida.

-¿La situación que ocurre en España es similar a la de otros países?

-Una situación como la que sufrimos solo ocurre en nuestro país.

-Plantee algunas soluciones para resolver la situación.

-Una de ellas es que se debería facilitar el desalojo policial. Lo que ocurre es que muchas veces que se entra en la casa de un ocupa lo primero que se denuncia es que la Policía no respeta el derecho a la inviolabilidad del domicilio. En estos escenarios las denuncias recaen sobre los policías y por eso son los agentes los primeros que se niegan a entrar en una casa porque no cuentan con un respaldo legal. Y bajo el paraguas del derecho a la vivienda es cuando se está justificando la ocupación de un domicilio.

-¿Qué razón hay en estos momentos para prolongar la ley de vulnerabilidad, que se aprobó en tiempos del Covid?

-Detrás de esta decisión se esconde un problema muy serio es que en España no hay vivienda social. El Estado debería construir casas para alquilarlas a un precio bajo. Para eso pagamos impuestos, pero en España apenas el 2% del parque de viviendas es público, mientras que en otros países este porcentaje alcanza casi el 40%. En estos momentos el Estado se encuentra que hay muchas personas vulnerables a las que no puede facilitar una vivienda, por lo que convierte al propietario en un escudo social.

-¿Que efecto ocasiona esta ley a la hora de alquilar una vivienda?

-El efecto es muy negativo y está provocando una retirada masiva de pisos en el mercado del alquiler. Ningún propietario quiere alquilar una casa a una persona con un menor o un discapacitado a su cargo, porque supone correr un gran peligro. Ante la falta de viviendas públicas, al Estado no le queda más remedio que tirar del mercado privado y ello se hace como una arma electoral.

-¿Es partidaria de aumentar las penas de cárcel, que ahora son mínimas, frente a los casos de ocupación ilegal de una casa?

-Yo si las aumentaría, como se ha hecho en Francia o en Italia. En España ocupar una casa supone una pena muy leve. Si se castigara esta actividad con más contundencia muchas personas se lo pensarían antes de forzar una puerta y entrar en una casa que no es suya.

-¿Se debe permitir empadronar a personas en una casa ocupada?

-Desde luego que no, debería estar prohibido. En estos momentos las mafias son las que ocupan las casas y después las alquilan. Para evitar problemas todos los contratos de alquiler se deberían firmar a través de una escritura pública y deberían redactarse en una notaría. No debería aceptarse cualquier documento, como se hace en estos momentos, lo que evitaría el bloque de la orden de desalojo.

-¿Existen soluciones alternativas a presentar una demanda para expulsar a un inquilino ocupa?

-Se debería dar más margen a la Policía para que pudiera desalojar las casas ocupadas y esta orden debería cumplirse antes del pronunciamiento de un juez. La justicia es ahora mismo una solución muy lenta y es cierto que el legislador utiliza el colapso judicial para cubrir el problema de la falta de viviendas. Los ocupas dejarían de entrar en la casa cuando comprobaran que la Policía les expulsa de inmediato.

-Son muchos los que creen que los derechos de los ocupas están por encima de los derechos de los propietarios.

-Es que incluso hay partidos políticos que han propuesto fomentar la ocupación, sin respetar el derecho a la propiedad privada que asiste al dueño del piso, que se ha convertido en el centro de todos los ataques, porque disponer de una casa en propiedad es el resultado de un esfuerzo muy grande. Ningún político debería utilizar la vivienda para confundir a los ciudadanos. Ahora mismo deberían adoptarse medidas que pueden ser en estos momentos impopulares, pero que en un futuro serán positivas para todos los ciudadanos.

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