Advierten de que la lucha contra el fraude en la RESOGA no debe ser una 'caza de brujas' contra los más vulnerables

Las revelaciones sobre la mala gestión y los pagos indebidos en la Renta Social Garantizada (RESOGA) han encendido las alarmas en el tercer sector. Tras la presentación del Govern balear sobre la detección de 6.300 expedientes suspendidos sin notificar y la reclamación de al menos 1,8 millones de euros, la Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears, ha respondido con un contundente comunicado. La Red exige eficiencia y transparencia en la administración pública, pero advierte con firmeza: las irregularidades, que achacan a una "dejadez de funciones" de la administración, no pueden usarse como excusa para criminalizar a las personas beneficiarias ni para desmantelar un sistema vital que protege la dignidad de miles de ciudadanos en la pobreza severa.

EAPN Illes Balears defiende en su escrito que cualquier prestación pública debe contar con los mecanismos de control y eficiencia necesarios para su correcta implementación. La organización subraya que la transparencia y la buena gestión de los fondos públicos son "condiciones innegociables en un estado social y democrático de derecho". Sin embargo, advierte que no se puede permitir que estos casos de irregularidades sirvan de excusa para "cuestionar la existencia misma" del sistema de garantía de ingresos ni para "culpabilizar de manera generalizada a los beneficiarios de la RESOGA".

EAPN recalca que es la administración la que ha incurrido en una "dejadez de sus funciones" al paralizar expedientes sin resolución o al no establecer los mecanismos de control adecuados. La organización rechaza frontalmente la postura de aquellos que "aprovechan cualquier brecha para criminalizar a las personas beneficiarias de prestaciones sociales", ya que sembrar sospechas solo alimenta la estigmatización y propaga discursos aporofóbicos.

La Xarxa per a la Inclusió Social ha manifestado su oposición a los cambios que el Govern balear quiere introducir en la ley, específicamente la intención de obligar a los beneficiarios a seguir un itinerario de inserción laboral y la ampliación del requisito de residencia. EAPN recuerda que la RESOGA, a diferencia de otras prestaciones, no exige participar en programas de inserción, lo que la hace más accesible para personas con dificultades estructurales para acceder a un empleo. Por ello, reclaman al Ejecutivo de Marga Prohens que mantenga la condición de derecho subjetivo que tiene actualmente la Renta Social Garantizada. Además, la organización niega el supuesto "efecto llamada" de la prestación, pues afirma que las personas llegan a Baleares en busca de trabajo y una oportunidad, no prestaciones.

Un dique contra la pobreza severa

EAPN Illes Balears pone énfasis en que prestaciones sociales como la RESOGA son "fundamentales", no tanto para reducir la desigualdad, sino para "paliar los terribles efectos de la pobreza severa". La organización señala que esta situación afecta a más de 66.000 personas en la comunidad que viven con ingresos inferiores a 644 euros mensuales. La Red comparte, en parte, el objetivo de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia Sandra Fernández de gestionar la RESOGA "con rigor, empatía y justicia", pero advierte que esto no debe traducirse en una "fiscalización indiscriminada" o una estrategia encubierta para reducir el número de perceptores al mínimo.

La demanda de la EAPN se resume en un doble enfoque: por un lado, transparencia, control y eficiencia en la gestión de todos los fondos públicos —con dotación suficiente de personal y simplificación burocrática en la RESOGA— , y por otro, un compromiso firme con la justicia social y una perspectiva de derechos en las políticas públicas.

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