Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma

Un grupo de docentes mallorquines denuncia años de presunto abuso de poder y casos de acoso en el IES Josep Maria Llompart de Palma bajo la dirección de Jaume Salvà i Lara. Relatan episodios de intimidación, decisiones que consideran arbitrarias y humillaciones públicas contra aquellos que cuestionan o expresan sus dudas sobre cualquier aspecto referido a temas pedagógicos u organizativos, según han relatado a este diario, acompañando sus declaraciones con un informe de riesgos psicosociales realizado el curso pasado, además de documentación presentada en los últimos cuatro años ante Inspección educativa, Riesgos Laborales y, el pasado verano, también ante Inspección de Trabajo.

Además de las repercusiones laborales y de salud en cada afectado, estos profesores (algunos siguen en el centro, otros se han ido) aseguran que esta manera de dirigir se traduce en el deterioro del clima laboral, marcado por el miedo y el silencio, y en una plantilla inestable, lo que afecta a la calidad educativa de uno de los mayores institutos de Mallorca; un centro que históricamente ha sido un referente de la educación de las islas, pero que lleva varios cursos perdiendo alumnos. 

Salvà lleva seis años en el puesto y, preguntado ayer por este diario, niega todas las acusaciones.

Educación es muy consciente de este malestar de parte del claustro, ya que tanto Inspección como Riesgos Laborales han recibido en los últimos cursos a varios profesores que han ido a exponer su malestar e inquietud y a narrar diferentes agravios o amenazas. El curso pasado se realizó una evaluación de riesgos psicosociales del personal que puso nombre técnico a estas denuncias y el informe señaló, entre otras cosas, que un tercio de los docentes (de una plantilla de 145 miembros) han percibido violencia psicológica y que siete de cada diez están en “alto riesgo” en lo que se refiere a relaciones y apoyo social (un factor que evalúa la calidad de las relaciones interpersonales en el puesto de trabajo e identifica posibles conflictos, casos de acoso o violencia laboral).

Denuncia conjunta en Inspección de Trabajo

El pasado verano, al sentirse desamparados por Educación y creer que la evaluación de riesgos no había servido para nada, el sindicato SIAU presentó una denuncia confeccionada por varios docentes en Inspección de Trabajo, con una lista de presuntas irregularidades cometidas en los últimos años, acompañada de nutrida documentación. La denuncia (que no irá más allá por esta vía ya que Inspección de Trabajo los remitió de nuevo a Educación al ser funcionarios docentes) habla del presunto acoso psicológico y laboral ejercido por Salvà contra varios trabajadores del centro: le acusan de mantener “un patrón sistemático” de abuso basado en intimidaciones, menosprecio, difamaciones y la supresión de horas o funciones hacia aquellos que han manifestado discrepancias con su gestión.

Las acusaciones continúan con la emisión de informes y la adopción de resoluciones o acuerdos que, según la denuncia, serían “ilegales”, ya que se han emitido informes donde se sancionaba de manera “irregular” a profesorado y se ha amenazado con la apertura de expedientes disciplinarios sin motivo. También se relataban, mencionando casos concretos, “humillaciones públicas y supresión de funciones” de forma arbitraria además de situaciones de “abuso de poder y pérdida de imparcialidad”.

El escrito también acusa a la dirección de divulgar datos sensibles protegidos al publicarse información confidencial en la aplicación del GESTIB del centro. La denuncia habla también de “negligencia en el desarrollo de sus funciones de dirección” e incluso se señala en la denuncia la “manipulación de documentos públicos”. Narra también "desprotección" de los trabajadores y "negligencia" en la gestión ante conflictos graves. El director, según esta denuncia, habría incurrido además en la “vulneración de derechos colectivos y participación democrática” al intentar obstruir la reunión de trabajadores en asamblea, esgrimiendo impedimentos legales e intimidando al profesorado, y por amonestar arbitrariamente a trabajadores.

Finalmente, el relato le acusa de obstrucción del derecho a la información pública por no informar al profesorado sobre el resultado de la evaluación de riesgos psicosociales.

El informe de riesgos psicosociales

Miembros del cuerpo docente han conseguido dicho informe a través del Sistema d'Accés a la Informació Pública del Portal de Transparencia (así se han enterado además de que el documento fue enviado al centro en febrero). La evaluación entre otras cosas concluye que un tercio del claustro manifestó que en el centro se dan con frecuencia “situaciones de violencia psicológica” y que un 73% de la plantilla estaba en situación de “alto riesgo” en lo todo lo referido a relaciones interpersonales (aquí entran conflictos como casos de acoso) mientras que un 81% lo estaba en lo que se refiere a participación en la toma de decisiones, autonomía, liderazgo y claridad organizativa. Además de la carga de trabajo, el otro factor más crítico son los 'Requerimientos Psicológicos', que afectan al 86,5% de la plantilla. El factor de Cumplimiento de Rol sitúa al 84% del personal en riesgo: menos de la mitad considera que recibe información clara sobre sus funciones o competencias y un 28% indica que se le exige tomar decisiones que suponen un conflicto moral, legal o emocional. Entre los comentarios complementarios recogidos en el informe aparecieron cuestiones que más o menos podrían aflorar en cualquier centro (quejas por el exceso de trabajo, por la burocracia...) pero también se incluyeron menciones a falta de apoyo por parte del equipo directivo ante situaciones conflictivas con familias y alumnos; favoritismos por su parte; y falta de confianza hacia ellos para comentar aspectos de su trabajo. El informe recomienda entre otras cosas que en aquellos temas donde la participación no sea posible (al ser decisiones propias de la dirección), se facilite la información de forma clara y transparente, y que se revisen los diferentes roles para dar instrucciones claras sobre funciones y expectativas.

El director tiene los resultados de este informe desde el pasado febrero, según Transparencia, pero sin embargo todavía no los ha presentado al claustro. Cuando se lo reclamaron, en principio alegó que el informe no se ajustaba a las características del instituto. En el borrador de la Programación General Anual de este curso se indicó no tener formación técnica para transmitir los resultados al claustro “de la manera adecuada”. Finalmente, este lunes el equipo directivo ha convocado un claustro extraordinario mañana miércoles (nueve meses después) para exponer los resultados.

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