El dueño del Medusa culpa a su exsocio y a la propiedad del inmueble de las deficiencias en el edificio que se derrumbó

El dueño del Medusa Beach Club, el establecimiento de s’Arenal en el que murieron cuatro personas y otra quincena resultaron heridas el pasado 23 de mayo de 2024 al desplomarse la terraza, ha culpado indirectamente a su exsocio y a la propiedad del inmueble de las deficiencias en el edificio que se derrumbó.

El empresario austriaco investigado por cuatro homicidios imprudentes y varios delitos más de lesiones imprudentes ha asegurado esta mañana ante el juez de Palma que investiga el caso que “desconocía que hubiera irregularidades” con las obras efectuadas en la terraza en 2013 y con la inspección del edificio. Ni su antiguo socio ni la propiedad del inmueble le comunicaron que las obras realizadas no tenían licencia ni tampoco que la inspección técnica de la finca era desfavorable. Según su versión, se enteró de todo ello después de la tragedia.

El dueño del Medusa Beach Club, Christian Arnsteiner, afincado en Mallorca desde los años noventa, ha subrayado en su breve declaración judicial, en la que únicamente ha respondido a las preguntas de sus abogados defensores Ángel Aragón y Agustín Aguiló, que él creía que todo estaba correcto. Prueba de ello, según ha indicado, es que él frecuentaba el local junto con su familia, sus hijos y sus amigos.

Descarga en Cort

Arnsteiner también ha descargado en el ayuntamiento de Palma su presunta responsabilidad en los hechos. El empresario ha recordado que Cort realizaba múltiples y rutinarias inspecciones en el establecimiento por ruidos y el horario de cierre y nunca le dijeron nada sobre la licencia de obra ni sobre la actividad de la terraza. Según ha destacado el investigado, ningún inspector del Ayuntamiento le comunicó ninguna irregularidad, pese a que era habitual que visitaran el local.

Además, el encausado ha señalado que la terraza del negocio era “perfectamente visible” desde la calle, desde que se efectuaron las obras en 2013. No era una terraza clandestina y el uso de la azotea siempre ha sido visible, tanto desde la vía pública como por la cartelería existente en el local y por la iluminación de la zona. El empresario ha insistido en que nunca se ha ocultado la actividad de la terraza. Por tanto, el Ayuntamiento tenía conocimiento de la actividad que se realizaba en la parte superior del Beach Club.

El investigado ha remarcado que cuando se produjo el derrumbe desconocía cualquier tipo de irregularidad administrativa con el inmueble. Él no participó en la obra de la terraza que se realizó en 2013 ni en su tramitación. En esa época, había otro socio. Según ha manifestado, a finales de 2021, cuando fue nombrado administrador único, no sabía que existiera ningún problema.

Dos años después, en 2023, la propiedad encargó a un arquitecto que tramitara la inspección técnica del edificio, ahora denominada Informe de Evaluación de Edificios (IEE). Según su versión, nadie le trasladó ningún informe ni le comunicó ningún problema con el inmueble ni que la inspección había resultado desfavorable. Se enteró de esta cuestión después del derrumbe. Es más, la propiedad siguió cobrándole el alquiler, según ha apuntado el empresario. Incluso, después de las obras en la terraza, subieron la renta. Y un familiar de la propietaria, que se encarga de la gestión del cobro del alquiler, días antes de la tragedia estuvo en el local tomando café.

El hombre también ha recordado que poco después de que se desplomara la terraza y cayera hasta la planta sótano le llamó por teléfono su antiguo socio, quien le tranquilizó y le dijo que no se preocupara porque todo estaba correcto. En ese momento, tampoco le comunicó que la terraza no tuviera licencia.

Christian Arnsteiner ha consignado hoy 250.000 euros a título personal sin condicionantes para que se entregue a los perjudicados, a los familiares de los fallecidos y a las personas que resultaron heridas en el derrumbe del pasado año, para contribuir en la atención de los perjuicios sufridos.

Su declaración en calidad de investigado ante el magistrado del juzgado de instrucción número 9 de Palma, que investiga el caso, apenas ha durado veinte minutos en la sede de Vía Alemania. El empresario solo ha contestado a su defensa. Durante su comparecencia han estado presentes el fiscal Miguel Ángel Anadón, especializado en siniestralidad laboral, y otros abogados personados en el procedimiento.

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