Anticorrupción acusará de tráfico de influencias a Koldo con Canarias y Baleares

Un vuelco inesperado sacudió ayer el llamado ‘caso Koldo’. La Fiscalía Anticorrupción hizo palanca en el informe de la UCO, sobre las conexiones en Canarias de la presunta organización criminal con el gobierno regional socialista del hoy ministro Ángel Víctor Torres. A partir de la documentación escrita y en audio del chófer de José Luis Ábalos y del comisionista autoinculpado Víctor de Aldama, el ministerio público pasa a acusarlos de tráfico de influencias. No solo en el archipiélago señalado, porque el fiscal reclama la competencia que le ha adjudicado el Supremo en los «contratos adjudicados por los Servicios de Salud Balear y Canario».

La reapertura de facto del ‘caso Koldo’ golpea por igual a los dos archipiélagos. Hasta en dos ocasiones remite el fiscal a la equiparación, resaltando que el ámbito de la investigación afecta a «los contratos de suministro de mascarillas de las administraciones autonómicas de Canarias y Baleares», así como a «los posteriores de suministro de pruebas diagnósticas de covid-19». Torres y Francina Armengol están hermanados en ambos escándalos.

Baleares y Canarias, por este orden, fueron las dos únicas comunidades españolas en las que se impusieron las arbitrarias PCR de detección de la covid a los residentes que regresaban por vía aérea o marítima. El Tribunal Constitucional declaró nulo por unanimidad este procedimiento invasivo. Sin excluir las mascarillas, Anticorrupción considera decisiva en la actuación de la trama «el suministro de pruebas diagnósticas de infección activa a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la comunidad autónoma de Canarias procedentes del resto de España».

En el entrecomillado anterior, puede sustituirse Baleares por Canarias sin ninguna modificación del objetivo de los contratos, ni del discutible procedimiento seguido para cerrarlos, que Anticorrupción inscribe ahora en una acusación de tráfico de influencias. Al contrario, el archipiélago balear inicia un proceso de captación de voluntades que se transmitirá al gobierno de Torres.

La prelación de Balears en la introducción de las PCR de la trama figura precisamente en el informe de la UCO sobre Canarias. Según adelantó este diario el pasado miércoles, Aldama se felicitaba en un audio del éxito de sus gestiones en Mallorca. Celebraba el segundo pelotazo tras las mascarillas con un contundente «Baleares ya han dicho OK». A continuación establecía el procedimiento en cadena al indicarle a Ignacio Díaz Tapia, el responsable del laboratorio Eurofins Megalab que debía recibir el dinero, que «yo ahora diré al de Canarias, lo voy a llamar para decirle, oye, de Baleares ya han dicho OK. Para que se ponga en marcha también él, ¿vale?».

La interacción entre Baleares y Canarias que mantiene la fiscalía se refuerza con el funcionamiento simultáneo en ambas regiones, con independencia de que se sustancie en un tráfico de influencias. Aldama daba las instrucciones a Díaz Tapia a principios de diciembre de 2020 tras recibir el plácet del Govern Armengol. Pues bien, el primer contrato con el gobierno de Torres se produce el 18 de ese mismo mes según la UCO, con un segundo acuerdo económico fechado en Año Nuevo.

El calendario rubrica la importancia de la aquiescencia de Balears para la trama, así como el poder que ejercían Koldo y Aldama sobre los ejecutivos autonómicos de Torres y Armengol. Con su maniobra, y tomando como punto de apoyo la voluntad expresada por el Supremo, la fiscalía ha recuperado la competencia sobre mascarillas y PCR que Ismael Moreno, instructor de la Audiencia, había descargado en la Fiscalía Europea.

La recuperación de la voz acusatoria ha venido acompañada de la solicitud de sendos interrogatorios a Aldama y Koldo, ahora bajo el prisma de un posible tráfico de influencias. Fijadas respectivamente el 27 y 28 de este mes, ambas declaraciones se nutrirán sustancialmente del informe basado en Canarias, pero Anticorrupción ha dejado claro el hermanamiento de «los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario».