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El Govern acepta los 1,2 millones del Gobierno para atender a menores migrantes

Antoni Costa afirma que la cifra "es mejor que cero", aunque no cubre las necesidades

Vox pidió hace unas semanas que se rechazaran estos fondos

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (2i), durante la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que aborda este viernes con las comunidades el reparto de menores migrantes.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (2i), durante la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que aborda este viernes con las comunidades el reparto de menores migrantes. / Gustavo Valiente / Europa Press

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Govern vota este viernes a favor del reparto estatal de 1,2 millones de euros destinados a la atención de menores migrantes no acompañados en Baleares, una cifra que, según el Ejecutivo autonómico, resulta "manifiestamente insuficiente" para afrontar la presión que soportan las islas. Vox pidió hace unas semanas que se rechazaran estos fondos.

Tras la reunión con la ministra de Infancia, Sira Rego, la consellera de Asuntos Sociales, Sandra Fernández, ha criticado la "incoherencia" del Gobierno, que destina 1,2 millones a Baleares "pero que en cambio quiere derivarnos a más menores no acompañados".

"Ni el Govern ni los consells somos racistas, les hemos exigido que nos dejen de dar la espalda y que apliquen una política migratoria adecuada, que se ajuste a la situación real de Baleares. Los servicios de atención a los menores de los consells están sobresaturados y no tienen ni la financiación, ni las infraestructuras ni el personal cualificado para atender a estos menores como se merecen", advierte.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado tras el Consell de Govern que la decisión de apoyar el acuerdo se debe a un criterio de responsabilidad, aunque ha insistido en que la cantidad asignada por el Estado no compensa los costes reales que asume la comunidad. "Es mejor 1,2 millones que cero", ha reconocido Costa, "pero esta cifra no cubre ni de lejos" lo que Baleares necesita para atender con dignidad a los menores que llegan al archipiélago.

Presión creciente sobre el sistema de acogida

La partida aprobada por el Gobierno central forma parte del reparto de 13 millones de euros entre las comunidades más afectadas por la llegada de menores migrantes, en especial Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. El archipiélago balear ha experimentado en los últimos meses un incremento notable de llegadas, sobre todo por vía marítima, que ha saturado los recursos de acogida disponibles.

Tanto Govern como Consell insisten en que el coste medio de la atención integral de un menor —incluyendo tutela, educación, atención sanitaria y alojamiento— supera ampliamente la cantidad ahora aprobada, por lo que la ayuda estatal solo cubre una fracción mínima del gasto anual.

Actualmente, Baleares tutela más de 400 menores migrantes, cifra que se ha duplicado en menos de dos años. La mayoría se encuentra bajo la gestión del Consell de Mallorca, que ha advertido en varias ocasiones de la falta de plazas y de personal especializado para hacer frente a la demanda.

Hace apenas unas semanas, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, hacía referencia a esta cuestión cuando le preguntaron acerca de la ayuda económica anunciada por el Ejecutivo central. El dirigente insular se mostró muy crítico. "Si extrapolamos las cifras, los 700.000 euros asignados a Mallorca no alcanzan ni para cubrir diez días de atención a los menores extranjeros no acompañados", denuncia. "Permítanme la expresión, me parece una broma", añade.

El dirigente subrayó que la falta de financiación no es el único problema: "Por mucha financiación que me llegue, sigo teniendo la problemática de habilitar espacios y contratar personal". Según datos del IMAS, actualmente hay 263 menores extranjeros bajo tutela, dentro de una población total de más de 450 menores atendidos, lo que significa que dos de cada tres menores tutelados son migrantes no acompañados.

"Estamos en una situación de emergencia, con recursos limitados, sin capacidad para ampliar plazas y con grandes dificultades para contratar personal", detallaba Sánchez, y hacía hincapié en que el sistema "no está preparado para una crisis de esta magnitud", ya que la transferencia de competencias a los consells insulares en 1997 "no contemplaba un escenario migratorio como el actual".

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