Alejandro González Mariscal de Gante: "Palma necesita el doble de juzgados"

-¿Qué razón le ha llevado a ser juez decano de Palma?

-Por responsabilidad y por las ganas de participar en las toma de decisiones, sobre todo en una época en la que vamos a asumir el reto de transformar la justicia, que es el mayor desafío de la historia judicial del país.

-Firmó usted esta semana, junto a otros 30 jueces decanos, un documento donde cuestiona la falta de medios para aplicar la nueva reforma judicial, que debe ponerse en marcha a principios de año.

-La idea de este documento es establecer nuestra preocupación, tanto por la reforma, como por la premura en su aplicación. El problema es que se pretende hacer una reforma, la más importante hasta ahora, a coste cero, o exageradamente barata.

-¿Esta falta de inversión en la justicia no le debe sorprender?

-No, pero estamos ahorrando mucho en un servicio público que es esencial y que se dedica a proteger los derechos fundamentales. Nosotros los jueces somos los responsables de la protección de estos derechos y vamos a aplicar la ley, pero también buscamos la comprensión de quien tiene que tomar la decisión, que es el Ministerio, de que de alguna manera se aplique una moratoria y que de tiempo a poder ejecutar esta reforma como el ciudadano merece.

-¿Esta reforma precisará de reformas en los juzgados?

-Así es y aquí en los juzgados de Palma vemos que algunas obras son muy deficientes, que se están haciendo demasiado deprisa y con muy poca inversión.

-¿Qué supondrá aplicar esta reforma judicial en Palma?

-Nos encontramos ante una tesitura compleja y es que esta reforma va a desembocar en una situación grave y en un posible, pero casi seguro, deterioro de los derechos de los ciudadanos. Se crean tribunales de instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales.

-Parece que no le guste mucho esta reforma.

-No es que no me guste la reforma, es que parece que se pretende cambiar el sistema judicial sin ninguna inversión económica. Yo soy juez y tengo muy claro que debo aplicar la ley. Ahora bien, como técnico jurídico puedo decir que esta ley tiene deficiencias que pueden ser preocupantes para la protección de los derechos de los ciudadanos.

-Descríbame la situación actual de los juzgados de Palma.

-Todos están en una situación de sobreesfuerzo y con una gran carga de trabajo. Los jueces están trabajando el doble de lo que les corresponde y muy por encima de la recomendación de prevención de riesgos laborales. Esta situación está poniendo en peligro la salud de los jueces. Sólo en Palma, para estabilizar la situación de la justicia hacen falta el doble de juzgados.

-Con esta reforma el Ministerio parece que pretende paliar este sobreesfuerzo.

-Lo que se pretende es crear un tribunal de instancia para repartir la carga de trabajo, pero da igual la reforma si todos los jueces estamos asumiendo el doble de trabajo del que nos corresponde. Estamos repartiendo mucho entre las mismas personas. Esta reforma no va a mejorar la situación, al revés, la va a mantener e incluso la va a deteriora. Ahora el juez ya no está con los funcionarios, no tiene oficina. El problema aparecerá durante la tramitación que será mucho más lenta. El ciudadano debe saber que la tramitación de un caso se va a retrasar más que en la actualidad.

-Seguramente el ciudadano les culpará a ustedes los jueces otra vez de este retraso

-Los jueces pedimos perdón por el terrible retraso que sufre la justicia, del que nos sentimos responsables, aunque se debe a la falta de inversión. El esfuerzo de los jueces es muy elevado y aunque nos den la culpa, debemos seguir trabajando por responsabilidad hacia los ciudadanos.

-Descríbame una radiografía de la situación actual de los juzgados de Palma.

-El problema es transversal, afecta a todas las jurisdicciones. Todos los juzgados están sobresaturados porque cada vez existen más litigios y los delitos están aumentando. Luego existe el problema de la Audiencia, que señala juicios para dentro de cuatro años.

-¿Qué ha pasado en los últimos diez años para hayamos llegado a esta situación de colapso en los juzgados de Palma?

-La razón principal es que no se ha invertido y no se han creado nuevos juzgados. Nadie puede creerse que todos los jueces nos hemos puesto de acuerdo para trabajar menos y provocar este colapso. Lo que hace falta en Palma es invertir más en justicia. Por eso firmé el comunicado, porque mi obligación es defender a mis compañeros, porque los jueces trabajan para los ciudadanos. Aquí se centra la preocupación de los jueces decanos porque creemos que esta reforma va a ir en perjuicio de los ciudadanos.

-¿Qué argumentos pueden dar al ciudadano para convencerle que una espera de cuatro años para resolver un caso es una situación normal?

-Los jueces tenemos asumido que somos la cara y los ojos de la justicia, pero somos un poder que no controlamos nuestro presupuesto. No decidimos cuántos juzgados hay que crear y dónde se debe invertir. Aún así el ciudadano puede estar tranquilo que sus derechos se van a proteger. La justicia funciona gracias al esfuerzo personal de muchos funcionarios.

-Usted ha sido muy crítico con algunas leyes promulgadas por el Gobierno, como ejemplo la Amnistía. ¿Qué siente cuando el Constitucional avala estas leyes?

-Nuestra asociación APM defiende una opinión en relación con el estado de Derecho y con la coyuntura actual del país. Y nos extrañan situaciones que nos parecen peligrosas, como por ejemplo que muchos gobiernos mantengan conflictos con los jueces. Creo que es un error. Sobre la decisión de que el Constitucional avale la amnistía hay que respetarla. Lo que me parece preocupante es el enfrentamiento que se quiere mantener con los jueces desde el poder político.

-¿Cree usted que existe «lawfare» en España?

-Para nada y además me parece un argumento absurdo decir que existe «lawfare» en España. Lo que está ocurriendo en realidad es que estamos intentando politizar la justicia y a los jueces de alguna manera se nos intenta etiquetar. De la misma manera que yo he resuelto algunos asuntos en un determinado sentido, también las he resuelto en un sentido contrario. La realidad es que los jueces no somos políticos, ni nos interesa la política.

-¿Ante los ataques que sufren determinados jueces, existe poco corporativismo en su colectivo?

-El problema de los jueces es que cuando aprobamos la oposición nadie nos dice cómo se deben asumir los asuntos de gran trascendencia social. Y esto nos cuesta entenderlo. Me consta que los compañeros que han pasado por estas situaciones son claramente consciente de que esta realidad va en el sueldo y por desgracia es así porque nuestro trabajo tiene una relevancia pública muy importante. Lo que a mí realmente me preocupa es que todas las decisiones que adopta el poder judicial después se politicen y se diga que un juez toma una determinada decisión lo hace siguiendo un criterio político.

-Tal como está el sistema, ¿es posible que un juez actúa guiado, no tanto por la ley, sino por su obsesión política?

-Este escenario es imposible. Nuestro sistema legal está protegido y amparado por un régimen de recursos que yo diría que es modélico. Responde a un sistema que se basa en una doble instancia penal. Es un sistema para garantizar los derechos de los ciudadanos. Implica que cualquier ciudadano que está implicado en un proceso penal tiene derecho a que todas las decisiones que toma un juez después sean revisadas por un tribunal. Por lo tanto, para aceptar que un juez adopta decisiones por su inclinación política, estamos hablando que hay que escogerlo entre un grupo de unos 25 magistrados que se pronuncian de la misma manera para perseguir a una determinada persona. Esto es imposible.

-¿Existen diferentes ideologías dentro del Poder judicial?

-Los jueces no pertenecemos a ningún partido pero está claro que pueden existir diferentes ideologías. Pero lo que hay que dejar claro es que los jueces no buscan los casos, les llegan a través de un reparto que realiza un ordenador. Y por eso se garantiza la imparcialidad.

-¿Qué opinión le merece el proyecto que pretende convertir a los fiscales en instructores?

-Es un proyecto que tiene un problema y es que no se en qué medida va a mejorar la justicia. Por un lado, la única forma de garantizar que el fiscal pueda realizar la misma labor que un juez es que exista una absoluta independencia en su labor. Yo no digo que los fiscales actúen guiados por el Gobierno, pero lo que sí digo es que se están generando muchas dudas alrededor de este tema. Y el ciudadano no se merece que haya un fallo en la imagen de imparcialidad que debe tener el fiscal. Cada vez que se dice que el fiscal actúa por motivos políticos, genera un temor en el ciudadano.

-¿Qué le parece que el fiscal general del Estado esté siendo juzgado?

-Es la demostración de que el Estado de Derecho está funcionando. Se le investiga por un determinado delito y está sometido a un juicio donde se garantizan todos sus derechos. Otra cosa es el daño a la imagen institucional.

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