Baleares será una de las regiones menos beneficiadas por la condonación de la deuda

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha situado a Baleares entre las comunidades autónomas que menos se beneficiarán de la condonación parcial de deuda autonómica prevista en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras el pacto entre PSOE y ERC.

Las islas han sido una de las comunidades más críticas con el actual sistema de financiación, que considera insuficiente para compensar el coste de su insularidad y su mayor aportación fiscal al conjunto del Estado.

Según el último Observatorio de Deuda Pública, la condonación equivaldrá a entre 1.200 y 1.400 euros por habitante en las islas, frente a la media nacional de 1.688 euros. El organismo apunta que, si se tiene en cuenta la población ajustada, la condonación media sube hasta los 1.892 euros por habitante ajustado. En este caso, Baleares tendría una condonación de 1,551 euros por habitante.

En el conjunto de España, la medida supondrá que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda autonómica, reduciendo el endeudamiento de las comunidades en 5,1 puntos del PIB y adelantando doce años el cumplimiento del límite legal del 13%, previsto ahora para 2029.

Una mejora modesta, pero positiva

La menor aportación que recibirá Baleares se explica, según la AIReF, por su niveles relativamente bajos de endeudamiento y su menor dependencia de los mecanismos extraordinarios de financiación puestos en marcha tras la crisis financiera.

En el caso de Baleares, la menor participación en los mecanismos extraordinarios de financiación y un endeudamiento históricamente más moderado explican que el efecto sea limitado. Aun así, la medida aliviará parcialmente la carga financiera de la comunidad.

Aun así, el organismo subraya que la medida "reforzará la sostenibilidad de las cuentas públicas y reducirá la carga financiera" de la comunidad, aunque advierte que no generará margen para nuevos gastos, ya que el ahorro en intereses está excluido de la regla de gasto estatal.

Menor deuda per cápita y un modelo cuestionado

De acuerdo con la AIReF, Baleares figura junto a Madrid, La Rioja y Cantabria entre las autonomías con menor deuda per cápita del país. En cambio, comunidades como la Comunitat Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha superan los 2.000 euros por habitante condonado.

El organismo recalca que estas diferencias responden al desequilibrio histórico del sistema de financiación autonómica, que penaliza a territorios con mayor capacidad recaudatoria, como Baleares.

El informe calcula que, en el conjunto de España, la condonación permitirá ahorrar 2.532 millones de euros en intereses en el primer año, y 15.657 millones acumulados hasta 2030. Sin embargo, la AIReF recuerda que ese ahorro no podrá destinarse a aumentar el gasto autonómico, sino que deberá traducirse en una mejora del balance presupuestario.

"Es una medida con efectos financieros, no presupuestarios", advierte el organismo. De hecho, la institución pide que la condonación vaya acompañada de una condicionalidad fiscal clara, vinculada al cumplimiento de las reglas de estabilidad y disciplina presupuestaria.

Un contexto económico más favorable

El estudio de la AIReF sitúa la deuda pública española en el 103,4% del PIB en el segundo trimestre de 2025, lo que equivale a 1,69 billones de euros. Pese a esta cifra, el informe constata una mejora de las condiciones de financiación gracias a la relajación de la política monetaria del Banco Central Europeo y la caída de la inflación en la zona euro.

El coste medio de las nuevas emisiones del Tesoro se sitúa en el 2,5%, 90 puntos básicos menos que en 2023. Este entorno más favorable podría beneficiar también a Baleares, al permitir refinanciar parte de su deuda a menor coste y consolidar su senda de estabilidad.

La AIReF insiste en que la condonación debe enmarcarse en una reforma profunda del sistema de financiación autonómica que refuerce la corresponsabilidad y la sostenibilidad a largo plazo. De lo contrario, advierte, se corre el riesgo de repetir desequilibrios e incentivos inadecuados en el reparto de recursos públicos.

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