El Govern y los API negociarán más controles contra el fraude en la vivienda

La Dirección General de la Arquitectura del Govern «recoge el guante» lanzado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears y próximamente convocará una reunión para analizar con los responsables de este organismo el aumento de los controles que han reclamado para luchar contra el fraude en el alquiler y compraventa de viviendas, según se comunicó ayer desde el Ejecutivo autonómico.

La reunión, se añade, tendrá como objetivo determinar el alcance y viabilidad de las medidas propuestas por los agentes de la propiedad (API), al igual que su encaje en las competencias autonómicas.

Propuestas de los API

Tal y como informó Diario de Mallorca el pasado domingo, lo que el organismo colegial que preside José Miguel Artieda ha propuesto al Govern es la activación de un nuevo sistema de vigilancia en el que los API puedan colaborar con la Conselleria del ramo mediante el rastreo de ofertas que incorporen irregularidades (como las que aparecen en ocasiones en las webs inmobiliarias) y disponer de una vía de comunicación directa para hacerlas llegar al citado departamento autonómico, o poder recoger denuncias de los ciudadanos en relación con estos temas, con una referencia especial al caso de las ‘infraviviendas’, es decir, las que no cumplen con los requisitos de habitabilidad.

Desde el Govern se especifica que estas iniciativas están siendo ya analizadas por los responsables de la Conselleria y de sus equipos de inspección, para luego abordar su posible implantación con el Colegio de los API de las islas.

Sobre la proliferación de las citadas infraviviendas en las ofertas que salen al mercado mallorquín, desde la Conselleria se explica como principal causa la ausencia de pisos asequibles, lo que favorece los abusos y los intentos de fraude a las familias que necesitan una residencia.

En relación con este punto, se subraya que los servicios de inspección de este departamento autonómico abrieron durante el pasado año un total de 46 expedientes sancionadores, la cifra más elevada que se ha registrado hasta ahora, con un fuerte incremento respecto a los 26 contabilizados a lo largo de 2023.

Desde que se aprobó la ley balear de vivienda en 2018 se han abierto 108 expedientes sancionadores por este tema, por un importe global de 3,3 millones de euros.

Registro obligatorio

Hay un punto en el que coinciden la asociación de consumidores Consubal que preside Alfonso Rodríguez, el Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y la Conselleria, y es en el perjuicio que para la lucha contra el fraude ha supuesto que el Gobierno central impidiera la creación en las islas de un registro en que tuvieran que estar incorporados con carácter obligatorio todos los agentes inmobiliarios, con la exigencia de unos requisitos de profesionalidad para poder dedicarse a esta actividad.

Este sistema de control había sido consensuado con las organizaciones profesionales del sector y había contado con el apoyo en el Parlament tanto del PP como del PSIB. Pese a ello, el Estado exigió su supresión bajo la amenaza de recurrir ante el Tribunal Constitucional, haciendo que este registro pasara a ser solamente voluntario.

Aunque se alega que supone un «sello de garantía» formar parte de este nuevo registro, se reconoce que al ser voluntario incluirse en él, no se ha frenado la proliferación de personas que actúan como intermediarios en las compraventas o en los alquileres sin ofrecer unas garantían mínimas a los consumidores.

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