Muchos fraudes en los alquileres de Mallorca no se denuncian por el miedo de los inquilinos a acabar en la calle

Los fraudes en torno al mercado del alquiler se han disparado en Mallorca, hasta el punto de que en estos momentos se vinculan a este tema tres de cada cinco consultas recibidas en la asociación balear de consumidores Consubal. Su presidente, Alfonso Rodríguez, lamenta que la mayoría de los problemas expuestos, como en el caso de las infraviviendas, no son finalmente denunciados por el miedo de los inquilinos a que el inmueble sea precintado por las Administraciones y «acabar en la calle».

Rodríguez subraya que en el último año y medio las consultas que Consubal recibe en relación con los alquileres se han disparado hasta suponer el 60% de las que se reciben, y añade que en el caso de las infraviviendas (residencias que no cumplen con las condiciones de habitabilidad fijadas por la legislación balear, como pueden ser sus dimensiones mínimas) se propone presentar la denuncia ante el Ayuntamiento al considerar que el la vía más rápida para que se actúe sobre el problema.

Miedo de los inquilinos

Pero el presidente de Consubal lamenta que también se advierte al consumidor que en el caso de que la deficiencia detectada sea irresoluble (como cuando no se alcanza la superficie mínima exigida), la Administración correspondiente puede optar por precintar el inmueble, lo que implica que el inquilino puede terminar perdiendo esa residencia y verse «en la calle». Eso hace que lo normal es que las personas afectadas «se asusten» y en la gran mayoría de los casos opten por no presentar una denuncia.

Alfonso Rodríguez añade que la elevada demanda de residencias en alquiler y la escasez de oferta está provocando también un aumento de comportamientos que «aunque puedan resultar legales, son claramente inmorales», y en este apartado señala muchas de las situaciones que se están viviendo en torno al alquiler de habitaciones, un mercado que está creciendo de forma intensa al no estar vinculado a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y a la protección que ésta otorga a los inquilinos.

El presidente de Consubal destaca el número creciente de viviendas en los que el propietario transforma las zonas de descanso comunes, como el salón, en dormitorios, para disponer de más habitaciones en alquiler, dejando solo el baño y la cocina como áreas que pueden ser utilizadas por todos los inquilinos.

Apunta que estas situaciones afectan especialmente a inmigrantes, y señala un caso tratado recientemente por su organización en la que el propietario de un piso de Son Oliva alquilaba cinco habitaciones por 475 euros mensuales cada una, cifra que se elevaba a 525 al incluir gastos de luz y agua. «¿Qué vivienda de ese barrio se podría alquilar por 2.500 euros mensuales?», se pregunta Rodríguez.

En su opinión, estos comportamientos se ven favorecidos por la decisión del Gobierno central de bloquear el registro obligatorio de agentes inmobiliarios que quería crear el Ejecutivo de Marga Prohens (se ha quedado en voluntario), ya que en su opinión se hubiera podido frenar la entrada de personas no profesionales en esta actividad que aceptan comercializar este tipo de prácticas.

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