El Fòrum acusa al PP de vengarse al rechazar la ley de la Sociedad Civil

El Fòrum de la Sociedad Civil acusa al Partido Popular de votar en contra de tramitar una ley de la Sociedad Civil en venganza por la salida del Pacto de Sostenibilidad de dicha entidad, que llevaba más de dos años trabajando en esta norma para reconocer y respaldar a la sociedad civil organizada "al margen del partidismo político".

La norma estaba inspirada en la Ley del Tercer Sector, que protege a las entidades de servicios sociales, mientras que las ambientales, culturales, vecinales y otras entidades ciudadanas están "desprotegidas y en precario, a pesar de jugar un papel fundamental en la protección del patrimonio", recuerda el Fòrum.

Han defendido que la propuesta legislativa gozaba de una cobertura jurídica impecable, ya que se enmarcaba en una resolución del Parlamento Europeo del 8 de marzo de 2022 sobre la sociedad civil en Europa, que reconoce que "las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel esencial en la realización y protección de los valores de la Unión establecidos en el artículo 2 del TUE".

Además, el Estatuto de Autonomía de Baleares establece que los ciudadanos de Baleares "tienen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, en los términos que establece la Constitución, el Estatuto y las leyes".

Recuerdan que el Fòrum de la Sociedad Civil se sumó a las reuniones después de que el Govern pusiera en marcha una gran convocatoria para que la sociedad participara en hacer propuestas para la transformación del modelo económico y social. Tras ver "el trabajo que se hacía y cómo se hacía", manifestaron su desacuerdo con la dinámica que estaba tomando la iniciativa y pidieron audiencia con la presidenta, Marga Prohens, varias veces. Al no ser escuchados, decidieron abandonar las siete mesas de participación en las que estaban.

"Desde ese momento, nuestras iniciativas fueron tratadas de forma distante e indiferente por parte del Govern", recuerdan. Y ahora "esta dinámica se refuerza con la negativa del PP de votar a favor o abstenerse para poder tramitar la Ley de la Sociedad civil, realizar los cambios necesarios en el texto existente y aprobarla más adelante".

El PP y Vox han votado en contra de la toma en consideración del texto legislativo y han evitado así que continúe con su tramitación parlamentaria. El PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han votado a favor.

La diputada socialista Mercedes Garrido ha sido la primera en defender la proposición de ley que, ha considerado, hubiese garantizado la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos que les incumben a través de las organizaciones.

Fortalecer a la sociedad civil, sostiene, "redunda" en la mejora de la calidad democrática. "Apoyar la tramitación de esta proposición es apoyar la democracia. ¿Dónde estará el PP? ¿Con Vox o con la democracia?", ha preguntado dirigiéndose a la bancada 'popular'.

Garrido, además, se ha cuestionado qué motivos tendría el PP para oponerse a la tramitación de esta ley habida cuenta de que, a su parecer, "no es más que la completación de la ley del tercer sector" pero abarcando más allá de las entidades sociales.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, argumenta su apoyo a esta iniciativa legislativa en el reconocimiento que el propio Estatut d'Autonomia hace de las organizaciones civiles y, por lo tanto, es una cuestión que va "más allá de las convicciones ideológicas de cada uno".

"Hay un grupo que no cree en el autogobierno, pero el resto en principios estábamos comprometidos con el Estatut como carta magna de nuestro autogobierno. Solo por eso pedimos que se admita a trámite", señala. "Si no se aprueba hoy se aprobará muy pronto", sentencia Apesteguia.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha considerado que en la actualidad existe "un vacío muy importante" en lo que respecta a la regulación de estas organizaciones que, ha reivindicado, son "un indicador de calidad democrática".

"Si no sacamos adelante una ley como esta todas estas organizaciones dejan de tener un marco que regule sus relaciones con la administración. Es muy grande el precio que estamos pagando por no apoyar el asociacionismo participativo", advierte.

PP y Vox, en contra

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, considera que "amparada en palabras como sociedad civil, participación y diálogo" la proposición de ley "pretende transformar el asociacionismo en un instrumento de poder" y "colonizar el espacio cívico con una sola visión ideológica".

"Es cooptación, control puro y duro de la democracia y la sociedad. La sociedad civil auténtica no necesita permiso de los partidos y ni de los gobiernos para existir. No viven del BOIB sino de la energía de la gente", apunta.

Cañadas señala que, pese a no estar en contra de la colaboración de este tipo de organizaciones con la administración, la propuesta de la izquierda busca "servir como filtro ideológico y de acceso a los recursos".

La diputada del PP Cristina Gil alerta del "momento crítico de degradación de la calidad democrática institucional" y culpa de ello a un Gobierno de España que "ha arrasado con la confianza del ciudadano en el sistema". El "contrapeso" a la "instrumentalización a la que muchos gobernantes están sometiendo a las instituciones", sostiene, solo puede ser "una sociedad civil libre".

Eso, para la 'popular', "no se construye desde la regulación sino desde la libertad para actuar". "Una democracia fuerte no necesita poner límites a la sociedad civil sino todo lo contrario, no ponerle límites y escucharla", afirma. Al contrario, sentencia Gil, la proposición de ley debatida este martes "constriñe a la sociedad civil y controla sus principios, sus objetivos y sus actividades".