Más casos de alquileres de infravivienda en Mallorca: una casa de madera y un 'estudio' de 1,80 metros de altura ilegal

«Se alquila estudio en casa de madera a mujer independiente, totalmente equipada y con todos los gastos incluidos, con baño propio en parcela de 200 metros, piscina compartida, jardín», con un precio de 800 euros al mes. Este anuncio aparece en una conocida web inmobiliaria, pero incorpora un aspecto fundamental: la superficie de esta ‘casa de madera’ de Marratxí, según consta en la información que se facilita, es de 22 metros cuadrados construidos, 20 de ellos útiles. Es decir, se trata de una oferta claramente ilegal al no alcanzar los 25 metros cuadrados y situarse dentro de lo que según la legislación balear debe de ser considerada como una ‘infravivienda’.

En esa misma web aparece igualmente la oferta por 790 euros al mes de lo que se califica como ‘estudio’ de 38 metros cuadrados en Palma, solo para alquiler de temporada (menos de un año), señalando que se trata de un entresuelo sin ascensor. De nuevo aquí se detalla un aspecto clave: la altura de este ‘estudio’ es de 1,80 metros, que se rebaja a 1,70 en la «viga que separa la cama de la cocina». Estamos de nuevo ante una oferta ilegal, según los datos aportados, que entra en la categoría de ‘infravivienda’ por cuanto la legislación impone que la altura de la residencia debe de ser de 2,50 metros, que pueden reducirse a 2,20 en los baños.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, José Miguel Artieda, lamenta que es habitual en Mallorca que vayan apareciendo ofertas de inmuebles que no cumplen con los requisitos exigidos por la ley, a lo que se puede añadir igualmente el no disponer de certificado de eficiencia energética, algo que debe de hacerse constar en este tipo de anuncios.

Nuevo sistema de vigilancia

El hartazgo que estos hechos provocan en el citado organismo colegial, en unas islas en las que las dificultades por falta de oferta residencial hacen que los consumidores sean especialmente vulnerables a la hora de ser víctimas de este tipo de fraudes, explican que los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) hayan presentado al Govern balear una propuesta para colaborar con él y formar parte de un nuevo sistema de vigilancia destinado a perseguir irregularidades como las anteriormente señaladas.

La propuesta del colegio balear que agrupa al citado colectivo profesional fue presentada al Ejecutivo autonómico en la Mesa de la Vivienda celebrada hace un mes, y Artieda pone de relieve que se están manteniendo conversaciones con la conselleria de Vivienda para implantarla. El objetivo es que la escasez de personal que la Administración autonómica padece a la hora de realizar inspecciones se vea paliada con el refuerzo que pueden aportar los agentes de la propiedad de las islas.

El documento elaborado por el citado colegio oficial incorpora medidas concretas a desarrollar con la colaboración del colectivo profesional que representa y del Govern. Y una de ellas es precisamente la puesta en marcha de una «campaña de revisión y sanción de infraviviendas».

En concreto, se apunta que el propio colegio de los API de las islas se ofrece para «hacer la labor de revisión y comunicación de incumplimientos» al Govern, especificando que para ello «se debe de aprobar esa función y establecer el mecanismo de validación, bien sea mediante justificación documental gráfica o acta notarial». Se trata de que este organismo colegial pueda hacer rastreos y disponga de una vía directa con el Ejecutivo autonómico para comunicar esas irregularidades.

Fianzas de alquileres

También se ofrece la colaboración del colegio balear de los API para poner en marcha otra «campaña de revisión y sanción de incumplimientos en los depósitos de fianzas de los alquileres», que contempla «establecer un plazo a todos los propietarios para que depositen y actualicen sus fianzas», para luego poner en marcha un llamamiento a los inquilinos para que se informen si se ha cumplido este requisito. A ello se suma una revisión, con la colaboración de los API, de los contratos de alquiler, con asesoramiento y resolución de dudas gratuita.

En su propuesta, los API destacan que esta iniciativa «servirá para actualizar los depósitos, pero fundamentalmente para tener una base de datos completa y actualizada de alquileres, tan necesaria y distorsionada en la actualidad».

Otra de las medidas que se proponen al Govern es la puesta en marcha de una campaña de concienciación destinada a actualizar las cédulas de habitabilidad y tramitación de las inexistentes en viviendas, conforme a lo que fija la ley balear para venta y alquileres.

José Miguel Artieda apunta que estas y otras propuestas se están abordando con la conselleria de Vivienda, tanto en relación con el mercado de la venta como del alquiler, y que existe voluntad de colaboración por ambas partes para frenar las irregularidades que se están dando en las islas.

Mala praxis

El documento presentado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas al Govern destaca la necesidad de «poner orden y evitar los fraudes así como el intrusismo o la mala praxis generalizada en un sector económico y fundamental como es el inmobiliario», para lo que se reclama una campaña «informativa y divulgativa» que traslade la «preocupación» del Ejecutivo autonómico sobre las actuaciones ilícitas que se están registrando en el archipiélago en el ámbito de la vivienda, además de advertir sobre su intención de luchar contra el fraude y defender a los consumidores mediante nuevos controles.

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