Las organizaciones agrarias defienden la nueva ley y afean a otros sectores que "quieran marcar" el futuro de los payeses

Las organizaciones UPA-AIA, Cooperativas Agro-alimentarias, Unió de Pagesos de Mallorca y Asaja Baleares han reivindicado la importancia de la futura ley agraria y han afeado a otros sectores "quieran marcar" el futuro de los agricultores y ganaderos y de las cooperativas de las Islas.

En un comunicado conjunto, las organizaciones agrarias han defendido que el anteproyecto es una ley necesaria para el sector, a la que las entidades agrarias y cooperativas han aportado propuestas para mejorarla.

El objetivo, han remarcado, es que el texto sea "lo más consensuado posible" y que sea una ley moderna, en sintonía con la nueva Política Agraria Común (PAC) y que se defienda, impulse y proteja a la pequeña explotación familiar y a las asociativas cooperativas.

A su criterio, la nueva norma tiene que fomentar el cooperativismo agroalimentario, proteger los recursos naturales y, a su vez, permitir los usos agrarios propios del suelo rústico.

También han abogado por impulsar la gestión y el aprovechamiento forestal sostenible y de los subproductos y productos dderivados agrarios, apostando por la biomasa.

Por otro lado, han reclamado medidas de priorización de los usos agrarios frente a otros usos impropios en el suelo rústico, así como que la ley vuelva a determinar que los usos agrarios son siempre usos admitidos en suelo rústico. "No hay nada más normal que hacer agricultura en suelo rústico", han apuntado.

En cuanto a las actividades complementarias agrarias, las organizaciones han solicitado que se impulsen y faciliten, con la finalidad de mantener la actividad agraria y la viabilidad de las explotaciones.

También han defendido la necesidad de impulsar la transformación de la producción agraria y la agroindustria y, por otra parte, la comercialización del producto local. Sobre esta cuestión, han considerado "vital" que la ley impulse la venta directa y la venta a través de las cooperativas y SAT.

La ley, han continuado, tiene que fomentar la formación, la investigación, el desarrollo, la digitalización y la búsqueda de datos y recursos estadísticos como elementos esenciales en la adaptación al cambio climático.

Asimismo, las entidades agrarias han insistido en la importancia de reconocer el hecho insular y compensar los sobrecostes. A su parecer, la ley tiene que obligar al Govern y al resto de administraciones de las Islas a legislar de manera que la actividad agraria se pueda llevar a cabo y destinar el presupuesto adecuado.

Entre otras cuestiones, según las organizaciones, la ley tiene que simplificar la relación de los payeses con la administración, impulsar la implementación de energías renovables en el sector, y permitir que las explotaciones que tienen trabajadores temporeros puedan instalar alojamientos temporales mientras dure la contratación.

En estos momentos, han subrayado, la "gran mayoría" de las propuestas están recogidas en el texto. Así, han afirmado que continúan trabajando para conseguir "una ley del sector y para el sector".

"No consideramos adecuado que otros sectores de fuera del mundo de la payesía quieran marcar cuál debe ser el futuro de los agricultores y ganaderos y de las cooperativas de las Islas, y mucho menos aquellos que durante años se han aprovechado directamente de los beneficios sociales, ambientales y paisajísticos creados y mantenidos por el sector primario, sin haber contribuido de forma decidida a su supervivencia", han concluido.