Dos agentes del Seprona ratifican su informe sobre las aves electrocutadas, pero matizan que es muy incipiente

Dos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ratificaron ayer ante la jueza de Palma el informe que elaboraron hace varios meses a petición de la fiscalía sobre la presunta pasividad de la anterior conselleria de Medio Ambiente a la hora de tramitar las denuncias por aves fallecidas electrocutadas en líneas de alta tensión.

Los guardias civiles, que prestaron declaración en la sede de Vía Alemania en calidad de testigos, corroboraron su informe, basado en la denuncia de un agente medioambiental y en la documentación que este les aportó, si bien matizaron que las pesquisas eran todavía muy incipientes.

Por ello, en este documento instaban a que se siguiera investigando por un presunto mal funcionamiento de la Administración por no tramitar los expedientes sancionadores, lo que desembocó en que decenas de actas de infracción prescribieran con el paso del tiempo, y por no haber dado traslado a la fiscalía de aquellos casos más graves que podrían ser constitutivos de delito.

Precisamente, el informe que confeccionaron se fundamenta en la versión que les ofreció el agente medioambiental que denunció los hechos ante el ministerio público y que fue el origen del actual procedimiento judicial abierto en el que antiguos funcionarios y altos cargos de la Conselleria ya han prestado declaración judicial como investigados por presunta prevaricación omisiva. Los dos agentes reconocieron ayer que se basaron en lo que les relató el denunciante, así como en las actas que este aportó. Entre los expedientes sancionadores que prescribieron, figuran algunos que afectan a especies protegidas en Baleares como el milano real o el águila calzada, ejemplares que murieron electrocutados al posarse en tendidos eléctricos que no reunían las condiciones ni disponían de los aislamientos que establece la normativa.

No es concluyente

Los investigadores del Seprona admitieron que su informe era muy inicial y, por tanto, no era concluyente. Reconocieron que no recabaron más datos de la Conselleria ni se entrevistaron con la unidad que se encarga de tramitar las sanciones. Por ello, en su documento instaban a que se llevaran a cabo más diligencias de investigación. El periodo que se está rastreando comprende los años 2018 y 2022. Durante esta época, alrededor de un centenar de expedientes sancionadores de avifauna prescribieron. Cuatro antiguos funcionarios de Medio Ambiente del Govern aseguraron esta semana ante la magistrada instructora que las infracciones caducaban por falta de medios, ya que no tenían personal suficiente para tramitar tantos casos.

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