Cuatro funcionarios del Govern admiten ante la jueza que prescribían denuncias por aves electrocutadas por falta de medios

Los empleados públicos, que ayer declararon como investigados por una presunta prevaricación omisiva, subrayaron que era inasumible tramitar el volumen de expedientes para el escaso personal que había entonces

Los denunciados negaron que existiera una orden o instrucción para dejar caducar estos casos

Un agente medioambiental observa un ave fallecida por electrocución en las islas, en una imagen de archivo. / CAIB

Palma24 OCT 2025 6:00

Cuatro funcionarios que la pasada legislatura trabajaban para la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear reconocieron ayer ante la jueza de Palma que prescribían decenas de denuncias por aves que habían fallecido electrocutadas en líneas de alta tensión debido a la absoluta falta de medios que tenían.

Los empleados públicos, que ayer declararon en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación por omisión a raíz de una denuncia interpuesta por la fiscalía, subrayaron que era inasumible tramitar el volumen de expedientes sancionadores para el escaso personal que había entonces.

Los denunciados negaron que existiera una orden o instrucción política para dejar caducar estos casos. Entre los expedientes que prescribieron, los más graves afectan a especies protegidas en Baleares como el milano real, el águila calzada o el cernícalo, aves que murieron electrocutadas al posarse en tendidos eléctricos que no reunían las condiciones ni disponían de los aislamientos que establece la normativa, según el ministerio público, que ayer no estuvo presente durante las declaraciones.

Los funcionarios que ayer comparecieron ante el juzgado de instrucción que investiga el caso en la sede de Vía Alemania, dos antiguos jefes de departamento y dos exjefes de sección, admitieron que no solo prescribían expedientes relativos a la avifauna, sino de todo tipo, relacionados con temas medioambientales, ya que no disponían de recursos humanos suficientes para tramitar todas las actas de infracción.

Además de estos cuatro investigados, hace varios días también fueron llamados a prestar declaración como denunciados otros tres antiguos cargos de la anterior conselleria de Medio Ambiente dentro del mismo procedimiento.

La causa se inició tras la denuncia de un agente medioambiental ante la fiscalía, en la que exponía que, pese a las numerosas actas levantadas, no se tramitaban los expedientes sancionadores relativos a rapaces que morían electrocutadas, lo que provocaba que muchas de las infracciones prescribieran con el paso del tiempo. El ministerio público abrió diligencias y posteriormente presentó una denuncia, que recayó en un juzgado de instrucción de Palma. En un principio, los hechos que se investigan comprenden el periodo entre los años 2018 y 2022, durante el pacto de progreso del Govern de Francina Armengol.

Desproporción

Los cuatro funcionarios investigados, que declararon ante la magistrada instructora de Palma durante una media hora cada uno, confirmaron ayer que los expedientes prescribían por falta de medios, como también ocurría con otro tipo de infracciones, no solo con las de avifauna.

Los cuatro encausados, defendidos por la Abogacía de la Comunidad Autónoma, coincidieron al señalar que había una desproporción entre todas las actas que entraban y el personal que había en esos momentos en la unidad de sanciones de la Conselleria. Según su versión, los medios humanos eran insuficientes y escasos. No había manos suficientes para dar salida y tramitar todos los expedientes. En aquella época había muy poco personal en el área sancionadora, que recibía las actas de una plantilla mucho mayor de agentes medioambientales, guardias civiles del Seprona e incluso de policías locales.

Los trabajadores públicos rechazaron haber recibido alguna orden política para dejar de lado estas denuncias. Según indicaron, todos los expedientes eran importantes.

La acusación pública mantiene que fueron decenas de actas las que no se tramitaron en esas fechas, algunas de ellas relativas a especies protegidas y otras, a aves silvestres. Según los expertos, la electrocución es la primera causa de muerte no natural en rapaces. Según un informe técnico del Govern balear publicado en junio de 2017, hay estimaciones estadísticas que indican que podrían morir al año, en las islas, más de 230 aves por electrocución. Las compañías eléctricas están obligadas por ley a corregir y aislar los puntos peligrosos de las líneas de alta tensión para prevenir estas muertes.