El Gobierno desautoriza al PSIB y ataca la prohibición balear de alquilar yates privados

La batalla abierta entre el Gobierno central y el balear en torno a la decisión del primero de permitir que embarcaciones de ocio privadas (lista séptima) se alquilen durante tres meses al año como si fueran de chárter (lista sexta), y la prohibición del segundo de que esta operación se pueda dar en las islas, ha registrado una nueva escalada durante las últimas semanas, provocada por dos hechos. El primero es que en una reciente reunión entre representantes de la Marina Mercante estatal y de la conselleria del Mar se comunicó a los segundos que el ministerio de Transportes no tiene la intención de crear excepciones a la hora de permitir los citados alquileres, desmintiendo lo afirmado hace algunos meses desde el PSIB-PSOE. El segundo es que la Delegación del Gobierno del archipiélago ha remitido un requerimiento a la Conselleria para que modifique el decreto en el que se prohíbe esa comercialización durante tres meses al año, entre otros puntos.

El Ministerio aprobó una orden permitiendo que a partir del pasado 15 de agosto las embarcaciones de recreo privadas se pudieran alquilar durante parte del año, una medida que cuenta con una frontal oposición por parte de buena parte del sector náutico de las islas y del Govern, por considerar que agrava la saturación que ya se registra en el litoral balear. Pero a finales de julio la diputada socialista por las islas en el Congreso, Milena Herrera, aseguró que el Gobierno central había aceptado crear una excepción en los territorios con problemas de saturación, como Balears, que debía de entrar en vigor a partir del próximo año, de forma que en estas zonas se pudiera vetar el citado alquiler de yates de uso privado.

Reunión reciente

Desde la conselleria del Mar se asegura que en la reunión mantenida hace algunas semanas por parte de su titular, Juan Manuel Lafuente; el director general de Puertos de las islas, Antonio Mercant; y el director de PortsIB, Francisco Villalonga, con la directora general de Marina Mercante del Ministerio, Ana Núñez, esta última afirmó que no contempla crear esa excepción para las islas, lo que desde el departamento autonómico se interpreta como un desmentido al PSIB, al tiempo que algunos representantes del sector náutico califican esta situación de «desvergüenza» y ven también una desautorización del Ministerio a los socialistas de las islas.

Pero además, el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, ha remitido un requerimiento al Ejecutivo autonómico para que «en el plazo de un mes» modifique algunos artículos del decreto en el que prohíbe que las embarcaciones de uso privado sean alquiladas, por considerar que se están invadiendo competencias estatales y, consecuentemente, se está vulnerando el orden constitucional.

Precisamente uno de los puntos en los que se exige al Gabinete de Marga Prohens que cambie su decreto es el referente el cambio de uso temporal de privado a comercial. El delegado del Gobierno afirma que «esta previsión invade las competencias del Estado» y «rompe el principio de igualdad al impedir una actividad que es lícita en el resto del territorio nacional».

Además, el documento firmado por Alfonso Rodríguez rechaza el argumento de que ese alquiler temporal agrava la situación de saturación del litoral del archipiélago alegando que «no supone aumentar el número de embarcaciones que navegan por los espacios marítimos que rodean las Balears».

El presidente de la asociación de chárter náutico de la patronal APEAM, José María Jiménez, admite su indignación ante argumentaciones como esta última, y recuerda que un barco privado que se alquila es porque no estaba siendo utilizado por sus propietarios, lo que supone que su comercialización permitirá que esté más tiempo en el mar elevando la saturación del litoral de las islas. Por ello, no duda en señalar que las tesis defendidas por el Ejecutivo estatal son de «analfabeto náutico».

El Gobierno español también arremete contra la decisión balear de prohibir la comercialización por plazas de las embarcaciones de alquiler alegando que es un tema que va a regular en el futuro Reglamento General de Navegación de Recreo, y rechaza el uso de banderas y gallardetes que se contempla en la norma autonómica.

Temas que se respetan

Mercant rechaza que vaya a modificarse el citado decreto si no es por decisión judicial pero él y José María Jiménez se felicitan de que desde el Ejecutivo central no cuestione la decisión del Govern de exigir a las embarcaciones de alquiler que cuenten con un punto de amarre o fondeo para la carga del pasaje y el tratamiento de residuos, y que se obligue a contar con un representante en España al que poder remitir las comunicaciones.

Ambos puntos, se subraya, ayudarán a combatir a los denominados ‘yates piratas’ que llegan a las islas para su comercialización durante la temporada turística.

Suscríbete para seguir leyendo