Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas

El empresario de Llucmajor Paco Garrido que comercializa una veintena de viviendas turísticas ilegales en Mallorca utilizando números de registro fraudulentos y falseando el número de plazas acumula actas por infracciones en 21 inmuebles. Todos, a excepción de un par, no tienen licencia turística y en todos los casos, además, se le investiga por explotar más plazas de las que en principio podrían tener dichas viviendas.

A pesar de las denuncias que acumula, incluidas las de Aribnb de vecinos afectados por los excesos y grandes eventos, como bodas, que celebra en sus supuestas villas de lujo interpuestas en el canal de quejas de la propia plataforma de comercialización se desentiende esta le sigue permitiendo explotar las, al menos, 300 plazas turísticas que alquila. Incluso con el acuerdo en vigor entre Airbnb y el Consell de Mallorca para luchar contra la oferta ilegal.

Además, este pirata del alquiler turístico ilegal mantiene la categoría de superanfitrión, distintivo que le otorga la plataforma por sus evaluaciones positivas. Airbnb evalúa cuatro veces al año el rendimiento de sus superanfitriones «para asegurarnos de que solo los mejores luzcan este distintivo», lo que se traduce en que les brindan «más visibilidad y más posibilidades de aumentar sus ingresos y de recibir recompensas exclusivas».

Según ha sabido este diario, Paco Garrido tiene expedientes sancionadores en 21 viviendas turísticas. Hay actas en marcha por lo menos desde 2022, aunque la mayoría tienen fecha de 2025. A estas investigaciones hay que sumar las que están emprendiendo por su cuenta por la vía judicial ciudadanos que tienen que convivir con las fiestas multitudinarias y hasta bodas con un centenar de invitados que se celebran en los inmuebles que explota el empresario.

Del total de villas turísticas hay un par que sí contarían con licencia turística (Villa la Pleta y La Toscana) y las demás se explotan sin contar con el registro pertinente que otorga el departamento de Turismo del Consell. El modus operandi de Garrido consiste en usurpar números de licencia de otras viviendas turísticas legales de Mallorca para incluirlas en sus anuncios en Airbnb y el resto de plataformas comerciales. Ante las sucesivas publicaciones sobre su actividad ilegal en este diario, Garrido ha ido variando los números de registros o directamente se los inventa en algunos casos.

Otra de las infracciones por las que están investigando al superanfitrión de Airbnb es la sobrecomercialización de las viviendas, en muchos casos hasta quintuplica las plazas de las licencias originales. Su especialidad es el alojamiento para grandes grupos (la vivienda con más plazas se alquila para 30) y la celebración de eventos.

Fuentes conocedoras del caso de este empresario que justifica su actividad ilegal en que el Consell «no da licencias» y él tiene que «comer y vivir» lamentan que hasta que no se cierra un acta no se puede levantar otra» en inspección turística, razón por la que Garrido no tiene más expedientes en marcha. Se lamenta el cuello de botella que se hace en Turismo por la falta de tramitadores y cómo se alargan la resolución de los expedientes.

Garrido sigue explotando las viviendas. Por ejemplo en Villa Aladin sus clientes le dejan reseñas esta misma semana destacando su servicio y el anfitrión agradece las alabanzas. Una huésped de Hamburgo se queja de que «dado que la propiedad se encuentra en una zona residencial, a menudo se te pedirá que no hagas ruido. Se da gran importancia a las horas de silencio después de las 22:00.(...) Somos personas muy tranquilas, pero había un mensaje todas las noches para recordarnos que debíamos estar tranquilos. Esta información debe indicarse claramente con antelación».

Precisamente, en Vila Aladin, en es Pil·larí, en Palma, los vecinos han denunciado en este diario que su caso es «surrealista, la propietaria de la casa vive al lado». Hizo una división en la propiedad y ella, una octogenaria holandesa, «vive en una caseta de aperos». Además de las denuncias en el Consell han puesto el caso en manos de un abogado. «Vamos a ir contra la propiedad», avisan.

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