Los funcionarios del Estado en Baleares anuncian una huelga general para el próximo mes de noviembre

Los funcionarios públicos del Estado destinados en Baleares van a convocar una huelga general para el día 27 de noviembre, para denunciar que los sueldos que cobran no les permiten vivir en las islas de una manera digna, debido al alto nivel de vida y a los elevados precios de los alquileres. Este anuncio de huelga, que solo se anulará si la administración del Estado ofrece alguna solución para afrontar el problema, se ha realizado esta mañana en un desayuno informativo que ha organizado el comité de servicios públicos del sindicato UGT, que ha realizado un balance de las diferentes instituciones que dan servicio a los ciudadanos.

El secretario general de esta área, Miguel Ángel Romero, ha señalado que el principal problema que sufren los servicios públicos que ofrece el Estado en Baleares es la temporalidad. Ningún funcionario quiere venir destinado a las islas y quien viene, lo hace obligado porque no le queda más remedio. El trabajador público se enfrenta a que el sueldo apenas le cubre las necesidades básicas para alquilar un piso o poder comer. UGT ha denunciado que en estos momentos hay plantillas de instituciones públicas del Estado en las islas que sufren graves carencias de personal, con plazas que no se cubren y además afrontan un futuro complicado: más de la mitad de la plantilla de funcionarios en apenas cinco años se va a jubilar.

Otro problema grave que sufre la administración, en este caso autonómica, es el alto porcentaje de personal interino que trabaja en estos momentos. Desde el sindicato se recordó que el objetivo al aplicar el proceso de estabilización de las plazas era que bajar al ocho por ciento la tasa de interinos. Este objetivo ha fracasado y el porcentaje actual es del 30 por ciento. Por ello, desde UGT se considera que el proceso de estabilización ha fracasado y ello está provocando una disminución de la calidad del servicio público que se ofrece a los ciudadanos de las islas. Al estar las plantillas compuestas por personal interino no se está fomentando la fidelización de las plazas, según señalan desde el sindicato.

Según explicó Fernando Martínez, representante de los funcionarios del Estado en las islas, la administración central no está adoptando ninguna medida para solucionar el problema de las plantillas, lo que impide que los ciudadanos tengan un servicio a la altura de lo que se merecen. Explicó que instituciones como Extranjería, Sepe o la Seguridad Social no pueden proporcionar un servicio adecuado, debido a la falta de personas en sus plantillas. “Los nuevos funcionarios que vienen a las islas ni siquiera cubren las jubilaciones que se producen”, por lo que es imposible dar el mismo servicio que se presta en otras comunidades autónomas con más medios y más personal.

Para el representante sindical la solución no pasa por contratar a personal sin experiencia, ya que no contribuye a mejorar el servicio que se presta al ciudadano. Para Martínez, es necesario que el Estado aumente el plus de insularidad que reciben los funcionarios del Estado en Baleares, ya que la cantidad que se cobra en estos momentos es insuficiente. De esta manera el trabajador público no querra marcharse de las islas en la primera oportunidad que se le presenta.

El representante sindical Tino Dávia también ha advertido del aumento de las enfermedades mentales que están padeciendo los funcionarios públicos de Baleares, debido a la exceso de carga de trabajo. De hecho, siete de cada diez bajas se deben a problemas de depresión o ansiedad, lo que empeora el servicio público.

En este encuentro, Miguel Ángel Romero planteó la necesidad de que se celebre un debate público sobre el aumento de la ecotasa. Consideró que no hay razón para no aumentar el precio de este impuesto turístico, que consideró bajo con respecto al que se cobra en otras ciudades. Y al mismo tiempo, el sindicalista reclamó que una cuarta parte del dinero que se recauda cada año, alrededor de unos 200 millones, se debería destinar directamente a mejorar los servicios públicos, ya que los turistas también se benefician de dichos servicios, como por ejemplo la sanidad, la limpieza o la seguridad. Asimismo, Romero también aboga por invertir otro 25 por ciento a construir viviendas para los funcionarios públicos, ya que de esta manera se conseguiría la fidelización de estos trabajadores y se evitaría su marcha a otros destinos.