El exdirector del IB-Salut reconoce que el ministerio de Ábalos les contactó para contratar con la 'trama Koldo'

Ante la comisión que investiga la trama Koldo en el Senado, el exdirector del Ib-Salut, Juli Fuster, reconoce que la oferta para la compra de mascarillas durante la pandemia llegó directamente desde el Gobierno, en plena gestión del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. No obstante, niega cualquier contacto con el exasesor ministerial Koldo García, principal investigado.

“La oferta de la empresa llega a la dirección de gestión del Servicio de Salud proveniente del ministerio. No sé si era de Transportes o de Industria. Me dicen que llega una oferta del Gobierno, una posibilidad de tener mascarillas. Yo suspiro y pienso: qué bien”, explica Fuster.

Ante las preguntas del senador del PP Miguel Jerez, el exdirector del IB-Salut insiste: “No me llama a mí. Llama a la dirección de gestión. Lo que sí sé es que se pidió la ficha técnica, se mandó a la central de compras, se analizó y se compró. Yo solo puedo decirle que cuando me dicen que llega una oferta del Gobierno de España, respiro aliviado. ¿Quién iba a dudar del Gobierno en ese momento?”. Minutos después aseguraba: “No tuve ninguna comunicación directa o indirecta con José Luis Ábalos o Koldo García. Ni a través de mi mujer”.

Aunque el exdirector negó haber recibido llamadas directas ni del ministerio ni de Koldo García, Jerez insistió en que los informes de la UCO vinculan a Francina Armengol y Patricia Gómez con el entorno del exasesor ministerial. “Según los informes, fue la propia presidenta quien facilitó el contacto con su consellera. Su esposa lo negó en sede parlamentaria hasta que los mensajes la desmintieron. A eso se le llama mentir”, dijo el senador.

Fuster replicó con frialdad: “No me consta nada de eso. Sé que mi mujer no habló con Koldo para nada del tema de las mascarillas. Ni yo ni ella recibimos llamadas ni instrucciones. No tengo nada que añadir.”

Interrogatorio

Desde el comienzo, Jerez marcó un tono de confrontación incidiendo en que Fuster dirigía el Ib-Salut mientras su esposa, Patricia Gómez, era consellera de Salud del Govern de Francina Armengol. “Ese doble vínculo, de director general y marido de la consellera, nos ayuda a entender muchas cosas”, apuntó.

Fuster respondió con serenidad: “Mi relación personal nunca influyó en las decisiones administrativas. Actuamos con profesionalidad y conforme a la ley.” El senador también rescató la dimisión de Fuster en 2022, a la que vinculó con la investigación judicial. El exdirector lo negó tajantemente: “Dimití por un asunto administrativo en un proceso de oposición de mi hija, nada que ver con mascarillas.”

Las mascarillas chinas y el contrato de la discordia

El foco del debate fue la compra de mascarillas KN95, un modelo distinto al contratado, las FFP2. Según Fuster, en el contexto de la emergencia sanitaria “el Ministerio de Industria había equiparado ambos modelos”. Jerez, sin embargo, sacó una resolución ministerial que revocaba esa equivalencia desde abril de 2020. “Pagaron FFP2 y recibieron otro producto. No fue un error, fue una decisión”, sostuvo el senador.

El exdirector replicó que todo el proceso “fue revisado y auditado” y que “no se trató de una trama, sino de una situación de emergencia en la que se actuó con urgencia y miedo”.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando Jerez exhibió un certificado fechado el 12 de agosto de 2020, firmado por el Ib-Salut, que acreditaba que el suministro “se había realizado correctamente y sin incidencias”. “Ese documento permitió a la empresa seguir contratando con otras administraciones. ¿Cómo se certifica una entrega incorrecta sin que usted lo sepa?”, preguntó.

Fuster negó haberlo firmado: “Lo firmó el subdirector de compras. Y lo que certifica es que ha llegado el número en tiempo y en forma. Además, firmar ese certificado no exime la posibilidad de reclamar”.

“Yo le insisto en que todo está auditado, revisado por la Intervención y la Oficina Anticorrupción. Nosotros actuamos en un contexto de emergencia. Había que proteger a la gente. Había urgencia, necesidad, y se actuó en consecuencia. No se saltó ningún control. Se siguieron los procedimientos que había en aquel momento. No olvide usted que era marzo, abril de 2020, que el mundo entero buscaba mascarillas, que los aviones se perdían en aeropuertos, que el material no llegaba. Era un caos, una guerra por conseguir equipos de protección”, añade.

Tres años de mascarillas almacenadas

El exresponsable del Ib-Salut reconoció que las mascarillas permanecieron tres años almacenadas, sin utilizarse ni en hospitales ni en servicios sociales. “Las almacenamos porque no sabíamos hasta qué punto las podíamos necesitar. Vemos el análisis, decidimos, por un principio de prudencia, almacenarlas. Y en un momento determinado, cuando ya han pasado un par de años y vemos que no van a ser necesarias, entonces decidimos iniciar la reclamación del importe, ni más ni menos. Es en ese momento cuando decimos: bueno, vamos a ver, ya no las vamos a necesitar”, explicó.

Jerez replicó con dureza: “Tres años después, con el material caducado, inician la reclamación el mismo día que Marga Prohens toma posesión como presidenta. ¿Coincidencia?”. Fuster respondió: “Hicimos una primera reclamación de cantidad en el mes de marzo de 2023. La empresa contestó que no estaba de acuerdo y, a partir de ahí, el servicio jurídico del Ib-Salut se puso a trabajar para presentar la demanda correspondiente. Lo hicimos cuando vimos que ya no serían necesarias”.

Pagos por adelantado y sin avales

El senador popular también cuestionó los pagos anticipados a proveedores chinos. Fuster admitió que parte del material se abonó antes de la entrega, pero aseguró que fue “con la debida autorización del Consell de Govern y de la Intervención General”. “China exigía pagos previos. Todos competíamos por el mismo material. Teníamos agentes en China verificando los lotes”, explicó.

Jerez reprochó que otras comunidades exigieron avales bancarios y Baleares no lo hizo. “Pagaron millones sin garantías, con fondos públicos, a una empresa sin experiencia. Eso no es gestión, es temeridad”, sentenció. Fuster se defendió apelando a la crisis económica: “El PIB de Baleares cayó un 20%. Vivimos del turismo. Necesitábamos material urgente para poder desescalar.”