Lucía Salleras, presidenta de Escola Catòlica, patronal de escuelas concertadas: «Tenemos buena relación con Educación, conocen nuestra realidad, pero no hay trato de favor"

¿Cuál es el papel de la escuela concertada en el sistema educativo de Baleares?

La escuela concertada, como siempre hemos defendido, tiene que ser complementaria dentro del sistema educativo. Y en este momento nos sentimos así. Para que haya una escuela de calidad, todos somos importantes y nosotros tenemos un proyecto que ofrecer. Estamos en una etapa de consolidación de nuestros centros y tenemos mucho que aportar a la sociedad para que haya una educación para todos, universal y equitativa. Se suele decir que nuestras escuelas no tienen alumnado con necesidades educativas en la misma proporción que otros centros, pero con cifras en la mano podemos demostrar que no es así.

A nivel estatal, la estadística muestra que el 80% del alumnado con necesidades va a la pública y el resto a la concertada.

Sí, esas cifras son correctas a nivel global, pero hay que tener en cuenta, por un lado, que no somos el 50% de la escuela ordinaria, sino alrededor de un 35-40%. Si añadimos la privada pura, entre concertada y privada sumamos algo más del 40%. Por tanto, si la concertada tiene un 30 y pico por ciento del alumnado, le corresponde un 30 y pico por ciento de alumnado con necesidades educativas. No hay que olvidar tampoco que en Palma sí hay bastante presencia de concertada, pero en muchos pueblos solo existe la pública, y esas escuelas deben asumir el 100% del alumnado con necesidades de su zona. Si consideras esas dos circunstancias, el reparto no es tan desigual como se dice. También influye mucho el factor socioeconómico y sociolingüístico del entorno: no es lo mismo una escuela que está en La Soledad que otra que está en una zona donde hay una sociedad de otro nivel, esto pasa en concertada y en pública.

Niegan que la concertada intente cribar al alumnado, ¿por qué entonces sus batallas por el punto de antiguo alumno o contra la reserva de plazas para niños con necesidades?

Cribar al alumnado no es posible, el proceso de escolarización es el mismo en centros públicos y concertados. El punto de antiguo alumno no fue una petición nuestra, sino una propuesta de la propia Conselleria en su momento. Dicen que es un agravio, pero también lo es, y nadie dice nada, el punto para las familias que vienen de una ‘escoleta’: desde el momento en que no hay plazas para todo el mundo es un agravio. Respecto a la reserva de plazas, lo que siempre hemos defendido es que se resuelva antes, en junio, y no en septiembre, para dar seguridad a las familias.

El conseller viene de la concertada, la presidenta les apoya en público una y otra vez... ¿se sienten la niña mimada del Govern?

Hay una buena relación con la Conselleria, conocen nuestra realidad y eso ayuda, antes muchas veces se legislaba pensando solo en la pública y luego las normas no se adaptaban a nosotros. Ahora entienden nuestras circunstancias desde el principio, pero eso no significa trato de favor: la Conselleria hace su trabajo y nosotros el nuestro y seguimos reivindicando lo que consideramos justo. Y hay que decir que no podemos hacer lo que queremos, como se piensan algunos, hemos de rendir cuentas de los gastos, estamos vigilados y dentro de las instrucciones de Educación.

¿Apoyarían un pacto de escolarización en Palma, como ya hay en varios municipios, para asegurar que el alumnado con necesidades se distribuye de forma homogénea entre ambas redes?

Es un tema pendiente. Hay que revisar y estandarizar los pactos de escolarización en todos los municipios. En Palma hubo un intento de plan piloto, pero el Ayuntamiento dijo que no tenía medios para hacer el cribado del alumnado con necesidades. Ahora, con la incorporación del 0-3, habrá que replantear todo el modelo de escolarización equilibrada.

El 0-3 lo cambia todo. Hay mucha demanda y un déficit histórico de plazas. Educación se apoya en la concertada para incrementarlas de forma más rápida. En un contexto de caída de natalidad, ¿ampliar la oferta de sus centros ‘por abajo’, desde el 0-3, les ayuda a asegurarse el alumnado desde el principio?

Lo vemos como recuperar algo que ya hacían muchas de nuestras escuelas, porque las congregaciones solían tener guarderías. Con el 0-3 damos respuesta a las familias que quieren continuidad y una educación integral desde bebés hasta la ESO, Bachillerato o FP, son familias que confían en nosotros y quieren esta opción porque es complicado tener que buscar otra escuela a los tres años y cambiar a sus hijos. En dos años 32 colegios han empezado a ofertar 0-3 y hay una decena más que quiere empezar a hacerlo el próximo curso.

¿Qué les preocupa más: la caída de la natalidad, la financiación o la autonomía pedagógica?

Los tres factores. La natalidad ha bajado menos aquí que en otras comunidades, pero llegará. Creemos que debería aprovecharse para mejorar ratios, no para cerrar escuelas. En cuanto a la financiación, una parte de la sociedad nos dice que hemos de garantizar la gratuidad de la educación, pero los módulos que recibimos no cubren gastos básicos (luz, agua, limpieza, mantenimiento...). Pedimos un estudio real de costes y que las partidas se actualicen con el IPC. El acuerdo de la legislatura anterior se ha quedado corto porque la parte vinculada a los presupuestos estatales nunca llegó. Al hablar de concertada algunos solo piensan en grandes centros que por su situación tienen más recursos, pero un 75% son escuelas pequeñas de una sola línea, en zonas desfavorecidas o pueblos. Sobre la autonomía pedagógica, pedimos respeto a nuestra capacidad de gestión. Por ejemplo, ya teníamos normativa interna sobre móviles en casi todos los centros, y luego salió un decreto que nos imponía lo mismo que a la pública. No discutimos el fondo, sino la intromisión.

La concertada fue pionera en introducir tecnología en las aulas. Ahora los nuevos currículums limitan las pantallas hasta 3º de Primaria, ¿lo sienten también como una injerencia a su autonomía?

La pública al final puso el turbo y nos superó, ahora se usaban mucho más los dispositivos digitales en los centros públicos que en los concertados. Yo creo que hay que ser coherentes: en la escuela podemos limitar las pantallas, pero los niños salen y tienen un móvil en casa. Ha de haber límites, pero no prohibir sin más, sino educar en un uso responsable. Queremos que salgan con espíritu crítico para discernir qué páginas son seguras, cómo relacionarse con las tecnologías… Las restricciones del nuevo currículum nos generan conflicto con nuestra autonomía de centro. Lo importante es que podamos decidir la metodología que mejor se adapta a nuestro proyecto.

Con la caída de natalidad, en la pública se han cerrado más de una quincena de grupos de 3 años. Algunos concertados han perdido aulas, pero otros han ganado y la cifra global ha quedado igual, ¿entiende que la pública se sienta amenazada o desconfíe?

Eso ya depende de cómo gestione la Conselleria el proceso de escolarización. Lo que nosotros defendemos, y en lo que estamos totalmente de acuerdo, es que lo primero es respetar la libre elección de las familias. Una vez hecho el proceso, las reglas que se aplican para cerrar o reducir grupos son las mismas para públicos y concertados. Si las familias eligen libremente y las normas son iguales, no puedo estar en contra

A final de mes lo habitual es que una familia de concertada pague más que una de la pública, ¿por qué?

Hay distintas circunstancias. Por ejemplo, hasta hace poco había familias de la pública que pagaban más que en la concertada porque utilizaban libros de texto. Ahora ha vuelto a cambiar. En la concertada, muchas veces organizamos al inicio de curso todo el material manipulativo que necesitaremos y pedimos a las familias, de forma voluntaria, que lo abonen, porque normalmente prefieren que sea la escuela la que lo aporte. Otra manera sería no pedir nada al principio y estar reclamando cada semana tres cartulinas o cinco euros para una actividad... Al final, depende de la organización de cada centro, puede que algunos hagan más trabajo manipulativo o más proyectos y cueste un poco más. Pero en cualquier caso, lo fundamental es que el sistema de financiación cubra lo necesario para garantizar la gratuidad real.

¿Por qué cree que al plan piloto de lengua se han apuntado solo concertados?

Es complicado hacer una valoración objetiva de un plan que nació politizado y con muchas connotaciones. En la pública los claustros prefirieron no entrar. En la concertada, el proyecto lingüístico es un pilar y algunas escuelas han valorado que el plan les daba la oportunidad de tener más recursos para reforzar las competencias en castellano o en catalán, según su contexto. Nosotros creemos que todo lo que se ponga como un porcentaje limita a las escuelas, lo importante es el objetivo final, que los alumnos sean competentes de verdad en ambas lenguas oficiales y en una extranjera. En ningún caso lo vemos como un ataque al catalán.

¿El conseller les llamó para animarles, suplicarles o presionarles para participar?

Nos reunimos con ellos para que nos explicaran bien en qué consistía. Luego cada titularidad decidió libremente. La lengua vehicular de Escola Catòlica sigue siendo el catalán. Lo que hemos visto es que ha permitido mejorar competencias tanto en castellano como en catalán, según el perfil del alumnado.

Hace dos cursos algunos de sus centros no pusieron la casilla para elegir primera lengua en la hoja de matrícula, ¿por qué?

El formulario de matrícula es competencia de cada centro. Lo que garantiza la normativa es que las familias puedan ejercer su derecho a pedir la lengua de primera enseñanza. Nosotros siempre tuvimos disponible ese formulario para quienes lo solicitaran. Como todos estos temas se han tratado por unas circunstancias políticas, quizás le creamos problemas políticos a la Conselleria, pero esos problemas no van con nosotros.

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