Acusan a Educación ante la Policía de encubrir las denuncias en Son Canals

Una alumna del centro público CEPA Son Canals ha acusado ante la Policía a los responsables educativos mallorquines de encubrir el rosario de denuncias que ha efectuado contra el citado Centro de Enseñanza Para Adultos. En su extensa declaración ante la Brigada de policía Judicial de Palma, incluye a altos cargos que «taparon la denuncia, haciendo que no prosperara en Educación». La Conselleria se implicó a sí misma en el ocultamiento reseñado no solo al frenar supuestamente la tramitación, sino sobre todo al cambiar abruptamente a la inspectora, Catalina Vidal Llabrés. Seis antiguos profesores del centro afectado, entre los que figuran dos directores y otros tantos jefes de estudios, mantienen abiertamente que el brusco recambio durante las pesquisas «es una medida inexplicable, dudosamente legal y del todo insólita».

La interferencia en las acusaciones de la alumna tuvo una vertiente económica, siempre en la versión de la presunta víctima. En concreto, señala ante la Policía que tras la primera denuncia supuestamente cancelada en la Conselleria, un responsable educativo «le pagó 60 euros» para que remitiera un correo desdiciéndose al CEPA Son Canals. La denunciante admite que aceptó el trato «bajo coacciones». Los profesionales conocedores del caso admiten su situación de persona vulnerable, y ella misma señala en sede policial que «tenía una situación económica nefasta y los 60 euros eran para poder comer».

Este diario avanzó el mes pasado que «Educación cambia a la inspectora de Son Canals en plena investigación». Los exprofesores citados se refieren directamente a «la apertura de un expediente al actual director del centro y la auditoría general». Ningún responsable de la Conselleria se atrevió a defender la medida drástica y en estos momentos comprometedora contra la funcionaria, los portavoces del departamento del Govern se escudaron en que «ha habido incorporaciones y jubilaciones».

La motivación estrictamente política de la destitución de facto de la inspectora ha sido confirmada por numerosos profesionales consultados, y la denuncia de la alumna inscribe el apartamiento en un proceso de ocultación de lo ocurrido. Profesores veteranos y acreditados resumen la situación en que «aterrorizados por la posibilidad de que les descubrieran irregularidades, han presionado a amigos de la Colla Vella». El propio Bartomeu Cardell, actual director de Son Canals, se apresuró a felicitarse del recambio en la inspección, con un largo mensaje al claustro donde celebra una futura «colaboración más cercana y constructiva». El viraje en el expediente desde la cúpula de la Conselleria exige de la intervención personal de Antoni Vera, una implicación que no fue desmentida por cargos intermedios de la Conselleria a preguntas de los afectados.

Las acusaciones veladas a la profesionalidad de Catalina Vidal, de reconocida trayectoria en el campo de la inspección, contrastan con las iniciativas radicales llevadas a cabo por responsables educativos, según la denuncia efectuada por la alumna de Son Canals. Siguiendo su relato policial, la apertura del «proceso de expediente» ahora reorientado por el Govern se vio seguida de una curiosa oferta. En su versión, se le propuso acudir a un notario, de nuevo con la intención de que desmintiera ante el fedatario público las acusaciones que ahora oficializa.

La propuesta notarial recibió una negativa de la denunciante, que además asegura haberla puesto en conocimiento de la inspección educativa. Este hecho se habría producido el pasado julio, según consta en la denuncia policial. Tras las vacaciones de verano se produciría la fulminante sustitución de la inspectora al frente del expediente, que «sigue su curso» según los portavoces de Educación.

La alumna de Son Canals mantiene que su situación no corresponde a un caso aislado. En su declaración ante la Policía se refiere a «otras víctimas del centro» y explica cómo localizarlas. Los profesionales que se declaran testigos de los acontecimientos señalan que las protagonistas son a menudo personas en situación vulnerable.

La denunciante recibe en estos momentos asesoramiento jurídico, y es previsible que los hechos en que se implica a Educación tengan un desarrollo judicial. El arsenal probatorio incluye un relato en el que altos cargos habrían participado en la resolución de exámenes de sus alumnos, además de una serie de WhatsApps de contenido explícito. Pese a la acumulación de circunstancias cuando menos anómalas y que se acumulaban en el expediente inspector, los portavoces de Educación defienden la absoluta normalidad de la situación. Esta postura ha sido la habitual, incluso en escándalos visados con una sentencia penal.

A raíz de las informaciones publicadas, el PSOE presentó el jueves una solicitud de información en el Parlament, donde requiere del Govern «copia del expediente de la investigación y supervisión del CEPA Son Canals y su dirección, tanto la realizada por Catalina Vidal como por el inspector actual».

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