"Hay que retirar a los menores migrantes de la guerra partidista en Baleares y garantizar una acogida digna", exige la asociación Prosocial

La asociación Prosocial, dedicada a la defensa de los derechos sociales y la reivindicación de servicios sociales dignos y estables, ha emitido un comunicado en el que exige a las administraciones de Baleares que pongan fin al uso de los menores migrantes no acompañados como arma en la disputa política. El texto, que aborda la polémica surgida a raíz del rechazo del Govern y los Consells Insulars a la acogida de jóvenes procedentes de Canarias, subraya la necesidad urgente de garantizar una protección integral y una integración comunitaria para este colectivo en situación de extrema vulnerabilidad.

La controversia se intensificó este verano cuando el Govern de Marga Prohens anunció que solicitaría al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto que establece la distribución de un número limitado de estos menores, alegando la saturación de sus propios recursos. Esta postura fue criticada con dureza por el Ejecutivo canario, que calificó la decisión de "irresponsable" e "insolidaria" en un contexto en el que sus centros de acogida superan con creces su capacidad operativa. Prosocial, por su parte, va más allá de la disputa territorial y se centra en las consecuencias humanitarias y sociales de este enfrentamiento político.

Despersonalización del debate

El escrito de Prosocial destaca con preocupación que el debate migratorio ha degenerado en una "guerra de retribuciones y acusaciones sobre el número de personas a atender", lo que implica que "se está hablando de números y no de personas y sus realidades". La asociación alerta sobre el riesgo de que, al centrar la discusión en las "cantidades", estos niños y jóvenes dejen de ser considerados como tal para convertirse simplemente en “el problema”. Este proceso de despersonalización es, a juicio de Prosocial, sumamente peligroso, ya que ignora la fragilidad emocional, la necesidad de seguridad personal y la garantía de derechos que requiere este colectivo.

"Los menores son el grupo más débil en cuanto a fragilidad emocional, seguridad personal y garantía de derechos," recuerda el comunicado. Se trata de poblaciones que han huido de conflictos, persecuciones y hambrunas, y que han soportado recorridos de miles de kilómetros, expuestos a múltiples situaciones de peligro y abuso, incide. Por lo tanto, Prosocial insiste en que, de acuerdo con las convenciones internacionales y la legislación española, son el colectivo al que se debe ofrecer la máxima protección.

Estigmatización

Un punto central de la denuncia de Prosocial es la criminalización y estigmatización que sufren estos jóvenes, impulsada, según la asociación, por "determinados partidos políticos y medios de comunicación". Esta criminalización agrava la vulnerabilidad de los adolescentes, que a menudo son identificados y tratados de forma homogénea, sin atender a la diversidad de sus historias y necesidades. La asociación advierte que la estigmatización actúa como una "barrera significativa en su proceso de integración social" y, peor aún, puede "incitar y fomentar el odio hacia ellos".

La asociación advierte que la estigmatización actúa como una barrera significativa en su proceso de integración social y, peor aún, puede incitar y fomentar el odio hacia ellos

Ante este escenario de confrontación, Prosocial exige a las distintas administraciones, en el ámbito de sus competencias, una serie de medidas de calado, que buscan reencauzar la atención hacia una perspectiva de derechos y bienestar. La primera y fundamental de ellas es "sacar a los menores de la disputa partidista", deteniendo el uso de la "cuestión canaria" para alimentar la guerra política.

Claves para una acogida de calidad

El listado de peticiones de la entidad abarca desde lo político y comunicacional hasta la gestión directa de los servicios de protección, la inserción y la sensibilización social. En el plano de la comunicación y la imagen pública, la asociación exige eliminar la publicidad institucional y política que utilice imágenes y mensajes que transmitan la criminalización del colectivo, equiparándolos a una amenaza social. De igual modo, insta a los medios de comunicación a actuar con la "máxima protección y respeto a los menores", evitando noticias de carácter alarmista.

En cuanto a la calidad de la atención, las demandas son concretas y numerosas. Prosocial reclama una atención educativa de calidad, con programas que ofrezcan recursos educativos, de inserción social y laboral adecuados para estos adolescentes y jóvenes. Además, exige la inspección y control de los centros de acogida de urgencia para garantizar un trato correcto y la urgente autorización de plazas por parte de los Consells Insulars, en línea con la necesidad expresada por el propio Govern balear sobre la saturación de su sistema.

La cuestión de la estabilidad y el futuro de los menores también es abordada de forma específica. Se requiere "vetar que los plazos para documentar a los menores se alarguen excesivamente", mejorando los procesos de tramitación en las oficinas de extranjería. Es crucial, según Prosocial, el incremento de plazas para la emancipación de los jóvenes tutelados, asegurando un "circuito de atención" que facilite su paso del sistema de protección a la vida adulta. La asociación es tajante al señalar que "se debe detener cualquier intento de retrasar las ayudas para los jóvenes recién llegados", que necesitan apoyo en el momento de su llegada, no años más tarde.

La infraestructura de acogida y su financiación es otro eje de la crítica. Prosocial subraya la necesidad de asegurar que las plazas de primera acogida estén "bien dotadas económicamente" para que las entidades gestoras puedan ofrecer una atención de calidad. Además, se solicita un incremento de plazas residenciales una vez superada la fase de urgencia, para asegurar un circuito de atención "coherente y estable", y la necesidad de evitar la ubicación de centros en áreas periféricas, ya que el alejamiento de la ciudad "incrementa su exclusión".

Integración

El enfoque de Prosocial pone un énfasis significativo en la integración comunitaria. La asociación exige la vinculación de los menores con una comunidad de referencia, argumentando que, para crecer adecuadamente, deben formar parte activa de la sociedad. Añade que la situación residencial no debe convertirse en un "enclaustramiento, con una separación de la comunidad", sino que "la acogida, la vinculación, la integración se hace en el ámbito comunitario o difícilmente se hace". Para facilitar esto, Prosocial pide la puesta en marcha de medidas de sensibilización social para generar un clima de aceptación, y "un programa de padrinazgo/mentoría, coordinado por los Consells, para que ciudadanos voluntarios puedan acoger o acompañar a los jóvenes migrantes".

Prosocial pide la puesta en marcha de medidas de sensibilización social para generar un clima de aceptación, y "un programa de padrinazgo/mentoría, coordinado por los Consells, para que ciudadanos voluntarios puedan acoger o acompañar a los jóvenes migrantes"

Finalmente, la asociación demanda la más absoluta "transparencia y objetividad en la información" que las administraciones poseen y difunden sobre esta materia, incluyendo el número de centros y plazas, las entidades que las gestionan y la fórmula de gestión, eso sí, protegiendo la identidad y ubicación de los centros. También se exige la coordinación y cooperación entre los Consells Insulars, mencionando explícitamente a Formentera, para que la atención se adapte a sus dimensiones y recursos.

En conclusión, para Prosocial, la atención a los menores migrantes debe dejar de ser un foco de conflicto político para transformarse en una "oportunidad para generar nuevas maneras de abordar la protección de menores en general" y, por ende, "reforzar el sistema de atención a la infancia y la adolescencia" de todas las administraciones públicas.

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