El Govern confía en tener en tres meses un registro de objetores al aborto en Baleares

La consellera de Salud, Manuela García, asegura que el aborto "está absolutamente garantizado en todos los centros sanitarios públicos de Baleares" y que la comunidad "cumple la ley" en este sentido, después de que el Gobierno central haya dado tres meses a cuatro comunidades, entre ellas este archipiélago, para crear el registro de profesionales objetores de conciencia previsto por la normativa estatal. La titular confía en que el registro esté listo dentro del plazo que le exigen, pese a que todavía tiene que recibir el visto bueno de organismos como el Consell Consultiu o el IBDona.

En declaraciones a los medios esta mañana en una rueda de prensa, García ha subrayado que el Govern "no ha modificado ningún protocolo" y que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) "se practica en todos los hospitales públicos de las islas". "La asistencia está asegurada en cualquiera de los centros sanitarios de Baleares", ha afirmado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a la presidenta de las islas, Marga Prohens, y a los líderes autonómicos de Madrid, Aragón y Asturias para requerirles la creación de este registro de objetores en el plazo de tres meses. El Ejecutivo central argumenta que su ausencia "limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley" y advierte de que, si no se cumple el mandato, se "reservará la posibilidad de emprender acciones legales" contra las comunidades.

El registro de profesionales objetores de conciencia está recogido en la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reformada en 2023. La norma obliga a las comunidades autónomas a contar con este listado para garantizar que existan equipos médicos disponibles en los hospitales públicos para practicar abortos, sin que la objeción de algunos sanitarios limite el acceso a la prestación.

"Entiendo que sí"

Preguntada por el asunto, García ha admitido que Baleares aún no dispone del registro, pero ha explicado que el Govern "ya está trabajando en el decreto" necesario para crearlo. "Está en vías de desarrollo. Tiene que pasar por el Consell Consultiu, por el Institut Balear de la Dona y por distintos informes pertinentes, y ahora mismo estamos en esa fase", ha detallado. "Entiendo que sí", ha respondido a la pregunta de si el registro estará listo en tres meses, aunque ha insistido en que, mientras tanto, "la atención sanitaria está garantizada y se cumple la ley".

El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, envió ya en julio una comunicación a las autonomías para instarlas a aplicar esta parte de la normativa. En ella se advertía de que "muchas mujeres siguen encontrando barreras geográficas, administrativas u organizativas” que dificultan el acceso a la IVE en el sistema público. El Gobierno subraya que "el respeto a la objeción de conciencia nunca puede convertirse en un obstáculo" para el ejercicio de este derecho.

En el caso del archipiélago, la consellera ha defendido que no existen problemas de acceso a la interrupción del embarazo y que el sistema público asume los procedimientos sin derivaciones externas. "Aquí el aborto está absolutamente garantizado en todos los centros públicos. No hemos modificado nada y seguimos cumpliendo con la ley", ha reiterado.

Baleares deberá, por tanto, aprobar el decreto que regule el registro autonómico de objetores antes de que concluya el plazo de tres meses fijado por Moncloa. El Govern sostiene que el proceso administrativo está en marcha y que, una vez completados los informes preceptivos, el registro quedará constituido.