PP y Vox inician el trámite para derogar definitivamente la ley de Memoria Democrática en Baleares

El grupo parlamentario Vox Baleares ha presentado en el Parlament una Proposición de Ley para derogar íntegramente la Ley 2/2018 de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas Baleares. La iniciativa, registrada por los diputados Sergio Rodríguez y Manuela Cañadas, responde al acuerdo alcanzado hace apenas unos meses entre la formación de Santiago Abascal y el Partido Popular en la comunidad autónoma.

La última vez que se votó esta misma propuesta de Vox, el pleno del Parlament tumbó 'in extremis' la iniciativa con los votos en contra de la izquierda y la abstención del PP, después de que la formación de Marga Prohens hubiera llegado a un pacto con PSIB, Més y Podemos a raíz de la ruptura de relaciones entre los populares y Vox.

"Cumplimos así con los compromisos adquiridos con el Partido Popular en el reciente acuerdo entre ambas formaciones y exigimos la inmediata tramitación parlamentaria de esta iniciativa, que pretende poner fin a una normativa sectaria, revanchista y utilizada como herramienta de manipulación ideológica", apuntan en un comunicado.

La formación, que ha presentado la iniciativa en solitario pero que ya cuenta con el apoyo del PP, asegura que la norma ha servido "exclusivamente para dividir a los ciudadanos, reabrir heridas y reescribir la historia desde una perspectiva ideológica profundamente sectaria". Además, celebran la derogación porque supone "un compromiso con la libertad de pensamiento, con todas las víctimas, sin distinciones, y con la reconciliación real de los españoles, lejos de la manipulación ideológica de la izquierda y el uso partidista de las instituciones".

Argumentos de la proposición

El texto registrado sostiene que la Ley de Memoria Democrática balear vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la igualdad (art. 14), la libertad ideológica (art. 16), la libertad de expresión y de cátedra (art. 20). Según la iniciativa, esta normativa impone un "relato oficial" sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, lo que supone un "ataque" al pluralismo político y a la libertad de investigación.

Los promotores de la derogación defienden que "no es potestad de ningún legislador de hoy juzgar colectivamente a aquellos españoles de entonces" y que la concordia, y no el "revisionismo rencoroso", debe guiar la relación con el pasado. En esa línea, el proyecto aboga por dejar en manos de historiadores y expertos el análisis de los acontecimientos históricos, evitando que los poderes públicos impongan interpretaciones.

"La Ley de Memoria no es la que nos gustaría, de hecho es una ley con la que no estamos de acuerdo. Nosotros lo que le damos importancia es a la Ley de Fosas que el Govern de Prohens cumple escrupulosamente. No teníamos ningún problema en un momento determinado en la derogación de la Ley de Memoria porque tenemos la ley de fosas y una ley estatal de memoria. Es verdad que después nos abstuvimos, y ya veremos más adelante qué sucede", explicó la portavoz adjunta del PP, Marga Duran, hace apenas unos meses.