Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños

En términos absolutos la okupación afecta a un porcentaje mínimo de viviendas (en 2024 fue un 0,06% del parque inmobiliario de España), pero profesionales del sector constatan que en los últimos años (al margen de los que lo hacen por necesidad real por no tener dónde ir) han surgido perfiles que han hecho de la okupación un trabajo y conforman una suerte de industria ilegal de la usurpación, beneficiándose de que la «lentitud burocrática juega a su favor» y aplicando la picaresca para aprovecharse de los recovecos de la ley.

Así lo explica Enrique Oltra, abogado experto en cuestiones relacionadas con la propiedad que trabaja sobre todo en Mallorca y en Andalucía y lleva muchos casos de propietarios afectados por esta práctica.

Oltra describe que hay en este mundo un perfil de personas que venden ‘la patada’: se dedican a vigilar viviendas que salen a la venta y saben que están vacías para ir y forzar el acceso, cambiar la cerradura y poner alarma y muchas veces cámaras. Estas personas se presentan después como arrendadores ante terceros, ofreciéndoles el alquiler de la vivienda con un pago sustancioso por adelantado. Algunos redactan contratos con apariencia de legalidad. Los que firman a veces saben y a veces no (o no quieren saber) que la vivienda no es de esa persona que se la ofrece.

«Hay gente que ha hecho de esto su modo de vida», señala Oltra, que relata el caso de una mujer que encadenaba varias ocupaciones en la costa andaluza: primero se instalaba en un piso vacío, después pedía hasta 5.000 euros por “traspasarlo” a otra persona y se mudaba a una nueva vivienda. Siempre eran propiedades de entidades bancarias, consciente de que éstas tardan meses en denunciar.

Objetivo: blindarse en las primeras horas y alargar la estancia el máximo

Estos ‘expertos’ saben cómo blindarse en las primeras horas, detalla el abogado. Una estrategia es la de pedir comida a domicilio: días antes de forzar el acceso e instalarse en la vivienda, hacen pedidos a domicilio que recogen en la puerta y guardan los tiques, así si tras okupar llega la policía pueden hacer creer que llevan allí más tiempo. También introducen cunas, fotos de niños y objetos infantiles para dar apariencia de arraigo. Otra estrategia es pedir una nota simple en el registro de la propiedad (se fijan en el nombre que figura en el buzón) y recurrir a falsos contratos para simular legitimidad.

La entrada, con ‘la patada’, es un negocio para algunos. La salida puede dar dinero también: «Hay mafias que por 3.000 o 6.000 euros te devuelven el piso con llaves en mano”, advierte Oltra, que conoce a un propietario al que le han exigido hasta 40.000 euros para irse. Ganar tiempo es clave y algunos pelean por la vía judicial hasta el final: «Llevo un caso en el que los okupas han alargado sus recursos acudiendo hasta tribunales europeos».

Otro tema aparte es el de los inquilinos que dejan de pagar. En esta área, este abogado relata casos que ha llevado de gente que no solo deja de pagar, sino que encima aprovecha para sacar dinero, como personas que alquilan oficina y luego las subarriendan como vivienda.

Las cifras

El abogado opina que el origen primigenio de esta situación es que en España «no se hace vivienda pública». Hay un problema grave, y la administración, al no proteger a los propietarios, está delegando en ellos el drama del acceso a una vivienda.

En Baleares, en 2024 se denunciaron 514 casos de allanamiento o usurpación (cien más que en 2023), el 0,079% del total de viviendas de las islas. A nivel estatal, la okupación afectó a 16.400 viviendas, el 0,06% del parque total inmobiliario.

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