Casi la mitad de los autónomos de España destina entre el 25% y el 50% de sus ingresos al alquiler de su local de trabajo

El encarecimiento del mercado inmobiliario no solo ha disparado el coste de la vivienda, sino que también amenaza la supervivencia del comercio de proximidad. Según la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), “un 43% de los autónomos en España destina entre un 25% y un 50% de sus ingresos netos a pagar el alquiler de su local”.

Por otro lado, en el último año, se han cerrado más de "10.000 comercios en España, lo que equivale a una media de 38 cierres diarios", según ha recordado el presidente de UATAE en Balears, Jeroni Valcaneras. De hecho, solo en julio de 2025, el sector perdió 2.593 negocios respecto al mes anterior. Valcaneras asegura que “quien no puede asumir el alquiler de los locales, debe cerrar”, lo que implica que el encarecimiento del mercado supone una mayor probabilidad de fracaso laboral.

Los datos del Observatorio del Trabajo Autónomo, impulsado por la UATAE, muestran que el incremento de los alquileres “no es coyuntural, sino estructural”. Entre 2020 y 2023, la renta mediana de locales, oficinas y naves industriales ha subido un 18,6%, y más de un 20% en cinco años a nivel estatal. Respecto a las diferencias territoriales, Baleares lidera los precios de locales comerciales con 21,40 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (17,68 euros) y Cataluña (13,23 euros). En el caso de las oficinas, Madrid encabeza con 17,71 euros por metro cuadrado, por delante de Cataluña (16,80 euros) y Baleares (14,87 euros).

Medidas urgentes

Por este motivo, UATAE reclama una regulación de precios en zonas tensionadas, ayudas directas al alquiler y medidas para frenar la especulación inmobiliaria. “No se puede sostener una actividad económica si hasta la mitad de los ingresos se destinan al local”, advierte Valcaneras.

Por su parte, la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (PIMECO) apuesta por contratos de al menos cinco años que aporten estabilidad, la prohibición de cláusulas abusivas y subidas que no estén ligadas al IPC, además de incentivos fiscales para propietarios que favorezcan el comercio de proximidad.

Asimismo, la asociación de restauradores de la Federación (PIMEM-Restauración) advierte de que el principal riesgo aparece en el momento de renovar los contratos, cuando “las subidas van más allá del IPC”. “Muchos restauradores empiezan a buscar local dos o tres años antes de la renovación por el miedo de que la subida será inasumible”, explicó César Amable, presidente de la organización.