El comercio mallorquín denuncia que el Govern no le da un plan para actuar ante inundaciones

Nueve meses después de que la totalidad del sector comercial de las islas reclamara al Govern un protocolo de actuación en el caso de riesgo de inundaciones, y cuando desde el Ejecutivo autonómico ya se ha activado en fase de prealerta el plan especial destinado a hacer frente a este tipo de situaciones (Inunbal), las patronales de esta actividad empresarial critican que su reclamación sigue sin verse atendida, y ello a pesar de que estas mismas organizaciones presentaron una propuesta con un protocolo de actuación frente a estas catástrofes. Los representantes del comercio balear recuerdan que sus negocios ocupan plantas bajas en las poblaciones de las islas, lo que convierten a sus trabajadores y clientes en especialmente vulnerables durante una ‘gota fría’.

Para valorar la trascendencia de la reclamación del sector comercial, basta subrayar que la petición formulada en noviembre del pasado año al Govern viene firmada por la totalidad de sus patronales, con Afedeco, Pimeco y la confederación balear que agrupa al conjunto de organizaciones del sector tradicional (CBC), las organizaciones que representan en las islas a las cadenas de supermercados, Acaib y Asodib, y la asociación nacional de grandes empresas de distribución que representa a las grandes superficies (Anged).

Todas ellas acordaron reclamar plan de actuación tras la catástrofe provocada por la DANA de Valencia, al considerar que para el sector resulta imprescindible «brindar a los comercios de Balears una serie de medidas de seguridad en caso de alerta de inundación para salvaguardar la seguridad de empleados y clientes así como proteger inventarios y propiedades».

A las puertas del problema

El problema es que está petición, formulada al finales del pasado año y que dio pie a diferentes reuniones entre representantes del sector y del Ejecutivo autonómico, no se ha formalizado en ningún tipo de medida, y ello pese a que el periodo con mayor riesgo de fenómenos atmosféricos peligrosos, como la ‘gota fría’, se registra entre los meses de septiembre y noviembre.

El secretario general de Afedeco, Antoni Vilella, y el presidente de la CBC y vicepresidente de Pimeco, Mateo Cunill, destacan tanto el número de trabajadores y clientes como de negocios que este sector agrupa en las islas, y sobre este punto el segundo lamenta que la Administración autonómica haya activado la prealerta del plan Inunbal sin haber convocado a las organizaciones empresariales.

Los dos representantes del sector señalan que tras algunas reuniones iniciales, la elaboración del citado plan de actuación para el comercio en caso de inundación quedó paralizada al llegar la pasada Semana Santa. «Nos pusieron unos deberes diabólicos», lamenta Antoni Vilella, ya que desde el Govern se pidió al sector que elaborara un mapa de los comercios con mayores riesgos de inundación, una información que las patronales no disponen y de la que tienen muchos más datos organismos como la agencia estatal de meteorología (AEMET).

La cuestión es que a mediados de agosto el sector sigue sin tener un protocolo para saber cómo tiene que actuar, y si en determinadas situaciones es mejor aconsejar al cliente y a los trabajadores quedarse dentro del establecimiento o evacuarlos, por citar un ejemplo.

Se señala además que las medidas que se puedan fijar para el comercio podrían ser extensibles a negocios que ocupan también plantas bajas, como los de restauración.

Comunicación con el Govern

Desde las grandes empresas comerciales se defiende también la necesidad de fijar este tipo de medidas, pero en su caso, especialmente de tener una vía de comunicación directa con el Govern que ahora no existe.

Desde las grandes superficies se subraya que disponen ya de protocolos para actuar en caso de inundaciones, pero que la adopción de estas medidas se deja en manos de una persona (normalmente el director del centro asesorado por su personal técnico), asumiendo una responsabilidad que sería mucho más conveniente que contara con el respaldo de algún responsable público, como cuando se decide suspender la actividad escolar ante el riesgo de fenómenos meteorológicos graves.

Se afirma que en estos momentos las patronales del sector no saben a quién dirigirse para determinar los niveles de riesgo ni hay un protocolo fijado para mantener esas comunicaciones abiertas.

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