Entra en vigor la ley que incluye la amnistía urbanística y permitirá construir en suelo rústico sin agotar el urbanizable

El Butlletí Oficial de les Illes Baleares (BOIB) publicó ayer la ley de actuaciones urgentes para desbloquear suelo y reducir plazos en la tramitación de proyectos, que también permite la amnistía urbanística -la Serra de Tramuntana incluida- y la posibilidad de construir en suelo rústico sin agotar el urbanizable en municipios de más de 20.000 habitantes. Para acceder al 50 por ciento de las viviendas en suelo urbanizable y al 100% de las ubicadas en áreas de transición se pedirán 5 años de residencia en Baleares y se dará prioridad a quienes vivan en el municipio.

En el texto legal, el Govern justifica esta ley con varios argumentos. Asegura que el acceso a una vivienda digna y adecuada en islas, especialmente en los municipios con mayor concentración de población, tras la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria, "se caracteriza fundamentalmente por la falta de una oferta suficiente, tanto de vivienda libre como de vivienda protegida, para atender una demanda en constante crecimiento, tanto en régimen de propiedad como en régimen de alquiler". Además, apunta que esta problemática "se ve agravada por el impacto en el mercado del alquiler de las viviendas vacacionales y por la falta de disponibilidad de suelo urbanizado necesario para satisfacer dicha demanda".

"Con este nuevo instrumento se pretende agilizar los trámites para que el suelo sea óptimo para albergar la construcción de viviendas —un porcentaje deberá destinarse a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública—, más allá de los desarrollos tradicionales de suelos urbanizables o urbanos no consolidados con destino residencial", subraya.

En este sentido, el Govern apunta que existe una escasez de disponibilidad de suelo urbanizado "debido a la lentitud en la tramitación necesaria para su transformación" porque tanto la legislación urbanística como las afecciones al urbanismo derivadas de la diversa legislación sectorial (tanto estatal como autonómica) "imponen un número elevado y creciente de informes sectoriales durante la elaboración de los planes urbanísticos".

Por ello, consideran que los procesos urbanísticos son "excesivamente complejos y dilatan los trámites en el tiempo de forma innecesaria". Además, lamentan que el ritmo al que se libera suelo y el de la demanda "están descompasados" porque la brecha entre la necesidad de vivienda y la tasa a la que se puede construir "se ensancha cada vez más".

"Exceso de demanda"

El Ejecutivo de Marga Prohens asegura que el exceso de demanda es el causante del incremento de los precios de la vivienda y detlla que el esfuerzo para comprar una vivienda ha aumentado "debido a la diferencia entre los salarios y los precios de compra, así como por la subida de los tipos de interés". "La alternativa a la compra es el alquiler, pero esta tampoco se convierte en una opción asumible para muchos ciudadanos de las islas debido a los elevados precios que se exigen", añade.

Por ello, consideran que la solución principal al elevado coste de la vivienda reside en edificar nuevas unidades, "de manera que aumente la oferta y, en consecuencia, disminuyan los precios". En este sentido, reiteran que la finalidad de esta norma es "facilitar y hacer posible" el derecho de acceso de todos los ciudadanos a una vivienda "digna, adecuada, accesible y asequible". "Parte de una política de colaboración público-privada en la transformación, sin demoras innecesarias, del suelo urbanizable y urbano delimitado en unidades de actuación necesarias para solucionar la crisis de la vivienda, y conjuga el interés general con el desarrollo sostenible", afirma.

Suscríbete para seguir leyendo